¿Por qué la Fiscalía dice que solo ha habido un asesinato de líder social este año?

La cifra de al menos 21 líderes sociales asesinados en los primeros días del 2020 aún no es avalada por la Fiscalía. Para el ente investigador, solo hay un caso de homicidio relacionado con el trabajo comunitario de la víctima. 

En los otros 20 asesinatos, dice el fiscal (e) Fabio Espitia, no se ha comprobado que los móviles del crimen estén motivados por actividades como líderes comunales o directivos gremiales. “Hasta ahora, solamente se ha presentado en este año un caso que la ONU refleja como homicidio de líder social, y es el de la señora Gloria Ocampo. Los demás están en proceso de investigación”. 

El asesinato de Ocampo se presentó en la vereda La Estrella, zona rural del municipio Puerto Guzmán, Putumayo, el pasado 7 de enero. La víctima era secretaria de la junta de la vereda La Estrella y excandidata al Concejo. Además, representaba a su comunidad en el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

En ese mismo municipio también fue asesinado -el pasado jueves- Yordan Tovar, directivo de un sindicato campesino de la zona. “Todas las hipótesis de homicidio se están indagando, pero yo en esto soy muy prudente para asignarle la calidad de líder social, toda vez que nuestra labor está muy coordinada con diversas organizaciones y con los reportes oficiales de la ONU”, agregó Espitia. 

Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano se declaró “profundamente preocupada” por el asesinato de líderes sociales en Colombia. La mayoría de las 21 víctimas reportadas en este 2020 pertenecían a juntas de acción comunal en Putumayo y Cauca, departamentos que presentan disputas armadas de grupos ilegales por el territorio.

Contrario a las cifras de la Fiscalía, el Ministerio del Interior ya reconoció a 11 de las víctimas como líderes sociales, a partir de información entregada por la Policía.

El más reciente caso de asesinato a un líder social ocurrió este fin de semana en Tierralta, Córdoba. la víctima, Luis Darío Rodríguez, era miembro de la Asociación de Familias Desplazadas e integrante de la Red de Derechos Humanos del sur de ese departamento.