Mancuso en Italia: ¿la CPI podrá devolverlo?

Sucedió lo que muchos temían. Salvatore Mancuso Gómez, antiguo jefe del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), será deportado a Italia y no regresará a Colombia a responder ante la justicia por sus crímenes. Un juez norteamericano dio vía libre para que el exparamilitar viaje el país europeo después de haber pagado su condena por narcotráfico en Estados Unidos. La decisión se da tan solo días después de que el Gobierno colombiano realizara una cuarta solicitud de extradición, subsanando así las tres previas que habían fracasado por groseros errores de fondo y forma.

La decisión, que tiene plazo de ejecutarse hasta el próximo 4 de septiembre, cae como un baldado de agua fría para las víctimas que confiaban en que Mancuso Gómez no evadiera las acusaciones que en su contra aún pesan. Él, en sus declaraciones ante Justicia y Paz, había afirmado en reiteradas ocasiones que deseaba contar todo lo que sabía sobre su participación y la de sus subalternos en el conflicto armado, pero paralelamente tramitó su solicitud de deportación a Italia, nación de donde tiene ciudadanía gracias a su padre.

Es inevitable que quede la duda en el aire sobre qué pasará con la responsabilidad penal de Mancuso Gómez.

Adelantándose a los acontecimientos —ya varias voces habían pronosticado que lo más probable es que la deportación tuviera lugar y no la extradición a Colombia—, el presidente Iván Duque aseguró el 20 de agosto que, en caso de que el líder de las Autodefensas viajara a Italia, se acudiría ante "la jurisdicción universal" en búsqueda de justicia.

Semanas atrás, en entrevista con SEMANA, también sugirió lo mismo. "Más se demora él en pisar suelo italiano, que en yo presentarle a la Corte Penal Internacional (CPI) directamente una solicitud para que sea procesado por esos crímenes”, aseveró ante las cámaras.

Vea: “Mancuso debe venir a Colombia a responder por sus crímenes”: Iván Duque

Pero lo prometido por el mandatario es imposible de concretar. SEMANA conversó con Enrique Prieto-Ríos, profesor de derecho internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, quien explicó que el estatuto de la CPI, a la luz de las circunstancias que rodean la situación de Mancuso Gómez, impide que el caso sea conocido por sus jueces.

"La CPI juzga individuos por cometer crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Por lo tanto, tendría en principio una competencia subsidiaria respecto de los tribunales nacionales. En este sentido, es importante tener en cuenta que Mancuso ya ha sido condenado y en la actualidad está siendo investigado por otros crímenes por parte de autoridades colombianas", añadió.

Curiosamente, el presidente no fue el único miembro del Gobierno que propuso una alternativa jurídica irrealizable. El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos Arévalo, quien además suena como posible nuevo ministro de Justicia, cometió el error de plantear que las víctimas de Mancuso Gómez se presentaran ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sus respectivas acusaciones.

"Queremos recordar que ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cualquier ciudadano, cualquier víctima que se sienta afectada por los delitos cometidos por Salvatore Mancuso, puede recurrir ante ese tribunal, quien tendrá que presentar el caso ante uno de los miembros de la Comisión Europea, que es el Gobierno de Italia, para que en ese aspecto pueda derivarse responsabilidades que debe afrontar el señor Mancuso", aseguró.

Un aspecto básico a tener en cuenta fue dejado de lado por el alto comisionado: olvidó por completo que este órgano judicial solo juzga estados y no individuos. Así lo confirmó el profesor Prieto-Ríos.

"El Tribunal Europeo no tiene competencia para juzgar individuos, juzga estados que son parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos (no ratificado por Colombia) cuando estos violan alguna de sus disposiciones. Es importante tener en cuenta que para que un estado sea declarado internacionalmente responsable por un tribunal internacional, debe ser atribuible al estado y constituir una violación a una obligación del Derecho Internacional".

En ese orden de ideas, Mancuso Gómez se salió con la suya y, aprovechándose de los errores de los funcionarios colombianos que solicitaron su extradición, pronto partirá a Italia.

Vale recordar que el fracaso de la primera solicitud se dio debido a que los delitos por los que se pedía la vuelta de Mancuso Gómez al país no cumplían con los fundamentos legales mínimos estipulados en el ordenamiento jurídico norteamericano. Es decir, se omitió un requisito básico en los procesos de extradición. La segunda tampoco cumplió su cometido porque se basó en crímenes que ya habían sido conocidos por los tribunales de Justicia y Paz. Y la tercera giraba alrededor de un proceso por lavado de activos, pero fue retirada por la Fiscalía General de la Nación bajo el argumento de que el ingreso del exparamilitar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estaba en curso. Posteriormente, la presidenta de la este tribunal, Patricia Linares Prieto, aclaró que esto no encarnaba ningún impedimento para que se continuara tramitando el regreso del antiguo líder de las AUC.

Fue así como la semana pasada el Gobierno gastó su último cartucho para perseguir la extradición y envió una cuarta solicitud. No fue suficiente porque coincidió con el trámite de deportación que venía realizándose desde el mes de marzo, sin ningún problema, y prevaleció por encima de la tardía reacción de las autoridades colombianas.