Por presuntas irregularidades en contratos por más de $ 4.500 millones, pliego de cargos a exdirectivo de la Uspec

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Willman René Garzón Ramírez, en su condición de director (e) operativo de Infraestructura de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), por posibles irregularidades en ocho contratos de obra que superan los $ 4.500 millones.

Al parecer, Garzón Ramírez no habría ejercido la vigilancia permanente de varios negocios bilaterales en los que fue nombrado supervisor y que tenían por objeto el suministro, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y operación los sistemas residuales en varios centros de reclusión.

En otras palabras, podría haber existido omisión por parte de uno de los hombres más importantes, en su momento, de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.

Se trata de los Establecimientos Penitenciarios de Mediana Seguridad y Carcelarios Acacias y Camis Acacias, San Andrés Islas, La Esperanza (Guaduas, Cundinamarca) La Dorada (Tolima), Puerto Triunfo, Calarcá (Quindío), Magangué (Bolívar), Escuela Penitenciaria Enrique Low Murtra (Funza, Cundinamarca), Leticia (Amazonas), Chiquinquirá, Moniquirá, Santa Rosa de Viterbo y Cómbita (Boyacá).

A juicio del Ministerio Público, “no solamente se han puesto en riesgo los dineros públicos, sino que, además, se habría faltado al interés general que se persigue en la contratación adelantada, pues, se habría dejado al garete lo que pudiera acontecer en el desarrollo de la obra en cuanto a la ejecución y calidad de la misma”.

Advierten sobre presuntas irregularidades en millonario contrato de alimentos de cárceles

El pasado 14 de octubre la Contraloría General de la República (CGR) confirmó que le puso la lupa a las posibles irregularidades y actos de corrupción que se estarían gestando en el contrato de alimentación para la población privada de la libertad en varios centros de reclusión del territorio nacional, a cargo de la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el cual tendría fallas en el proceso licitatorio.

Del mismo modo, la Red de Veedurías advierte sobre una posible colusión entre algunos contratistas, de acuerdo a las irregularidades descritas a continuación:

• Nueve de las 19 ofertas presentadas, equivaliendo al 47% del total de ofertas del proceso en mención, solo se estarían presentando a un solo grupo, “teniendo en la mayoría de los casos capacidad tanto técnica, financiera y experiencia que les posibilitara ofertar más grupos”, indica.
• Del mismo modo, siete de los 17 grupos especificados en los pliegos de condiciones, equivaliendo al 41% del proceso de contratación, no tendrían competencia, afirma. En ese sentido, el valor de los grupos que no tendrían competencia en el proceso de contratación (D) asciende a la suma de $168.516.000.736, equivalentes al 43% del total del presupuesto que la USPEC está dispuesto a contratar.
• Tres de las 19 ofertas, que equivalen al 16% del total del número de ofertas presentadas en el proceso en mención, no presentarían ningún tipo de competencia en los grupos ofertados. Al respecto, la Red de Veedurías advierte que la sumatoria del valor de las ofertas de los contratistas que no tendrían competencia (C) asciende a $126.238.600.879, que equivalen al 32% del total del presupuesto que la USPEC está dispuesto a contratar.

• Tan solo el 37 % de las ofertas, equivalente a siete de los 19 oferentes, habrían presentado con absoluta independencia sus pólizas de cumplimiento, dentro del marco del proceso de contratación USPEC-LP-026-2021.
• “Con alta gravedad se resalta que el 63 % de los oferentes han mantenido en cierta forma alguna relación entre sus comisionistas de seguros, facilitado los canales para conocer sus posturas de oferta por grupo, integración de participantes en la oferta y posiblemente conocimiento de condiciones de oferta de los criterios de evaluación”, añade Bien Común.

A la par de la posible colusión que habría entre algunos contratistas, en palabras de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, hay una serie de “irregularidades en el diseño de los pliegos de condiciones y en los criterios de evaluación que deben cumplir los oferentes interesados”, tales como: