Álvaro García, el senador que trazó la línea de los terceros en la JEP

Una conversación telefónica entre un senador y un hacendado, que dura poco más de dos minutos, fue la pieza clave para confirmar la participación del exsenador Álvaro García en la masacre de 12 campesinos que fueron asesinados con garrote por paramilitares como una retaliación por el actuar violento de la guerrilla. El terror que impuso el grupo armado dejó el corregimiento de Macayepo, jurisdicción del Carmen de Bolívar, prácticamente desocupado en octubre de 2000. 

"Nule quiere es meter la tropa a la finca y esa no es la idea. La idea es meter la tropa en la parte de atrás que es por donde se sacan el ganado, que es por El Aguacate por el lado de Pajonalito, por esos sectores… ¿Me entiendes? Yo considero que esa decisión es una decisión que no es fácil tomarla hoy pero es fácil tomarla en diez días"…

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La grabación obtenida por SEMANA en aquella época fue efectuada diez días antes de la masacre. En ella conversan el senador Alvaro José García Romero y otra persona. Según confirmó el mismo exsenador, en efecto, se trata de una charla que sostuvo con un hombre llamado Joaquín García, de quien dijo en el 2002 “es una persona decente y de tradición en la región y, si bien tuvo un proceso por paramilitarismo, quedó exonerado”.

Sin embargo, la conversación contiene una serie de coincidencias que la relacionan con la masacre. En ella, Joaquín García, un conocido hacendado con fincas en la zona de Tolú Viejo, Sucre, dialoga con Álvaro García Romero sobre la necesidad de conseguir el apoyo del actual gobernador de Sucre (perteneciente al movimiento político de García) para mover tropas en unas fincas alrededor de las zonas de El Aguacate y Pajonalito, localidades vecinas de Macayepo, debido a una grave situación que no especifican de qué se trata.

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Según explicó García Romero a SEMANA hace 17 años, el hacendado le pidió ayuda para recuperar su ganado robado. “Los ganaderos ya están cansados de darle plata a la guerrilla e incluso tres meses antes de Macayepo los subversivos dinamitaron fincas de la zona”, dijo. Con el tiempo se comprobó que justamente por ese corregimiento de El Aguacate fue por donde ingresaron los paramilitares que cometieron la matanza en Macayepo. Además en la grabación, efectuada el 6 de octubre de 2000, el senador afirma que “…yo considero que esa decisión es una decisión que no es fácil tomarla hoy pero es fácil tomarla en diez días…”. Y diez días después, el 16 de octubre de 2000, ocurrió la matanza.

Otra casualidad que despertó sospechas de las autoridades que investigaron es el hecho de que los dos interlocutores comenten acerca de un “man verde” que resulta incómodo y que sería bueno cambiarlo por uno que “no joda” y se “haga el loco”. Y precisamente el comandante de Policía del departamento, coronel Rodolfo Palomino, que había hecho operativos exitosos contra los paramilitares, fue trasladado de su cargo cinco semanas después de la conversación, el 16 de noviembre de 2000. 

¿Por qué García no cabe en la JEP?

Once meses se cumplen desde que la Jurisdicción Especial de Paz recibió el expediente del exsenador García Romero. A pesar que todavía el alto tribunal no ha definido si el senador condenado a la pena más alta dentro del escándalo de la parapolítica puede llevar su proceso a los estrados de la justicia transicional, este lunes la Procuraduría le pidió a los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que rechacen su solicitud. 

En su concepto, el Ministerio Público señala que las conductas por las que fue condenado García fueron cometidas en su calidad de fundador y miembro del Bloque Héroes de Montes de María, de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En ese sentido, "este no es un caso de un político que tuvo nexos con grupos armados paramilitares, sino el de un paramilitar que incursionó en la política".

Para el órgano de control la condición de excongresista no es un requisito absoluto para permitir su ingreso, e indicó que su participación en la masacre ocurrió mientras era miembro activo de las AUC y no como un tercero civil. Pero eso no es todo, desde que empezó su proceso judicial "el compromiso con la verdad ha sido muy pobre, ya que no anuncia hechos nuevos ni promete aportar verdad sobre circunstancias que no han sido conocidas por la justicia ordinaria", dice la Procuraduría.

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Si bien García firmó un acta de compromiso, de sometimiento y que otra de las investigaciones que se derivó del caso de Macayepo ya fue remitida a la JEP, lo cierto es que para quienes quieran una revisión de sus sentencias y hayan sido condenados en el marco del conflicto por esta instancia, la corte será ‘su JEP‘. Así quedó establecido que los acuerdos de paz de las Farc y los únicos excluidos serán excombatientes, ya sea miembros de la fuerza pública o integrantes de las Farc.

En este sentido para la revisión a fondo de las sentencias, los solicitantes deben cumplir con alguna de las tres causales: variación de la calificación jurídica, aparición de nuevos hechos que no pudieron ser tenidos en cuenta y el surgimiento de pruebas no conocidas al tiempo de la condena. Ahora, si lo que se busca es acceder a las sanciones propias de la justicia transicional, que establecen un máximo de ocho años de restricción de la libertad, la corte asegura que esta condición también tiene sus requisitos.

Serán sus magistrados los llamados a establecer qué tanta contribución hicieron los sentenciados a la verdad plena a través de un relato exhaustivo y detallado de la ilicitud en que haya incurrido y las circunstancias de su ocurrencia, al igual que de las informaciones necesarias y suficientes que permitan atribuir responsabilidades y garantizar derechos de las víctimas. Todo esto sobre una base: el compromiso concreto. Eso, hasta ahora, no ha ocurrido. 

Disputa territorial en Montes de María

Macayepo no fue una masacre aislada. Por el contrario, hizo parte de una violenta cadena de matanzas emprendida por los paramilitares de la región en un intento por obtener el control de los Montes de María. Los corregimientos localizados en esa región, entre ellos Macayepo, están localizados en un corredor estratégico que da un fácil acceso desde el sur de Bolívar hacia todos los departamentos de la costa Atlántica.

En la zona había presencia de cerca de 300 guerrilleros de los frentes 35 y 37 de las Farc bajo el mando de Martín Caballero, quienes desde 1998 libraron una guerra territorial contra un grupo de 80 paramilitares del bloque norte de las AUC, al mando de Rodrigo Antonio Mercado Pelufo (alias Cadena o Pelufo). Este grupo de paramilitares es señalado por las autoridades de ser el mismo que entre febrero de 2000 y enero de 2001 realizó cinco grandes masacres en la zona de Montes de María, las cuales dejaron un trágico saldo de más de 100 muertos y 4.000 desplazados como ocurrió con las comunidades de El Salado y la de Chengue.