Especial: ¿Por qué aparece una misma arma en diferentes homicidios a lo largo del país?

1. Cuando los policías llegaron al billar Escorpión de Segovia, en el departamento de Antioquia, ya no había mucho que hacer para salvar a la víctima de los disparos propinados por dos sicarios que enseguida salieron corriendo del lugar. Eran las 6 de la tarde de un miércoles soleado y el hombre falleció prácticamente al instante.

Lo que sí alcanzaron a observar los patrulleros que acudieron al lugar, fue a dos hombres que salieron corriendo y se encaramaron en una motocicleta de placa alterada, de esas que usan los asesinos a sueldo para escaparse sin dejar rastro.

A pesar de que los agresores giraron en contravía, los policías les dieron caza hasta alcanzarlos y después de inmovilizarlos, pudieron observar la pistola que escondió en su pantalón uno de los sicarios. Se trataba de una CZ de calibre 9 milímetros, una de las marcas más usadas para cometer homicidios en el país.

Además, el hombre tenía manchas de sangre en la ropa y una cadena de color dorada reventada  en la muñeca derecha, como si hubiera sobrevivido a un forcejeo.  

Al comprobar que no tenían permiso para portar el arma y que existían suficientes indicios para vincularlos al posible homicidio, los patrulleros pudieron capturar a los dos sujetos y trasladarlos a las instalaciones de la fiscalía en donde se iniciaron los procedimientos de rutina judicial que los llevaron a prisión.

Pero lo que realmente sorprendió a los oficiales fue que después de realizar el estudio pericial correspondiente pudieron comprobar que el arma usada para el atentado había estado involucrada en 27 homicidios cometidos en el municipio de Segovia entre los años 2011 y 2013, y posiblemente en casos que tuvieron lugar en otros departamentos.

2. En Colombia, el uso de los sistemas de comparación balística para determinar en cuántos delitos ha estado involucrada una misma arma es relativamente reciente. De hecho, existe todavía una controversia en el seno de las fuerzas del orden para decidir si se tiene que emplear el software estadounidense, relativamente caro pero que permite comparar casos de diferentes país; o el nacional, creado por el CTI y por lo tanto mucho más económico de mantener, pero que todavía no trasciende fronteras.

Lo que sí es claro sin embargo, es que el uso de este recurso forense ha sido la base de la nueva estrategia establecida por la policía y la fiscalía para reducir el uso de armas de fuego en territorio nacional y que hasta este momento, se ha revelado ser una apuesta ganadora.

El caso más evidente es quizá el de Barranquilla, en donde se vivió un impresionante aumento de homicidios a principios de este año. Para el 20 de enero de 2017 y en comparación con el año anterior, subió en 167 por ciento la tasa de muertes violentas en la ciudad. La degradación de la seguridad fue tal que el propio presidente Juan Manuel Santos ordenó al director de la Dijín, el general Vargas trasladarse a la capital del Atlántico y no salir de allá hasta que las cosas volvieran a la normalidad.

En su equipaje, el general llevó a investigadores de todo tipo y en particular a miembros de perfilación criminal, encargados de determinar que si se trataba de hechos aislados o si había una sistematicidad en las agresiones que se registraban casi a diario. Lo primero que hicieron los perfiladores fue comparar de forma manual los proyectiles que se habían encontrado en los cuerpos de 651 víctimas y las vainillas recuperada en las zonas de los tiroteos, que se encontraban almacenadas en depósitos bajo custodia.

Esas evidencias que estaban siendo subutilizadas fueron suficientes para descubrir que en su mayoría, los asesinatos se habían dado con un mismo modelo de arma de fuego. Además de que por lo menos en 82 casos existía conexidad, es decir que se habrían podido realizar incluso con la misma arma, lo que permitió inferir que se trataba de una guerra entre grupos delincuenciales y no de hechos aislados.

“Antes, cuando los delincuentes eran capturados con un arma de fuego, eran imputados por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego que es casi excarcelable. Duraban privados de la libertad entre 4 y 8 días y salían campantes. Mientras que ahora, cuando son capturados con un arma, se envía a estudio para ver qué otros crímenes se han cometido con esa arma y el delincuente ya no sólo es procesado por el delito de porte ilegal, sino que responde por todos los delitos que se cometieron con esa arma de fuego”, explica un investigador de perfilación criminal, bajo cubierto de anonimato.

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A partir de ese momento, los delincuentes comenzaron a darse cuenta de que no valía la pena ser imputados por una decena de homicidios solamente por portar un arma y los que fueron capturados comenzaron a colaborar con la justicia para aclarar cuándo la habían adquirido, de qué manera y quién se las había vendido. “El mensaje fue contundente, redujo significativamente los homicidios, pero también los delitos conexos” informó por su parte el general Vargas.

En términos estadísticos, ello se tradujo en una reducción de 151 por ciento en la tasa de homicidios que enfrentó la Policía cuando llegó a Barranquilla e incluso, después de un segundo acompañamiento, de menos 4 por ciento en comparación con lo que sucedía en el año inmediatamente anterior. Por eso fue expandida la estrategia a todo el país, en espera de que se mantengan esos buenos resultados.

3. José Reyes es el hombre de las balas en la dirección de investigación criminal. Vestido de su traje azul, trabaja muchas veces encorvado en el laboratorio en el que coteja los patrones de las armas que le llegan de diferentes homicidios a lo largo del país. Para él. cada bala tiene una identidad propia, un patrón y marcas o detalles que reconoce a simple vista y que coteja con los proyectiles de otros casos gracias al material que fue donado por Estados Unidos en el marco del Plan Colombia.

Aunque el laboratorio funciona con Windows 2000, todavía es funcional y ha sido uno de los centros de la nueva estrategia policiaca. En Montería, por ejemplo, permitió esclarecer que una misma pistola -nuevamente de 9 milímetros- había sido utilizada en 13 homicidios cometidos en diferentes municipios del departamento de Córdoba.

Hasta que se realizó la comparación, los procesos relacionados con esta pistola se encontraban distribuidos entre diferentes despachos y en ocasiones inactivos o archivados. Pero el descubrimiento policiaco resucitó el caso y permitió la captura de Yorni y Harly, dos hombres presuntamente relacionados con el Clan del Golfo que tuvieron el arma de fuego en su posesión.

De hecho, en estos momentos, se está también buscando averiguar si otras muertes violentas acontecidas en  Chocó y en Cali entre 2009 y 2017 pudieron estar relacionadas con el mismo calibre. Allí es cuando interviene la expertise en perfilación, que consiste en estudiar los casos posiblemente relacionados y mirar si existen patrones en la edad de las personas asesinadas, en la forma en que murieron así como en el lugar de los hechos y en las labores que desempeñaban, con el fin de comprender los posibles motivos del agresor.

4. Esa arma, la 9 milímetros es junto con el revólver calibre .38 y la austriaca Glock una de las más usadas tanto en el ámbito de seguridad como en el mundo del hampa. Hasta hace 3 años la Pietro Beretta italiana era el estándar del ejército norteamericano, mientras que la Glock es preciada por las fuerzas especiales por su confiabilidad: “Dispara debajo del agua, con arena, en el barro…” explicó un especialista a SEMANA. La cantidad de armas sueltas en el país es uno de los problemas que más ha afectado la seguridad de la ciudadanía y ha dificultado las labores de la fuerza pública. Además del arsenal que puso a disposición de la delincuencia común el prolongado conflicto armado, Colombia es un país particularmente apetecido por los traficantes de armas por las múltiples fronteras de las que dispone y el acceso a dos océanos que la convierten en una plataforma ideal para contrabandear productos a varios continentes.

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Los frentes favoritos para el tránsito de armas son la ruta de Ecuador que llega a Pasto y luego sigue a Nariño y Tumaco, así como la triple frontera amazónica en donde los delincuentes usan a los ríos brasileños para transitar todo tipo de armamento, de acuerdo con lo que aclaró una de las intendentes encargadas de investigar el tráfico de armas. Desde 2007, han ocurrido pocas grandes incautaciones y sobre todo se estima que ingresan a través de “tráfico hormiga” los fusiles y pistolas que ingresan, salvo en contados casos como la vez en que Maduro expulsó a muchos colombianos del país y se volvieron ilícitos los permisos de porte de arma de los que disponían en territorio venezolano.

