Por presunto incumplimiento de convenio para la construcción de viviendas, Procuraduría abrió investigación al alcalde de Santa Isabel, Tolima

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra el alcalde de Santa Isabel, Tolima, Rodolfo Andrés López Sierra, por un presunto incumplimiento del Convenio 471 de 2016. Este convenio fue suscrito con el Departamento de Prosperidad Social (DPS) para la construcción de viviendas destinadas a beneficiar a 43 familias.

El ente de control inició la actuación disciplinaria después del cierre de una acción preventiva mediante la cual instó al alcalde López Sierra a tomar las medidas necesarias para que el Consorcio Santa Chava 2018 cumpliera con las obligaciones contraídas en el Contrato de Obra 107 de 2018. Este contrato, con un valor de 500 millones de pesos ($593.220.339), se derivó del mencionado convenio y se esperaba que se llevara a cabo la construcción de las viviendas.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué advirtió que, debido a este presunto incumplimiento, el DPS habría decidido no prorrogar el convenio que celebró con el municipio, y que este finalizó el 31 de diciembre de 2021. Además, la DPS señaló que durante la ejecución del proyecto, tanto la supervisión como la interventoría dieron a conocer supuestas irregularidades contractuales en mesas de trabajo y a través de diferentes comunicaciones y requerimientos, pero no recibieron respuesta.

Ante esta situación, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas para verificar la ocurrencia de esta conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

La investigación busca determinar si el alcalde López Sierra ha incumplido sus obligaciones como funcionario público y si ha violado los términos del convenio con el DPS para la construcción de las viviendas destinadas a las familias de Santa Isabel.

Esta situación representa una preocupación para los ciudadanos de Santa Isabel, quienes esperaban beneficiarse del proyecto de construcción de las casas y para quienes el cumplimiento de los términos del convenio es esencial para mejorar sus condiciones de vida. Asimismo, recuerda el organismo, es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, y de la necesidad de asegurar que los funcionarios públicos cumplan con sus obligaciones y responsabilidades en beneficio de la ciudadanía.

Formulan cargos contra alcalde y exalcalde de Piedras, Tolima

Para la Procuraduría General de la Nación, el alcalde de Piedras, Tolima, Julio César Góngora Sánchez (2020-2023) y el exalcalde Pedro Antonio Bocanegra Zabala (2016-2019), “habría incumplido los compromisos adquiridos con las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), ni tampoco se ha tramitado la aprobación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)”.

De acuerdo con el Ministerio Público, lo anterior habría permitido que se realizaran vertimientos de aguas residuales a fuentes hídricas, sin la debida autorización, y con presunta afectación al medio ambiente.

“Resulta injustificada la supuesta falta de atención de la administración municipal, en cabeza de los disciplinables, quienes habrían omitido desplegar acciones tendientes a superar las dificultades surgidas por el vertimiento de las aguas, situación que inició desde el periodo 2016-2019 con Bocanegra Zabala, y hasta el día de hoy no se ha superado”, señaló la Procuraduría frente al caso el pasado 6 de febrero.

Por tal motivo, el órgano de control determinó formular cargos contra Góngora Sánchez y Bocanegra Zabala, quienes, en calidad de sujetos procesales, tendrán la oportunidad de presentar su versión de lo ocurrido, así como de solicitar o apartar pruebas que ellos o sus apoderados consideren pertinentes para su defensa.

“La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué calificó provisionalmente las faltas de los implicados como graves a título de culpa gravísima”, señaló la entidad en un comunicado.

Una vez surtida la etapa de instrucción, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ibagué recibirá el expediente a reparto para dar continuidad con el trámite procesal que le compete.