Por presuntas irregularidades en contratación, Procuraduría formuló cargos contra exdirector de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exdirector general de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el Coronel Óscar Alberto Jaramillo Carrillo, por posibles irregularidades en la contratación de un abogado que no cumplía con los requisitos de formación necesarios para representar a esa entidad.

De acuerdo con el Ministerio Público, el investigado habría contratado los servicios de un jurista para ejercer la representación judicial de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares ante los jueces y fiscales de la Nación, pese a que el profesional no contaba con el título de especialista en derecho penal, requisito exigido para desempeñar esa función.

El pliego de cargos también cobijó a la profesional de la Agencia, Edilma Andrea Ayala Bautista, quien, al parecer, al momento de evaluar y verificar las condiciones y requisitos del proponente, habría aplicado de forma indebida las equivalencias entre estudios y experiencia establecidas en la ley, pues compensó la falta del título de especialización por dos años de experiencia profesional.

La Procuraduría calificó provisionalmente las conductas del exdirectivo y la profesional como faltas gravísima y grave a título de culpa gravísima, respectivamente.

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La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ha sido protagonista de un mal negocio inmobiliario que ha dejado una pérdida de más de $570.000 millones de pesos pertenecientes a militares retirados. Se trata de un edificio de oficinas que se construiría en una exclusiva zona del norte de Bogotá, pero que hoy en día se encuentra abandonado y en estado de deterioro.

Lo que en un principio prometía ser un lujoso edificio de oficinas ubicado en una de las zonas más privilegiadas de la capital colombiana, se ha convertido en una construcción inacabada y rodeada de maleza. La entrega de este edificio estaba programada para agosto de 2019, pero hasta el día de hoy no ha sido concluido, dejando una pérdida significativa para la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y los militares retirados que dependen de ella.

La Contraloría General de la República ha revelado que este mal negocio inmobiliario ha ocasionado un daño patrimonial de más de $550.000 millones de pesos. Luis Eduardo Parra, contralor delegado para el sector defensa y seguridad, afirmó que se trata de un perjuicio económico considerable para la entidad.

El error de la falta de garantías y consecuencias para la Caja de Retiro

El principal error cometido por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares fue no exigir garantías como contraprestación en este negocio. La entidad cedió sus derechos de propiedad sobre 14 lotes ubicados en la carrera séptima con calle 100 y, a cambio, esperaba recibir oficinas comerciales y parqueaderos para su administración. Sin embargo, el edificio nunca fue entregado y los militares retirados perdieron tanto las propiedades como el edificio que se les había prometido.

Esta inversión resultó en una pérdida económica significativa y un daño patrimonial que afecta directamente los recursos destinados al pago de asignaciones de retiro de los militares. La suma supera los $577.813 millones de pesos y constituye un hallazgo fiscal que requerirá investigaciones penales y disciplinarias para determinar las responsabilidades correspondientes.

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares emitió un comunicado frente a este hallazgo de la Contraloría. En él, explican que se realizaron contratos de compraventa y de fiducia mercantil de administración inmobiliaria con Aldea Proyectos en el año 2015. Estos contratos estipulaban la transferencia de propiedad de los lotes a favor del fideicomiso América Centro de Negocios y la posterior entrega de oficinas y parqueaderos a la Caja de Retiro.