¿Por qué la Fiscalía la embarra gravemente al investigar a funcionaria que denunció censura? Catalina Botero explica

En febrero de 2019, Juan Pablo Bieri renunció a su cargo como gerente de RTVC, entidad estatal encargada de producir y difundir los servicios de radio y televisión públicos. Lo hizo después de que se filtrara un audio en el que se le escucha claramente dando órdenes a Diana Díaz, subalterna suya para entonces, para que afectara negativamente el programa ‘Los puros criollos’ de Señal Colombia. El motivo detrás de su disgusto con el programa eran las declaraciones que semanas atrás su presentador, Santiago Rivas, había realizado a modo de crítica sobre un proyecto de ley impulsado por el gobierno del presidente Iván Duque para “modernizar las TIC”.

La conversación entre Bieri y Díaz se sostuvo a finales de 2018 y concluyó en que los episodios repetidos de ‘Los puros criollos' dejarían de transmitirse. De inmediato, Rivas denunció que era víctima de censura por parte de RTVC y sus directivas, pero las acusaciones fueron rotundamente negadas por Bieri. Incluso, aseguró ante los micrófonos de Blu Radio, tajante y sin titubear, que era “egocéntrico” por parte de Rivas pensar que su opinión acerca del proyecto de ley podía acarrear una censura.

Sin embargo, así como un búmeran, la soberbia con la que respondió le jugaría en contra cuando, meses después en 2019, se hicieron públicas las grabaciones de su diálogo con Diana Díaz. Luego de expresar que se sentía “muy preocupado” por Rivas y su aparición en Señal Colombia, Bieri afirmó que la próxima temporada del programa debía llevarse a cabo con un presentador diferente y luego agregaría que no era aceptable que Rivas reprochara a “la entidad que le da de comer, que le paga un sueldo”.

“Mejor dicho, no hay posibilidad de que en esta gerencia Santiago (Rivas) vuelva a trabajar con esta empresa”, sentenció Bieri.

La ola de indignación, como era de esperarse, llegó y se llevó consigo al gerente de RTVC. Dejó su cargo a disposición del presidente Iván Duque, según sus palabras, “para no hacer daño al Gobierno” y evitar ser utilizado como “caballo de Troya” por los detractores del primer mandatario.

Su puesto sería ocupado por Juana González –el actual gerente es Álvaro García– y tan solo un mes después, en marzo de aquel año, denunciaría penalmente a Díaz (quien en una diligencia ante la Procuraduría admitió haberlo grabado) por divulgar un asunto supuestamente sometido a reserva. De esta forma, lo que pudo haber quedado como un traspié que pronto se olvidaría, adquirió una magnitud mayor por cuenta de la actitud revanchista del exgerente. Y, a pesar de esto, regresó triunfante al sector público como asesor de la Casa de Nariño por un contrato de 25 meses y una cuantía superior a los 468 millones de pesos a finales de 2019.

El proceso permaneció quieto, somnoliento por más de año y medio, hasta que la Fiscalía decidió programar la imputación de cargos a Díaz para el próximo 18 de noviembre. La decisión causó sorpresa porque lo único que hizo Díaz fue denunciar la ilegal conducta de su entonces jefe.

Así lo considera Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, quien explicó, a través de su cuenta de Twitter, por qué la Fiscalía comete una grosera equivocación al insistir en su investigación en contra de la exfuncionaria (Díaz renunció un día después de la conversación que sostuvo con Bieri). En una serie de trinos, que podría considerarse una especie de ejercicio pedagógico, Botero desmenuzó paso a paso el asunto y, soportando sus argumentos en normas, detalló los abusos del ente acusador.

Primero, la jurista desestimó que los temas que se platicaron entre Bieri y Díaz estuvieran sometidos a reserva. Recordó que el derecho internacional de los derechos humanos “protege a quien hace denuncias sobre este tipo de arbitrariedades (la censura)” y, por lo tanto, Díaz no infringió la ley en ningún momento. Añadió algo básico –pero que parece ser ignorado por la Fiscalía–, cuestionar decisiones del gobierno de turno es totalmente legítimo en una democracia.

