Nación

¿Por qué habrá choque de trenes entre Fiscalía y Justicia Penal Militar?

Expertos penalistas aseguran que fue un error del fiscal enviar una carta al ministro de Defensa para pedir información de la Justicia Penal Militar.

3 de junio de 2021
| Foto: Fotomontaje / SEMANA

Desde la firma del decreto que anticipó la modernización de la Justicia Penal Militar, el Ministerio de Defensa quedó excluido de esa jurisdicción y se convirtió en una institución independiente, con autonomía presupuestal. El fiscal se equivocó, según el abogado Andrés Garzón, en la forma de acudir a esa información que está en cabeza de los jueces de instrucción.

“En el fondo, el fiscal Francisco Barbosa tiene razón, pero no es la forma porque le está mandando una carta a quien no tiene que entregarle la información. Quien se la va a entregar es la dirección de la Justicia Penal Militar, no el ministro, esto después del Decreto 302 de 2021 que creó la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar”, dijo el abogado Garzón.

Para el profesor Francisco Bernate, el fiscal no se equivoca solo en la forma, sino en el contenido y la intención de su solicitud. No puede el jefe del ente acusador pedir información que forma parte de la reserva de los jueces de instrucción, que también gozan de independencia judicial y no responden a órdenes de la Fiscalía.

“Cualquier persona medianamente informada sabe que hubo un acto donde el presidente de la República posesionó al exfiscal Fabio Espitia, que entre otras cosas le entregó el cargo al actual fiscal. Así que enviarle una carta al Ministerio de Defensa tiene los mismos efectos que enviársela a la alcaldía de Facatativá”, señaló el profesor Bernate.

Los dos expertos penalistas explican que va a ser muy difícil para el ministro de Defensa responder una solicitud que no depende de esa cartera y lo más seguro es que lo notificará al fiscal. Incluso cuando la petición llegue a la dirección ejecutiva de la Justicia Penal Militar tampoco la podrán resolver, puesto que la información está en cabeza de los jueces de instrucción y estos tampoco responden a ese tipo de solicitudes.

“Los jueces de instrucción penal militar dependen de la dirección de esa jurisdicción y tienen autonomía para realizar las investigaciones que consideran que son parte de su fuero y es evidente que hay un desatino en la forma de pedirlo. En el fondo tiene razón, debe ser la justicia ordinaria la que debe empezar la investigación porque esa es la regla general”, dijo el abogado Garzón.

Para Bernate es una salida en falso del fiscal pretender que el ministro de Defensa le responda una solicitud que solo tendría solución en la propia Justicia Penal Militar y la recién creada dirección ejecutiva asegura que lo mejor que puede hacer el jefe del ente acusador es retirarla y hacerla por los canales correspondientes.

“Creo que es un desafío a la institucionalidad, es un desafío a la independencia judicial. No creo que nuestro fiscal general de la Nación no sepa que la Justicia Penal Militar dejó de depender del Ministerio de Defensa”, explicó Francisco Bernate.

Expertos aseguran que cada caso debe manejarse de manera particular y no todos en un solo oficio, es decir, que los fiscales que crean conveniente interponer un conflicto de jurisdicciones lo podrían hacer en las investigaciones que se adelantan en sus despachos y de igual manera lo podrían hacer los jueces de instrucción.

“Claramente se genera un cortocircuito ahora que esto termine de deteriorar o no la imagen de la Justicia Penal Militar, pues lo que veo es una salida de la Fiscalía señalando básicamente que la jurisdicción castrense es inoperante, que hay una situación en la que ella considera debe asumir esos casos”, enfatizaron los expertos.

Al final esta discusión, que se entiende ya como un choque de trenes entre la Fiscalía y la Justicia Penal Militar, terminará, de acuerdo con los expertos, por perjudicar la credibilidad de los ciudadanos en la propia justicia, pues en lugar de estar trabajando de manera armónica están en discusiones de forma, incluso innecesarias, en la actual situación que vive el país.