¿Por qué, en su momento, tuvo sentido la indemnización que buscaba la familia de Gómez Hurtado?

En los últimos días se desató una avalancha de acusaciones en contra de los familiares de Álvaro Gómez Hurtado. A solo semanas de que se cumplieran 25 años de la muerte del líder conservador, las Farc admitieron estar detrás de su asesinato y rompieron así con décadas de falsas teorías y presuntos responsables.

Su confesión también dio pie para que el expresidente Ernesto Samper y el exministro Horacio Serpa, quienes fueron señalados como los autores intelectuales del homicidio por ciertos sectores del espectro político, reafirmaran que no tenían relación alguna con los hechos de aquel 2 de noviembre de 1995. Fue entonces el momento para que, luego de recibir múltiples quejas y acusaciones, los dos dirigentes liberales lanzaran una especie de contrataque hacia sus detractores y reivindicaran su inocencia.

Y sus palabras estuvieron casi siempre dirigidas en la misma dirección: la familia de Gómez Hurtado. En una primera instancia, Samper aseguró que perseguían “la plata de una indemnización” y Serpa los tildó de ser “de enana condición”. Ambos recibieron con disgusto que los Gómez pusieron en duda la veracidad de la confesión de la extinta guerrilla e insistieran en la responsabilidad del Gobierno de la época.

Pero el asunto no quedó solamente en eso. Posteriormente, se trajo a colación una petición que los hermanos e hijos de Gómez Hurtado elevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que admitiera el caso del homicidio del excandidato presidencial y lo llevara a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Una de sus pretensiones era que el tribunal internacional condenara al Estado colombiano a que los indemnizara por perjuicios materiales y morales en razón a que no logró esclarecer el crimen ni encontrar a sus autores.

Esto llevó a que se le reprochara a la familia Gómez por buscar una indemnización a expensas del patrimonio público a pesar de que las mismas Farc ya se habían atribuido los hechos. Sin embargo, la petición a la CIDH había sido presentada en 2014, cuando nadie creía que la guerrilla hubiera cometido el asesinato y cerca de que se cumplieran 19 años de impunidad. Además de la reparación económica, los Gómez también solicitaban que se declarara el crimen de lesa humanidad para que no prescribiera y pudiera seguir siendo objeto de investigación. En ese momento, se habían agotado todas las instancias ante la justicia colombiana.

La situación ahora ciertamente es diferente. Existe una confesión y la responsabilidad del delito será llevada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este tribunal, que comenzó a operar después de la firma del acuerdo en 2016, representa una nueva instancia jurisdiccional que antes no existía. Adicionalmente, en 2017, la muerte de Gómez Hurtado fue declarada como crimen de lesa humanidad por la Fiscalía General de la Nación bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez.

Bajo este panorama es que el pasado jueves la familia Gómez anunció que desistirá de su petición ante la CIDH. A través de un comunicado, advirtió que la obtención de una indemnización “no ha sido nunca el propósito” de sus actuaciones en los estrados judiciales. Aprovecharon también para calificar las palabras de Samper y Serpa como una “revictimización que lesiona la memoria de Álvaro Gómez y ultraja a quienes llevamos 25 años luchando para que su crimen no quede en la impunidad”.

La noticia, aún así, no cayó bien al expresidente Samper. En un trino asevero que los familiares de quien fuera su principal opositor buscaban “una jugosa indemnización” y que habían renunciado a ella “por la presión de la opinión pública”.

En su publicación, en todo caso, hay dos imprecisiones. Primero, debido a que la petición de los Gómez no había llegado todavía a la Corte IDH, no se sabía cuánto dinero iban a reclamar. Es decir, asegurar que los accionantes estaban detrás de “una jugosa indemnización” es solo un supuesto. Segundo, la confesión de las Farc acabó con las posibilidades de éxito de la petición en la justicia internacional, por lo que era cuestión de tiempo para que fuera retirada ya que se dirigía hacia un inadmisión casi que segura.

Sobra decir que este episodio no cerrará el enfrentamiento entre los herederos de Gómez Hurtado y Ernesto Samper. Falta que el tema sea conocido por la JEP. Allí seguro habrá más encontronazos.