El tipo penal por el que el exgerente denunció a su antigua subalterna es el artículo 419 del Código Penal, el cual estipula la utilización de asunto sometido a secreto o reserva. Pero en este caso, como señaló Botero, no existe reserva alguna ya que esta solo opera “cuando hay una ley que de manera expresa” así lo determina.

“Al tratarse de una instrucción oficial impartida por el funcionario competente a la funcionaria que debe cumplirla, en horario oficial y en su lugar de trabajo, no hay la menor duda de que se trata de una información pública que no tiene por qué tener reserva”, indicó la abogada.

Pero, yendo más allá de los hechos e incluso anticipándose a la tesis que podría esbozar la Fiscalía para defender su actuación, Botero invocó las reglas de protección de informantes de organismos multilaterales como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales cobijarían a Díaz aun así el audio que reveló hubiera sido información reservada. “Al tratarse de una instrucción contraria a los derechos humanos, la funcionaria tiene todo el derecho de denunciarla”, trinó Botero.

La cátedra de la decana no culminó ahí. También se refirió a la decisión del ente acusador de ordenar una inspección judicial a las oficinas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) con el fin de verificar los documentos de ingreso y salida de visitantes entre el 6 de diciembre de 2018 y el 23 de enero de 2019. La FLIP y la Liga Contra El Silencio, trabajando conjuntamente, se encargaron de documentar y publicar la denuncia que contenía, entre otros elementos, el audio que prueba el acto de censura por parte de Bieri. Sobre esa publicación periodística, como sobre cualquiera en Colombia, opera la protección de las fuentes.

Y, pese a que el órgano de investigación apuntó que su única motivación era determinar la fecha y hora en que Díaz visitó las instalaciones de la FLIP (pretensión de por sí reprobable), iba a tener acceso a los nombres y números de identificación de todas las personas que visitaron esta organización defensora de los derechos humanos durante ese mes y medio y protagonista de la incómoda publicación periodística.

Además, remitiéndose a la Constitución Nacional, Botero enfatizó que el secreto profesional –que es aquel que tienen estas organizaciones de derechos humanos con las personas que acuden a ellas para denunciar irregularidades– está custodiado por el artículo 74 y, en consecuencia, la orden de la Fiscalía “resulta completamente desproporcionada, innecesaria y evidentemente intimidatoria”. Al igual que ella, buena parte de la opinión pública condenó la conducta del ente acusador y este, mediante un comunicado de prensa, tuvo que salir a apaciguar las aguas.

O, por lo menos, ese fue el plan, porque posteriormente el contenido del documento generó todo lo opuesto; solo aumentó la indignación.

En él, la Fiscalía aclaraba que la diligencia en la FLIP no se ejecutó, ya que “no hubo necesidad". Según informaron, la Fundación, en su respuesta a la fiscal que adelanta el caso, advirtió que no contaba con registros de ingresos y salidas, y esto acabó con la pertinencia de la inspección judicial. El comunicado finaliza haciendo un llamado a la “prudencia” y a no permitir “malas interpretaciones” respecto de las investigaciones que están en curso. En otras palabras, la evidente vulneración de derechos que se hubiera concretado con la diligencia ordenada por la Fiscalía no tuvo lugar por circunstancias ajenas a la propia entidad.

Por esto, la reacción de Botero fue fuerte y contundente al manifestar que la Fiscalía no entiende todavía la gravedad de la situación. “Normalizaron el autoritarismo”, escribió en uno de sus trinos.

Concluyó resaltando el atrevimiento que representa invitar a la prudencia mientras se decreta una “diligencia desproporcionada que viola garantías constitucionales elementales”. Instó a la Fiscalía a reunirse urgentemente con la FLIP para reevaluar este proceder.

Asimismo, Botero asistió a Semana en Vivo y ante las cámaras desarrolló sus opiniones y conceptos alrededor de este caso.