¿Por qué la presencia de Gabino en Cuba siempre ha sido ilegal?

Una serie de cartas, reveladas por SEMANA en su edición de portada, revelan un dato clave hasta ahora desconocido. La presencia del líder del ELN, alias Gabino, en Cuba nunca ha sido legal. Por esta razón, el jefe de esa guerrilla no estaría cobijado por los protocolos de rompimiento que la isla firmó como país garante con el gobierno de Juan Manuel Santos.

La historia es la siguiente. A mediados de 2018, el máximo comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, atravesó la frontera y llegó a Caracas para tomar un avión que lo llevó a Cuba. Toda la logística de su traslado se hizo con la autorización expresa del gobierno de Juan Manuel Santos, en medio de los diálogos de paz con esa guerrilla en La Habana, pero sin los procedimientos legales y migratorias que deben darse para un traslado de esa naturaleza.

La situación la evidenció el mismo embajador cubano, José Luis Ponce, en una carta. El diplomático le envió una misiva al entonces comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, en la cual le alerta el tema. “Como usted conoce, no es costumbre del Gobierno de Cuba acceder a la presencia en mi país de personas relacionadas con este movimiento guerrillero sin contar previamente con un salvoconduto que exprese la anuencia del Gobierno de Colombia. Este ha sido un caso excepcional que, entendemos, fue comunicado al presidente Juan Manuel Santos por el senador Iván Cepeda, a solicitud del propio Gabino”.

Gabino no tenía el salvoconducto pues en ese momento, a pesar de ser el líder del ELN, él no era miembro del equipo negociador. Al no estar en ese grupo, su presencia en Cuba no tenía justificación en el marco de la negociación y por lo tanto no hacia parte de ese acuerdo entre las partes que había para los diálogos. La razón que había dado el gobierno, en julio de 2018, había sido humanitaria y el permiso le fue concedido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en cabeza de Rodrigo Rivera.

Lo extraño es que el jefe máximo del ELN pudo moverse sin líos por territorio colombiano, cruzó la frontera ilegalmente, llegó a Venezuela y aterrizó en Cuba con un salvoconducto expedido por la Casa de Nariño que carecía de respaldo legal, pues no se suspendieron las órdenes de captura en su contra, como lo ordena la Ley 418 de 1997 (artículo 8, parágrafo 1).

El tema fue objeto de una enorme controversia en su momento. En 2018 se había dado el cambio de gobierno y el líder del ELN se trasladó a Cuba apenas unos días antes de que Iván Duque se posesionara, el 7 de agosto de ese año.

El gobierno Duque congeló los diálogos con el ELN. “El 7 de agosto, hace un mes, cuando tomamos posesión de la Presidencia de la República, le dije a Colombia que íbamos a hacer una evaluación en un período de 30 días sobre lo que fueron las conversaciones entre el Gobierno anterior y el ELN”, dijo el presidente en septiembre de ese año.

El presidente aseguró que no sentía que ese grupo tuviera una voluntad de paz pues en los 17 meses de conversaciones del Gobierno de Juan Manuel Santos con el ELN se cometieron 462 actividades criminales que causaron 100 víctimas mortales. Además, se perpetraron “148 atentados contra la infraestructura petrolera, que han generado realmente un ecocidio, y se han presentado cerca de 16 secuestros”.

En noviembre el tema de Gabino se volvió público. El gobierno aseguró que su presencia allá no tenía asidero pues él no era negociador de paz. El mandatario aseguró que el permiso que le había concedido el gobierno de Santos había sido para un tema puntual y tenía una fecha de finalización el 6 de agosto, es decir un día antes de que cambiara el gobierno. “A partir de allí está en una situación de ilegalidad y, ante esa ilegalidad por los crímenes que ha cometido, lo lógico es que opere la circular roja de Interpol”, dijo en un foro por los 100 días de gobierno.

El ELN era consciente de ese problema. Tanto que en una carta, fechada el 10 de noviembre, Pablo Beltrán asegura que ha sido ratificado como jefe negociador y que nombra en el equipo a Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino. Para la fecha, los diálogos ya estaban congelados.

El gobierno contestó a esa solicitud en ese momento. “La decisión de aceptar el nombre de Nicolás Rodríguez está sujeta a la misma condición establecida para retomar las conversaciones de paz: que el ELN termine con la práctica del secuestro y cese los atentados contra la infraestructura minero-energética del país”, aseguró el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. Como esas condiciones nunca se cumplieron, los diálogos no se reanudaron y Gabino no entró a ser parte del equipo negociador.

En enero de 2019, se produjo el atentado terrorista contra la Escuela General Santander de la Policía, donde murieron 22 cadetes. El ELN reconoció ser el autor de ese acto y por cuenta de esto el rompimiento de los diálogos fue definitivo.

Desde ese momento, el gobierno ha pedido que se extradite a la cúpula del ELN en Cuba para que responda por ese atentado terrorista. Cuba asegura que no enviará en esos términos a los jefes de ese grupo insurgente porque firmó unos protocolos de rompimiento en el cual ellos tendrían 72 horas para volver al país. Esos protocolos fueron firmados por el anterior gobierno y tanto juristas como líderes políticos aseguran que son un compromiso de Estado que debe ser cumplido también por el presidente Duque. El gobierno Duque, por su parte, no reconoce los protocolos pues dicen que esto solo operaban ante un rompimiento de los diálogos, pero no frente a un atentado terrorista.

