La reparación económica que exige la familia de Gómez Hurtado

Las reacciones que ha generado la confesión de las Farc sobre su autoría en el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado no cesan. Es difícil encontrar una sola figura pública del país que sea indiferente al caso. Ahora, Ramiro Bejarano, abogado y profesor de la Universidad Externado, dedicó unas palabras a lo sucedido en su habitual espacio de opinión en el diario El Espectador y se despachó en contra del gobierno y la familia del dirigente conservador.

Bejarano, que en días previos había anunciado que radicaría una denuncia penal contra Álvaro Uribe y el presidente Iván Duque por “manipular el proceso de Álvaro Gómez” para supuestamente incriminarlo, mencionó que existían intereses en el Ejecutivo para descartar la versión de la antigua guerrilla y enfilar la investigación hacia otros responsables. Esos otros responsables, menciona, son él, el expresidente Ernesto Samper y el exministro Horacio Serpa. Dicha teoría, además, contaría con la bendición de los familiares de la víctima.

La razón que lleva a Bejarano a hacer esta última afirmación es una demanda presentada en abril de 2014 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por parte de la familia de Gómez Hurtado en contra del Estado colombiano. En palabras de los accionantes, su pretensión es que “el Estado reconozca que durante 18 años (tiempo transcurrido entre el magnicidio y el momento en que se presentó la demanda) no adelantó ninguna línea lógica de investigación que tuviera en cuenta el carácter de periodista de Álvaro Gómez o su relación como opositor político de la época". Enlazando las acusaciones del columnista con la acción interpuesta, se entiende que si las pruebas apuntaran a altos mandos del gobierno —como entonces lo eran Samper y Serpa—, lo más probable es que la demanda tuviera acogida en esas instancias internacionales. El abogado de la familia en esta actuación fue Luis Andrés Fajardo, recientemente ternado por el presidente Duque para reemplazar a Carlos Negret en la Defensoría del Pueblo.

Durante los años posteriores al magnicidio, la teoría de que el gobierno de Ernesto Samper estuvo detrás de la comisión del delito ha tenido acogida en diferentes sectores de la derecha. Incluso, se le ha catalogado como “crimen de Estado”. La primera persona en hacerlo fue Fernando Botero Zea, exministro de Defensa de Samper y condenado en el proceso 8.000, y desde entonces es común escucharlo cada vez que se mencionan los hechos que llevaron a la muerte de Gómez Hurtado. Y este es el calificativo que emplean también sus familiares. Es conocido, además, que el fiscal Gabriel Jaimes, quien ahora tiene en sus manos el expediente del expresidente Álvaro Uribe, coincidió por su paso en la Procuraduría General de la Nación (en los años que el ente estuvo bajo el mando de Alejandro Ordóñez) con Enrique Gómez Martínez, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, y fue uno de los promotores de la teoría que involucra al gobierno liberal de la época con un agregado más: una supuesta colaboración del cartel del Norte del Valle.

Previa a la confesión de las Farc (hecha a través de una carta dirigida a la Jurisdicción Especial para la Paz), la tesis reinante que manejaba la Fiscalía sobre el crimen era que el Cartel del Norte del Valle había sido la organización perpetradora del homicidio. Incluso, eso llevó a que Duque, en su primera reacción a la noticia, afirmara que “quien pretenda atribuirse un crimen de lesa humanidad, también debería salir de la representación política”. Era su forma implícita de decir que no confiaba en la versión entregada por los exguerrilleros y que ésta, la cual descartaba de plano, les acarrearía consecuencias negativas.

En su defensa, Samper duró años sosteniendo que a Gómez Hurtado lo habían matado un grupo de militares golpistas por su negativa a participar en el intento de tumbarlo. La mitad de su teoría resultó verdad y la otra mitad falsa. Intento de golpe sí hubo, pero la muerte de Gómez no tuvo nada que ver con eso.

En todo caso, luego de la confesión, todo las demás hipótesis quedan desechadas. Bien lo dijo Timochenko: “no busquen el ahogado río arriba”. La pregunta a responder ahora es si actuaron solos o con colaboración de alguien más. Y queda claro, adicionalmente, que la demanda de la familia de Gómez Hurtado, cuya pretensión económica era ignorada por la opinión pública, se encamina a un final que no se esperaban.