Las claves de un nuevo revés en La Haya

Si la expectativa de Colombia en La Haya era que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no se declarara competente para resolver las nuevas pretensiones de Nicaragua, se puede decir que el país sumó un nuevo revés.

Este jueves no estaba en juego San Andrés, ni el mar continental, ni los límites marítimos entre los dos países, como muchos colombianos podrían creerlo. Lo que estaba en discusión era si el tribunal internacional de La Haya aún tenía la jurisdicción para resolver el diferendo entre Colombia y Nicaragua.

Como millones de colombianos recordarán, el 19 de noviembre la Corte falló en favor de Nicaragua y le quitó a Colombia cerca de 72.000 kilómetros de mar territorial alrededor del archipiélago de San Andrés. El gobierno colombiano “acató” el fallo, pero advirtió que era “inaplicable”, a la luz de la Constitución colombiana.

Tras ese fallo, Colombia denunció el Pacto de Bogotá y se salió de la jurisdicción de la Corte Internacional de La Haya. Lo hizo el 27 de noviembre del 2012.  

Nicaragua, por su parte, presentó dos demandas. Una el 16 de septiembre del 2013, en la reclama una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas, hasta las costas colombianas en el Caribe; y otra el 26 de noviembre de ese año, en la que denunciaba a Colombia por el incumplimiento del fallo y por haber amenazado con el uso de la fuerza.

¿Qué sucedió este jueves en La Haya? Colombia confiaba en que la CIJ no admitiera competencias. Aunque presentó cinco excepciones, la principal era que la denuncia al Pacto de Bogotá tenía efectos inmediatos.

Pero la Corte, casi por unanimidad decidió rechazar este argumento, y advirtió que el Pacto de Bogotá seguía vigente hasta un año después de la denuncia. Y en ese periodo fue que se presentaron las dos nuevas demandas

Otro de los argumentos de la defensa de Colombia era que el fallo del 2012 ya era cosa juzgada, es decir, la Corte no podía declarar su competencia frente a un caso que ya había sido resuelto en esa recordada sentencia.

Sin embargo, la Corte recordó que en el 2012 no había fallado sobre estas nuevas pretensiones de Nicaragua, de extender su plataforma continental, por lo que a diferencia de Colombia, consideró que el diferendo no ha pasado a la instancia de cosa juzgada, y por consiguiente entraría a resolverlo.

Esta decisión, en principio, obligaba a Colombia a defenderse en un proceso que se podría extender por tres o más años. Por un lado, demostrar en el derecho internacional sus razones para no cumplir el fallo del 2012, y por otro, ante la delicada situación y el gran riesgo de perder más territorio.

Pero el presidente Juan Manuel Santos decidió que Colombia no volverá a la CIJ, entre otras, por considerar que el tribunal no respetó su propia sentencia y desconoció sus estatutos que señalan que no se puede reabrir un caso ya cerrado. Una decisión política, de cara a la defensa de los intereses nacionales, pero que de cara a la comunidad internacional podría ser contraproducente, pues Colombia podría quedar como un país que incumple las decisiones judiciales.