¿Por qué el Congreso le sigue pagando a Santrich?

Jesús Santrich casi se vuela del Congreso con las manos llenas. A pesar de su corta instancia, 19 días que duró su paso por el Capitolio, logró juntar en dos meses el suelto que se ganan 44 personas que reciben un salario mínimo en Colombia. Aunque el cheque fue girado a nombre del exguerrillero de las Farc, está engavetado porque no lo ha reclamado personalmente ni le ha dado el poder a alguien para que lo haga. 

Que el dinero sea destinado a la reparación de las víctimas del conflicto armado, han solicitado las voces más críticas. Hasta ahora el monto asciende a los 37 millones de pesos y muy seguramente mientras se resuelve su situación jurídica, aumentará. Más si se tiene en cuenta que el 27 de julio el presidente Duque firmó el decreto 1265 que establece un reajuste salarial tanto para los representantes a la Cámara como los Senadores del 4.5 por ciento. 

Santrich, en teoría, es uno de los beneficiados, pero en la práctica no. Ahora, ¿qué debe hacer el Estado para dejar de emitir cheques a su nombre mientras la autoridades ofrecen una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos para quien entregue información que ayude a dar con su paradero?

De acuerdo con analistas consultados por SEMANA, hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, a pesar que los hechos que comprometen al excombatiente de las Farc, que desapareció del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Tierragrada, a Santrich el Estado le sigue respetando el debido proceso. 

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Las mismas garantías por las que él alegó, se comprometió a respetar y una vez tuvo la oportunidad violó se le siguen garantizando. Así pues, la evidente fuga no es razón suficiente para decidir arbitrariamente frente a los procesos que lo comprometen. En ese sentido, a pesar que la junta directiva de la Cámara de Representantes aplicó la figura de la silla vacía y hoy nadie ocupa su curul, aún falta recorrer un largo camino para que pierda la investidura o por lo menos se dejen de emitir cheques a su nombre. 

Apenas el 16 de julio, es decir, hace 15 días, comenzó el trámite: en ese momento, el expresidente de la Cámara, Alejandro Chacón, le solicitó a la Corte Suprema de Justicia copia de los procesos que se adelantan en contra de Santrich para establecer si aplica la medida establecida en el artículo 134 de la Constitución Política. Esta petición en parte derivó del pronunciamiento que emitió la Procuraduría tan pronto se confirmó que el exguerrillero dejó a la justicia colgada de la brocha: "declarar silla vacía".

“Esta es una figura constitucional consistente en una prohibición de naturaleza sancionatoria que imposibilita el reemplazo definitivo de miembros de corporaciones públicas contra quienes se profiera sentencia condenatoria, o el reemplazo temporal en caso de emitirse orden de captura en su contra, dentro de procesos que se adelanten por delitos relacionados con actividades de narcotráfico”, manifestó el procurador Fernando Carrillo en el oficio.

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Eso precisamente fue lo que paso con el exguerrillero. No solo la Corte Suprema de Justicia adelanta una investigación por narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz sino que el mismo día que se supo que no llegaría a la indagatoria la Sala de Instrucción emitió una orden de captura. Para los magistrados, la realidad procesal con la ausencia de Santrich se modificó sustancialmente, por cuenta de que Seuxis Paucias Hernandez Solarte, su nombre de pila, no solo se abstuvo de concurrir a la diligencia, sino que además lo hizo sin justificación alguna, y según lo indicado por sus defensores, sin que se conozca su actual paradero. 

Aunque la medida permitió aplicar de inmediato la figura de la silla vacía, la situación jurídica del exguerrillero a despertado un debate jurídico candente. De un lado están quienes creen que la curul queda en suspenso entre otras porque esta no fue producto de una elección ordinaria, en las urnas, sino de la firma de un acuerdo de paz que garantizó de forma transitoria cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara al partido político Farc una vez dejadas las armas. Por el otro, quienes creen que se debe surtir el mismo proceso por el que pasa cualquier miembro de otro partido envuelto en hechos como estos. 

Ahora bien, la declaratoria de la silla vacía no ha sido suficiente para que el Congreso no deje de emitir los cheques a su nombre. Esto en parte se debe a que Santrich asistió a todas las sesiones desde su posesión hasta el 20 de junio que empezó la vacancia judicial. Así las cuentas, el exguerrillero tendría que faltar a seis sesiones en las que se voten leyes o actos legislativos para que la junta de la Cámara pueda tramitar ante el Consejo de Estado la pérdida de la investidura. A la fecha, ha faltado a cuatro y apenas la próxima semana cumpliría el tope. 

Esa parece ser la vía más corta para evitar que el cheque del próximo 25 de agosto se vuelve a emitir a su nombre. ¿La razón?, otra vía sería que el Congreso alegue que no le pagará porque no está trabajando. Tal como ocurre cuando algún servidor público suspende su labor sin justificación alguna. Ese camino, sin embargo, puede llegar a ser mucho más largo y culebrero. Más cuando las directivas de la Cámara de Representantes están a menos de ocho días de presentar la denuncia en el Consejo de Estado. 

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La otra vía es que la Corte Suprema expida sentencia condenatoria contra el exmiembro del partido de la Farc o, en su defecto, suspenda su curul. Eso, sin embargo, no ha pasado. En manos de la Procuraduría podría estar abrir una investigación disciplinaria que derive en una sanción o una suspensión. El problema es que a través de esto no se conseguirá que el dinero se le siga girando. 

Es claro, que el exguerrillero no tiene forma de reclamar el pago que tiene las funciones como parlamentario, que nunca asumió. No solo porque es improbable el escenario en el que aparezca sino también porque no tiene una cuenta bancaria legalmente constituida donde el dinero se pueda consignar. De alguna forma, la discusión de los últimos días se reduce a la provocación que muchos sienten con la emisión de cheques a su nombre por un trámite administrativo que no se ha suspendido y el miedo de que a través de un poder el dinero del Estado termine en sus manos. 

A la fecha, el cheque conocido este 30 de julio, el mismo día que la Jurisdicción Especial de Paz informó que abrirá un incidente de verificación de cumplimiento en su contra, no es el primero ni sería el último. El cuatro de julio, días antes de que incumpliera su cita, Santrich recibió como congresista su primer salario. En esa ocasión, se emitieron 14.773.263 pesos. Un mes después de que se posesionó, se dio el segundo pago por 23.953.584 millones de pesos. 

"El tema tiene que ver con acciones judiciales que se derivan de directrices o de toma de decisiones correspondientes a la Corte Suprema de Justicia, por tanto, la dirección administrativa de la Cámara se tiene que editar a dichas actuaciones y no tomar decisiones a mutuo propio", le dijo a Blu radio; Carolina Carrillo, directora administrativa de la Cámara. 

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Frente a la posibilidad de que los 37 millones de pesos sean destinados para reparar a las víctimas, no hay nada claro. De palabra se trata de un acto con toda la validez del caso, el problema, sin embargo, es que el traspaso de los fondos no se puede dar así no más y lo que muchos se preguntan es qué tan válido sería dar la pelea por una cifra que a todas luces resulta insignificante para reparar el daño que el exguerrillero causó. Bajo ese escenario, todo apunta a que si la justicia no toma pronto una decisión, el cheque se seguirá girando y una vez venzan los seis meses de validez la plata podrá retornar a las arcas del Estado.