Por primera vez, jóvenes de la ‘primera línea’ hablan desde las cárceles; sorprendentemente algunos no están de acuerdo con la amnistía y el indulto que se está proponiendo

En una pequeña celda de la cárcel de La Paz, en Itagüí, Antioquia, está Antonio Carmona, capturado presuntamente por ser responsable del delito de concierto para delinquir con fines terroristas. Para algunos, es “el desadaptado y temido alias Antoni” que ayudó a la desestabilización del país durante las protestas del paro nacional. Para otros es Antoni, el músico y líder comunal. Lo cierto es que es una de las 1.644 personas arrestadas durante la protesta social que arrancó el 28 de abril de 2021, recordada como la revuelta más violenta en la historia reciente de Colombia.

Decenas de muertos y heridos, sin contar los daños materiales, fueron el resultado de los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, que se sentían respaldados por jóvenes que se llamaron la primera línea. Para las autoridades allí se camuflaban terroristas que atacaron con bombas molotov las ciudades, financiados por grupos criminales como la guerrilla del ELN.

La mayoría de los miembros de la primera línea quedaron libres a pocas horas de su captura por no tener suficiente material probatorio en su contra. Hoy se cuentan 214 judicializados, de los cuales 39 están siendo procesados en libertad, 32 en prisión domiciliaria, 37 sin establecer, uno deportado y 105 más en cárceles, como es el caso de Antonio. Testimonios aseguran que él lideraba ataques en Medellín y que llegaba con recibos de transacciones por 5.000.000 de pesos para financiar las protestas. Eso es falso, según Antonio, y se podría verificar revisando sus movimientos financieros. Sin embargo, aceptó que lideró las protestas, pero aseguró, basándose en unas grabaciones, que siempre les pedía a los jóvenes alejarse de los disturbios, pues era consciente de que las protestas estaban “infiltradas de delincuentes y vándalos”.

Por eso rechaza la propuesta de indultos para todos los que se hacen llamar de la primera línea. “Una cosa son los miembros de la Asociación Primera Línea, que se preocupaban por los derechos de la sociedad, y otra, los Primera Línea X, que llegaban a vandalizar cargados de odio. Nunca estaré de acuerdo con que los responsables de delitos no paguen por el mal que le hacen a la sociedad”, dijo Antonio. Intentó explicar que para él las amnistías deben tener una aclaración en la que se indique que cada caso será revisado individualmente. “La protesta social no es acabar con el negocio del vecino. El Gobierno no puede permitir darle una amnistía al crimen”, enfatizó, al hablar de una “paz total”.

A diferencia de los otros entrevistados de la primera línea, quienes dijeron ser blanco de “un Gobierno represor” que no quería escuchar al pueblo, Antonio señaló que la captura del pasado 27 de abril lo sorprendió.

SEMANA conversó con detenidos en cárceles de Antioquia, Cali, Bogotáy Neiva. Encontró testimonios que coinciden en que los involucraron en casos en los cuales, según ellos, no tenían nada que ver. “Todo por el afán de dar resultados, en medio del caos que se les salió de las manos a las autoridades”, afirmaron. Organizaciones de derechos humanos están documentando casos en los que, si encontraban a un joven con materiales explosivos, lo capturaban y creaban un caso colectivo. “Sin saber de qué se trataba nos tomaban fotos con los elementos probatorios de otros y luego resulta que todos éramos parte de un mismo combo, sin ni siquiera conocernos”, denunciaron.

José, en la cárcel La Paz, contó que eso fue lo que sucedió. Admitió que pretendía robarse una cadena en un sector exclusivo de Medellín, pero no alcanzó a hacerlo porque alguien lo delató y la policía lo capturó. Ese mismo día hubo disturbios cerca. Meses después lo detuvieron diciendo que era uno de los vándalos que apoyaba el terrorismo y lo involucraron con miembros de la primera línea que él dice no conocer. Ser condenado por terrorismo podría acarrearle unos ocho años de cárcel. Por eso, él también pidió transparencia en su investigación.