Esas armas, cuando se quedan en el país son luego almacenadas generalmente en depósitos de autopartes, de material electrónico, en tiendas de caza deportiva o en caletas escondidas en las mismas armerías que venden material legal. Pero lo más complicado en este momento son los artefactos hechizos, prácticamente imposibles de rastrear y la capacidad que han desarrollado algunos productores locales para sacar moldes y reproducir partes de fusiles de cualquier lado del mundo con el que pueden completar armas originales defectuosas. La maestría de los colombianos en ese punto ha llegado a tal grado que hace unos meses tuvieron que venir unos expertos de la marca Colt desde Estados Unidos para averiguar si las piezas que se les presentaron eran de fábrica o habían sido hechas artesanalmente, como resultó finalmente.

Pero sobre todo, las armas y los sicarios se desplazan por diferentes departamentos a medida que van siendo identificados por las autoridades. En particular el Clan del Golfo, que opera en las zonas del Urabá antioqueño, Córdoba, Valle del cauca, Cauca y Nariño entre otros ha empleado esta técnica de trasladar de zona a sus sicarios cuando estos se “queman”, lo que explica que las armas puedan ser usadas en homicidios en diferentes partes del país. A diferencia de la guerrilla en la que existían armas de dotación para los combatientes, las organizaciones criminales suelen comprar 5 o 6 pistolas que se rotan al interior de la estructura entre los diferentes delincuentes.

Aunque esta no es la única explicación. También se ha hecho cada vez más frecuente el desmantelamiento de “oficinas de alquiler de armas” en las que se presta el servicio de sicariato, pero también la renta de fusiles, revólveres o pistolas, de acuerdo con las necesidades del consumidor que puede encontrarse en diferentes partes de una misma región. En un allanamiento reciente en Antioquia, las autoridades encontraron una casa en las que se tenían 7 pistolas muy bien conservadas, en buen estado y que el tendero alquilaba para cometer robos u homicidios. En caso de asesinato cobraba 10 por ciento del valor de trabajo y 5 por ciento para fleteos.

Además de que los precios han disminuido recientemente y fusiles  de tipo M 16 pueden costar tan sólo 16 millones de pesos o Galiles, 12 millones, mientras que el servicio de renta puede valer 2 a 3 millones de pesos. Con todo y la inclusión de balas “matapolicías” que perforan un casco a 200 metros de distancia.

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Sin contar las armas que se trasladan entre diferentes grupos armados. En 2006, por ejemplo, cerca de 200 pistolas provenientes de Croacia fueron robadas en Venezuela y terminaron en manos tanto de paramilitares como de guerrilleros. Mientras que del famoso cargamento de fusiles chinos CQ atribuídos al “señor de la guerra” que ingresó a Colombia y que era supuestamente destinado a Los Puntilleros, aterrizaron por los menos 2 fusiles en el campamento del Mono Jojoy. Una lógica que permanece hoy entre los grupos ilegales que se siguen intercambiando armamento independientemente de sus afiliaciones respectivas.

Por eso también es que se hizo necesario implementar una nueva estrategia de magnitud nacional para combatir el fenómeno de forma global con cifras alentadoras a la fecha de hoy.

4. Entre los casos más recientes está el de una pistola presuntamente involucrado en diversos homicidios cometidos en la ciudad de Cúcuta y sus alrededores, en Tibú y en Ocaña.

Según se sabe, van cerca de 25 asesinatos registrados con las características de una arma todavía poca conocida en el país. Una .40, poco frecuente y muy letal, para la que casi no se consiguen municiones o a muy alto precio. Legalmente, Indumil vende la caja de 50 cartuchos  -más gruesos de lo normal- en 250 mil pesos, lo que vuelve muy costoso emplear ese tipo de arsenal cuyo precio aumenta todavía en el mercado negro.

Así que en la región se ha emprendido una gigantesca cacería para encontrar al dueño del calibre y poder aclarar las muertes relacionadas con su uso así como la manera en que ingresó a Colombia, gracias a la nueva estrategia de imputación llevada en conjunto por la fiscalía y la fiscalía.

Mientras que la reciente inclusión de Colombia al organismo conocido como SICAM abre las puertas para que pronto se pueda combatir de manera aún más global el tráfico de armas que navegan por el continente, ahora que ya se puede identificar por qué una misma arma aparece relacionada con diferentes homicidios a lo largo del país.