Por presuntas irregularidades en contrato de acueducto por $28.000 millones, Procuraduría investiga a alcalde de Riohacha

Procuraduría General de la Nación decidió vincular al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, a una investigación que está llevando a cabo por presuntas irregularidades en el trámite y aprobación del proyecto para expandir las redes de alcantarillado en la comuna 10 de Riohacha. Esta obra está siendo financiada con recursos de Regalías por más de $28.000 millones, y es considerada un proyecto importante para el desarrollo de la ciudad.

Junto con Bermúdez Cotes, también han sido vinculados a esta investigación el exalcalde Juan Carlos Suaza Movil (2018-2019), los exsecretarios de Infraestructura, José Cardozo Lozano y Keider Agustín Freyle Sarmiento, así como la interventora de obra, Marleydis Salguedo Almanza. La investigación se centra en los posibles retrasos en la ejecución del proyecto y en la inviabilidad técnica y financiera del mismo.

Según el auto de investigación, Bermúdez Cotes y los demás funcionarios estarían comprometidos en los retrasos de ejecución e inviabilidad técnica y financiera del proyecto. Además, “se ha observado que los retrasos en la obra han sido causados no solo por las diferencias técnicas del proyecto, sino también por la posible omisión de otros funcionarios que han sido servidores del Distrito de Riohacha desde el 15 de julio de 2019 hasta la fecha de expedición del Auto de Investigación, el 31 de octubre de 2022″.

El Departamento Nacional de Planeación solicitó explicaciones al entonces alcalde Suaza Movil en julio de 2019 sobre los motivos del retraso en las obras, pero nunca recibió respuesta. Debido a esto, la entidad decidió suspender los desembolsos de manera preventiva mientras se resolvían todas las dudas con respecto a la continuidad de la obra. Desde entonces, la obra ha estado detenida y no se han tomado las medidas necesarias para su reactivación.

La investigación también ha señalado que la nueva administración no ha cumplido con las medidas correctivas solicitadas por el Departamento Nacional de Planeación para reiniciar el proyecto. Según el expediente, “la entidad ejecutora, es decir, la Alcaldía de Riohacha, no ha cumplido con la gestión necesaria para remover el obstáculo de los predios para la conexión y la consecución de los recursos para adicionar en contrato de interventoría, sin los cuales no es posible reiniciar el contrato de obra”.

Esta situación ha generado gran preocupación entre la comunidad de Riohacha, ya que el proyecto de expansión de las redes de alcantarillado es fundamental para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Comuna 10 de la ciudad. Se espera que la investigación del Ministerio Público permita aclarar las posibles irregularidades y permita la reactivación del proyecto.

Procuraduría había emitido alerta

Sobre el proyecto, el pasado 12 de febrero, la Procuraduría había señalado que persistían las alertas que el órgano de control generó a finales de 2022 y que llevaron a la suspensión inmediata de la licitación con la cual se esperaba adjudicar el contrato de acueducto, alcantarillado y servicio de aseo para Riohacha.

“Insistimos en que la principal preocupación concierne a que las disposiciones del pliego y su anexo técnico no aseguran el cumplimiento de las metas de cobertura, continuidad y calidad de la prestación del servicio de agua y alcantarillado del Distrito de Riohacha”, explicaba un documento emitido por la Procuraduría luego de que, en enero pasado, procuradores delegados sostuvieran una mesa técnica con la administración Distrital y las entidades responsables.

A pesar de que al final de las mesas técnicas el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, anunció el pronto reinicio de las obras, no informó sobre una sanción impuesta a la administración municipal por el Departamento Nacional de Planeación que generó, además de multas, la desaprobación del proyecto y el reintegro al Sistema General de Regalías de $28.039.276.144.00 correspondientes al valor total girado para la financiación del proyecto.

Por lo anterior, uno de los aspectos del proyecto que preocupa a la Procuraduría es que no se dé la expansión de redes de alcantarillado en la comuna 10 de Riohacha, conformada por más de 100 barrios y habitada al menos por 5.000 personas, que “viven actualmente sin alcantarillado y en medio de las aguas negras empozadas”.

Otra situación que prendió las alarmas del organismo de control tiene que ver con que “la administración municipal de Riohacha no incluyó dentro del proyecto a las comunidades wayú ubicadas en zonas urbanas y rurales del municipio”.

“Esta presunta omisión tiene directa relación con los altos índices de mortalidad infantil asociada a la desnutrición que se registraron en el departamento el año pasado y hace parte de las situaciones que el Distrito debió identificar claramente antes de iniciar el proceso licitatorio”, indicó.