¿Por qué investigan al gobernador del Quindío?

La interinidad administrativa que ya padeció Armenia por cuenta de escándalos de presunta corrupción y que tienen tras las rejas al alcalde, una exalcaldesa y a una docena de funcionarios y contratistas, podría salpicar al departamento.

Esa es la conclusión a la que llegan varios dirigentes de esa región del país, luego de conocerse que la Procuraduría llamó a juicio disciplinario al gobernador Carlos Eduardo Osorio Buriticá y a tres de sus funcionarios, por presuntas irregularidades en la contratación.

Según explicó el ente de control a través de un comunicado, los hallazgos que motivaron la investigación disciplinaria están relacionados con un contrato para la implementación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES) y la Línea de Emergencia 123, cuyo valor asciende a 2.360 millones de pesos.

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“Al parecer en la adjudicación presuntamente se evadió el proceso de licitación pública y se habría otorgado, mediante la modalidad de contratación directa, a una empresa que aparentemente no contaba con la capacidad técnica ni operativa para ejecutarlo, en este caso a la ESU”, explicó la Procuraduría.

Desde esa entidad precisaron que los otros funcionarios llamados a responder por ese contrato, son el secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos; la directora de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación Ciudadana del departamento, Juliana Hernández Henao; y el gerente y representante legal de la Empresa para la Seguridad Urbana (ESU), David Viera Mejía.

El Ministerio Público señaló que, “ante la aparente imposibilidad de realizar los trabajos contratados, ESU subcontrató a un tercero, con lo que terminó cumpliendo un papel de intermediario, lo que habría incrementado en un diez por ciento los costos de ejecución”.

Lo que no menciona la Procuraduría en su investigación es que esta supuesta irregularidad se conectaría con el escándalo de presunta corrupción que tiene en prisión al alcalde Carlos Mario Álvarez, la exalcaldesa Luz Piedad Valencia Franco, y su esposo Francisco Valencia Salazar, considerado el ´garganta profunda´ de esa investigación judicial. Ese proceso busca demostrar que ellos se habrían apropiado de por lo menos 22.000 millones de pesos en coimas de los contratos de las polémicas obras por valorización que se debían ejecutar en Armenia.

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Y justamente entre los contratos que llamaron la atención en su momento porque pese a que se trianguló con un tercero, finalmente sería ejecutado por una de las empresas del contratista salpicado en las coimas por las obras de valorización.

Esa conexión aparentemente fraudulenta fue denunciada en su momento por el excandidato a la Cámara y actual aspirante a la alcaldía de Armenia, Jaime Alberto Martínez, del Partido Verde. Fue él quien puso el dedo en la llaga al solicitarle a la Procuraduría investigar al gobernador “por su presunta participación en el carrusel de la contratación del Quindío”.

Su prueba reina y que aportó al expediente disciplinario, es que en 2017 la gobernación firmó el famoso convenio por 2.361 millones pesos con la Empresa de Seguridad Urbana (ESU) de Medellín para la instalación de las Líneas 123 y del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad en cinco municipios quindianos.

Pero resulta que un mes después de firmado el convenio, la ESU subcontrató a la empresa Furel S.A. para ejecutarlo, y cuyo representante legal y dueño es Hernán Moreno Pérez, el mismo contratista del escándalo por las obras de valorización de Amenia y que habría girado los 22.000 millones de pesos en coimas a los esposos Valencia. Lo que se cree, es que con este nuevo contrato, el gobernador les habría pagado parte del respaldo político y económico que recibió para ganar las elecciones. “Yo desconocía que el subcontratista fuera Moreno Pérez y su empresa Furel”, explicó en su momenrto a esta revista el gobernador Osorio Buriticá.

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Pese a ello la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al gobernador de Quindío y por esos hechos el Ministerio Público calificó la presunta conducta de Osorio Buriticá como una falta gravísima a título de culpa grave. La audiencia pública será el próximo 3 de septiembre a las 9 a.m.