¿Por qué la lucha anticorrupción no parece ser una prioridad del Gobierno Petro?

“Lucharé contra la corrupción con mano firme y sin miramientos. Un Gobierno de cero tolerancia (...) Vamos a recuperar lo que se robaron, vigilar para que no se vuelva a hacer y transformar el sistema para desincentivar este tipo de prácticas”. Esa fue la promesa del presidente Gustavo Petro el 7 de agosto, cuando tomó posesión ante la multitud que lo vitoreó en la Plaza de Bolívar.

Y la promesa fue totalmente creíble. Venía de boca de un líder político que no solo agitó con fuerza la bandera de la lucha contra la corrupción en la campaña presidencial, lo que terminó movilizando a millones de votantes a las urnas para votar por él, sino que durante los debates y entrevistas en medio de la contienda electoral no dejó de enrostrarles a sus contendores que él, durante su carrera como congresista, denunció la corrupción incluso, como él mismo lo afirma, a costa de poner en riesgo su propia vida.

Petro, por ejemplo, fue uno de los que lideró las denuncias por el llamado carrusel de la contratación en Bogotá y, en 2018, se enfrentó cara a cara en un debate en el Congreso contra el exfiscal general Néstor Humberto Martínez, en medio del escándalo de Odebrecht. Además, el mandatario llegó a la Casa de Nariño rodeado de un importante sector de la Alianza Verde, partido que hoy es parte de su coalición y que en 2018 lideró la llamada consulta anticorrupción.

Sin embargo, poco más de 100 días después de haber jurado como presidente de la república, la bandera de la lucha contra la corrupción, muy útil en términos electorales, poco se ha vuelto a agitar en la Casa de Nariño, a pesar de que sigue siendo una de las mayores preocupaciones de los colombianos. Según la encuesta de Invamer, la corrupción es hoy el tercer problema que más preocupa a los ciudadanos, por encima de temas como la inseguridad y la pobreza. Y el 75 por ciento de los encuestados considera que este mal ha empeorado en los últimos meses.

Hasta el momento, tal como lo señala un informe de Transparencia por Colombia, “el discurso anticorrupción que primó en la campaña electoral aún no ha sido correspondido con una visión y una estrategia anticorrupción igualmente visible”.

Una de las propuestas más ambiciosas de Petro fue la de solicitar a Naciones Unidas una comisión independiente para investigar los grandes actos de corrupción en Colombia, similar a la que existió hace unos años en Guatemala y que fue liderada por el hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez.

“Como presidente solicitaré la conformación de una comisión judicial independiente a Naciones Unidas para investigar los principales crímenes de corrupción en el país”, prometió Petro en mayo. Esta propuesta fue retomada en julio por la comisión de empalme nombrada por Petro que la incluyó dentro del “paquete de medidas anticorrupción para los primeros 100 días”. Sin embargo, según indagó este medio, hasta el momento no hay ninguna solicitud formal ante Naciones Unidas para crear una comisión de este tipo.

Se quedó con todo

En el capítulo anticorrupción de su programa de gobierno, expuesto durante la campaña, Petro también prometió: “Restauraremos el equilibrio y la independencia de los poderes públicos, fortaleciendo su autonomía funcional y financiera. Respetaremos efectivamente el sistema de pesos y contrapesos y derrotaremos a las mafias que han cooptado los poderes públicos y amenazan su estabilidad y seguridad”.

Sin embargo, desde que llegó a la Casa de Nariño, el jefe de Estado no ha tenido problema en quedarse con el poder de las entidades que le puedan llegar a ejercer algún tipo de control.

En julio, logró poner a dos alfiles suyos del Pacto Histórico en las presidencias del Senado y la Cámara: Roy Barreras y David Racero. A mediados de agosto logró imponer a su candidato a la Contraloría, Carlos Hernán Rodríguez. En septiembre se anotó otra victoria: la elección de Fabiola Márquez Grisales, aliada suya, como presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a mediados de octubre logró que un cercano suyo, Juan Carlos Cortés, llegara como magistrado de la Corte Constitucional.

Este hecho resulta curioso si se tiene en cuenta que el propio Petro, en sus épocas como senador, criticó la cooptación de los organismos de control por parte del Gobierno anterior. “El que la filiación política del contralor sea la misma del Gobierno, acelerará los procesos de corrupción en el Estado”, trinó Petro en 2018.

Si bien la práctica de cooptar las entidades de control ha sido prácticamente de todos los gobiernos, en el caso de Petro resulta particularmente preocupante no solo porque se eligió bajo el lema del cambio, sino porque esta actuación lo pone en contradicción con la que fue otra de sus promesas de campaña en materia anticorrupción: “Hacer una reforma a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República” y eliminar el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Petro no solo se apoderó de las mayorías en el CNE, lo que le dio para tener una presidenta cercana a él, sino que en la reforma electoral que se tramita en el Congreso y a la cual el Gobierno le envió mensaje de urgencia no se contempla la eliminación de este organismo.

En campaña, el hoy mandatario también prometió impulsar una ley de protección a denunciantes de hechos que atenten contra la administración pública. Pero hasta el momento no ha sido radicada. A pesar de que el mandatario aún tiene más de tres años para radicar esta legislación, es bien sabido que el Gobierno generalmente impulsa sus reformas durante el primer año, pues los tiempos en el Congreso suelen ser complejos y los proyectos se pueden demorar en su trámite.

A los retrasos en presentar la agenda anticorrupción se suma el hecho de que se han detectado riesgos de retrocesos en transparencia en algunos de los proyectos radicados por el Gobierno, especialmente en el caso de la reforma política.

Transparencia por Colombia lanzó una alerta por la propuesta de eliminar el conflicto de intereses sobre las actuaciones de congresistas en asuntos relacionados con privados que hayan financiado sus campañas, y la posibilidad de permitir que los congresistas puedan ser ministros sin incurrir en inhabilidades, dos de los artículos de la reforma política.

Un punto en el que el Gobierno Petro sí ha logrado importantes avances en materia de prevención de la corrupción es el de lograr que los recursos del Plan de Alimentación Escolar (PAE), uno de los mayores focos de corrupción en el país, sean manejados por las asociaciones de padres de familia. También se avanzó en la convocatoria de la Comisión de Moralización, órgano clave a la hora de trazar políticas en esta materia; sin embargo, hay molestia en el presidente porque, según se conoció desde la Casa de Nariño, a este encuentro no asistieron las cabezas de los órganos de control.

No obstante, lo hecho hasta el momento no responde a las grandes expectativas generadas por los ciudadanos. Petro aún tiene bastante tiempo para desempolvar la bandera de la lucha contra la corrupción que con tanto fervor agitó durante la campaña y demostrar que puede pasar de la denuncia de la corrupción a la ejecución de acciones para combatirla.