En una celda en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, se encuentra Santiago Gómez. Tiene 25 años y dos hijos. Ellos creen que él continúa trabajando en Brasil, país al que viajó luego de la protesta social en busca de un trabajo y huyendo de supuestas persecuciones de agentes infiltrados. Las autoridades de ese país hace cinco meses le informaron de una circular de la Interpol en su contra por presunta participación en hechos terroristas. Lo deportaron.

Aseguró que ha tenido tiempo de reflexionar. En las protestas vivió escenas manchadas de sangre y crueldad, como el día en que uno de los manifestantes resultó herido por un explosivo y lo encontró tratando de caminar con sus intestinos en la mano. Él lo llevó a un centro de salud, sobrevivió luego de varios días en un hospital y contó que los familiares del joven herido no dejaron que nadie de la primera línea se acercara.

Confesó que muchas veces peleó contra la fuerza pública con ira por las desigualdades y los atropellos. Lanzó piedras sin saber a quiénes les cayeron. “Pido perdón a las personas que les causé daño indirectamente. Pero yo nunca cogí un explosivo ni hice nada con la intención de dañar. Reaccionaba para defenderme y evitar ver más heridos”, dijo, con voz entrecortada, al saber que está perdiendo tiempo para ver crecer a sus hijos.

Son pocos los que están en detención domiciliaria. Carolina Cuéllar es una de ellas. Tiene cuatro hijos, es cabeza de hogar con solo 23 años. El juez consideró que podía estar con ellos, pero no trabajar ni salir al parque. Terminó involucrada en la quema de tractocamiones en Neiva.

Ella aseguró que es inocente de esos hechos. Sí salió a protestar, allí se ennovió con alguien a quien las autoridades identifican con el alias del Enfermero. Él viajó a España días antes de que emitieran las órdenes de captura. La relación solo duró tres meses, tiempo suficiente para que los investigadores interceptaran unas llamadas que, según ellos, demuestran su responsabilidad en los hechos vandálicos, pero para Carolina es una tergiversación de las conversaciones.

Ninguno de los entrevistados aceptó haber lanzado artefactos incendiarios, pues saben que eso sería garantizar una condena. Como si se tratara de una especie de pacto, aseguraron que nunca vieron quiénes estaban detrás de las capuchas y que ellos mismos protegían con sus escudos. “Salían muchachos de diferentes lados, los llamábamos Línea Cero, nunca los vimos, pero sabíamos que ellos sí conocían de manejos de explosivos. A nosotros nos daba miedo que una cosa de esas se explotara en nuestras manos. Algunos denunciamos los hechos, pero sin nombres”, dijo Santiago Espinosa desde la cárcel de Puerto Triunfo. Él lideraba el Bloque Revolucionario Popular, conformado por 15 personas, la mayoría trabajadores de la salud.

Los detenidos pidieron acelerar sus investigaciones porque completan hasta cuatro meses con aplazamiento de audiencias. “Eso es porque no tienen pruebas contra nosotros. Yo personalmente reto de nuevo al fiscal Francisco Barbosa a que encuentre una sola evidencia en mi contra por cualquier conducta punible”, aseveró Rolando, quien es conocido como el Profe de Puerto Resistencia, líder de uno de los puntos más álgidos de la protesta en Cali.

“Sindicatos de profesores, centrales obreras y otros nos buscaban para que acompañáramos sus marchas y pocos hoy preguntan cómo estamos, mientras le damos vergüenza a gran parte de la sociedad”, dijo el Cholo, desde su celda. Sin embargo, advirtió que volvería a protestar por un bien común.

Carolina, por su parte, lo pensaría dos veces. Tiene el sinsabor de que varios sacrificaron su vida por una sociedad indiferente. “Mientras a mi mamá le gritan que su hija es una desadaptada social, sus vecinas podrán enviar a los suyos el próximo semestre a estudiar sin tener que pagar un peso de matrícula si es que pasan a una universidad pública”, afirmó, decepcionada.

Todos coincidieron, al igual que Divergente, coordinador nacional de procesos de primera línea, en que la lucha social ya no está en etapa de enfrentamientos, sino de diálogos y, por eso, se sienten respaldados con el interés del Gobierno para buscar la libertad de los que se han hecho llamar “presos políticos”, a pesar de que las capturas se hicieron por hechos relacionados con vandalismo.