¿Por qué la nueva política beneficiará la seguridad?

Con la llegada masiva de venezolanos, tomó fuerza la idea de que la seguridad se estaba deteriorando y, casi de manera automática, también la percepción de que eran los migrantes los responsables.

Este fenómeno no es ajeno a la mayoría de países receptores de flujos migratorios, que históricamente han visto en el inmigrante el reflejo de sus miedos y problemas. Y en Colombia, un país que no había sido receptor sino más bien expulsor de personas precisamente por sus altos niveles de violencia, el guion ocurrió al pie de la letra.

De hecho, en la última Encuesta de Percepción sobre la Migración, del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, a septiembre de 2020 el 43 por ciento de los colombianos consideraban que los migrantes eran una amenaza para la seguridad ciudadana. Y la estadística en esta misma medición ha alcanzado niveles superiores al 60 por ciento.

Esta situación responde más a una percepción que a una realidad. El mismo director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, ha sido claro con las cifras y ha reiterado que actualmente los venezolanos solo cometen el 3,2 por ciento de los delitos que ocurren en el país. Sin embargo, y a pesar de que sea marginal, el nuevo Estatuto anunciado por el presidente Iván Duque sí puede contribuir a solucionar los pocos casos en que los venezolanos, en efecto, se ven involucrados en conductas delictivas.

Estudios han comprobado cómo la irregularidad migratoria era un determinante del aumento de los índices de criminalidad. Juan Sebastián Franco, en una publicación del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes, encontró que la migración irregular produjo un aumento de corto plazo en las tasas promedio de los municipios para los delitos de hurto a personas y hurto a comercio. En particular, evidenció que la llegada de 1.000 migrantes irregulares al mes podía aumentar las tasas de estos delitos en 8,7 y 22,6 casos por 100.000 habitantes, respectivamente.

Ese hallazgo cuantitativo podía explicarse en buena medida por la falta de oportunidades que tenía esta población al encontrarse en condición irregular y no poder emplearse de manera formal, pues los únicos delitos que mostraron ese aumento fueron los que tienen motivaciones económicas detrás.

Esa misma investigación, de hecho, comprobó que cuando se realizó un proceso de regularización de venezolanos en el país en el año 2018, los índices de criminalidad en los municipios tendieron a disminuir. Este es un resultado que va en la misma línea de lo que ha ocurrido en experiencias internacionales: cuando las personas migrantes son integradas socioeconómicamente, las posibilidades de que incurran en conductas delictivas disminuyen.

Pero adicionalmente, el otro problema que puede resolverse con la entrada en vigencia del Estatuto es la imposibilidad de judicializar a los venezolanos que delinquen. Este era un cuello de botella que enfrentaban las instituciones judiciales cuando recibían a personas capturadas sin tener su plena identificación, pues el marco normativo colombiano no permite condenar en estas condiciones.

“Cuando aquellos pocos que sí están cometiendo delitos no se judicializan y se terminan soltando se genera una sensación de impunidad que va en contra de la gran mayoría de venezolanos de bien que llegan al país”, aseguró Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá y exfuncionario de la Fiscalía General de la Nación.

Esa dificultad para lograr la plena identificación implicaba que los venezolanos que habían sido capturados terminaran en libertad o siendo expulsados del país, dos acciones que no eran efectivas para disuadir la comisión de delitos y que terminaban aumentando la reincidencia criminal, pues un ciudadano que fuera expulsado de Colombia perfectamente podía reingresar al país por una trocha y continuar delinquiendo.

Esta situación había sido criticada por diferentes mandatarios locales del país. Hace unos meses, incluso la administración de Claudia López en Bogotá aseguró que hay bandas delincuenciales que se aprovechan de los venezolanos precisamente porque conocen esa falencia del sistema judicial.

Por eso, con el nuevo Estatuto Temporal de Protección para Migrantes se abre la puerta para solucionar este cuello de botella. La idea de la medida es implementar un sistema de identificación biométrica que incluya a todos los venezolanos. De esta manera, si un delincuente es capturado será más fácil obtener su plena identificación y se podrá judicializar. Así no solo gana la ciudadanía que veía con preocupación a los migrantes involucrados en delitos, sino que se beneficiará a la gran mayoría de esos casi dos millones de venezolanos de bien que han llegado al país con la única intención de salir adelante.