Las cartas dejan claro; sin embargo, que alias Gabino no está en ese debate pues desde hace casi tres años permanece como ilegal en Cuba. A él no lo cobijarían los protocolos y el gobierno cubano estaría en la obligación de extraditarlo inmediatamente.

Gabino, quien asumió el mando del ELN en 1998 tras la muerte del cura Pérez, ha sido condenado en Colombia por múltiples crímenes como la masacre de Machuca, en Antioquia, donde 84 personas murieron calcinadas luego de que el ELN volara un oleoducto. También, por el secuestro masivo de 186 personas en la iglesia La María, en Cali, en 1999. Hoy tiene 29 procesos judiciales pendientes en el país, por homicidio, secuestro, extorsión, hurto, terrorismo, reclutamiento ilícito, concierto para delinquir, desaparición forzada, amenazas y lesiones personales.

La controversia jurídica que se abrirá será enorme. Lea la portada de SEMANA a continuación.

La denuncia de Ceballos

La historia tiene otro capítulo desconocido ante los estamentos de la justicia. El 4 de septiembre de 2018, una sorpresiva carta llegó al despacho de Néstor Humberto Martínez, entonces fiscal general de la nación. El remitente era el recién nombrado alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien denunció posibles irregularidades del gobierno Santos en el traslado de Gabino a Cuba.

La comunicación de dos páginas y seis anexos, cuyo contenido permanecía bajo estricta reserva, promete desatar una tormenta política y judicial.

En resumidas cuentas, el gobierno Duque encontró que Gabino llegó a La Habana en julio de 2018, vía Venezuela, con un permiso que no cumplía los requisitos exigidos por la ley colombiana.

Según la denuncia de Ceballos, una llamada telefónica de uno de los involucrados alertó al gobierno sobre lo que estaba pasando con Gabino en la isla. Así se lo relató el propio comisionado de paz al fiscal Martínez.

“El pasado 31 de agosto de 2018 recibí una llamada telefónica desde La Habana del señor José Luis Ponce Caraballo, embajador de Cuba en Colombia, en la cual me informó que el señor Nicolás Rodríguez Bautista, también conocido como Gabino, se encuentra en La Habana desde julio de 2018 y solicitó que el gobierno de Colombia aprobara renovar la autorización para su permanencia en ese país, la cual le había sido concedida por el gobierno de Juan Manuel Santos”, le dijo.

Ceballos reconstruyó en detalle todas las circunstancias que rodearon el viaje de Gabino a Cuba. En la denuncia, se lee que el gobierno Santos le autorizó el traslado a la isla por intermedio del comisionado Rivera. El permiso fue otorgado con “fines humanitarios” para un tratamiento médico hasta el 31 de julio de 2018 y fue prorrogado hasta el 6 de agosto de ese año, por solicitud del ELN, es decir, un día antes de la posesión de Duque.

Luego de este reporte, la denuncia de Ceballos ante el fiscal Martínez se torna grave y, al hacerse pública, tensiona aún más las relaciones entre el actual gobierno y el expresidente Santos.

“Cabe mencionar que una vez consultadas las instancias competentes, se pudo establecer que para efectos de la autorización del viaje del señor Rodríguez Bautista, el gobierno de Juan Manuel Santos no realizó la solicitud de suspensión de las órdenes de captura que se encontraban vigentes contra él en las fechas de los permisos otorgados”, advierte la comunicación.

Por esa razón, Ceballos le pidió al fiscal Martínez que investigara de forma urgente estos hechos. Sin embargo, pese a las evidencias aportadas por el Gobierno, la Fiscalía no avanzó en las investigaciones.

SEMANA tuvo acceso a todas las cartas que son hoy una prueba para determinar si el gobierno Santos se extralimitó e incumplió la ley al autorizar el viaje de Gabino a Cuba. De hecho, existe el registro de una llamativa consulta que elevó la Fiscalía a la Presidencia el 13 de diciembre de 2017. El ente acusador preguntó en ese momento si existía “algún acto administrativo” emitido por el gobierno que modificara el estatus jurídico o suspendiera las órdenes de captura contra Gabino.

Días después, el 9 de enero de 2018, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz respondió: “A la fecha no se han proferido actos administrativos que modifiquen o extingan su situación jurídica ante las diferentes autoridades judiciales que pudieran requerirlo”. La carta fue firmada por Liliana Bohórquez Sánchez, asesora jurídica del comisionado Rivera.

SEMANA encontró evidencias de que justo en ese mes, sin el trámite que ordena la ley, y aunque la Casa de Nariño era consciente de la situación jurídica de Gabino, el comandante del ELN viajó a Cuba con el visto bueno del Gobierno.

Así consta en una carta dirigida por Pablo Beltrán al comisionado Rivera, escrita desde La Habana y bajo el membrete de la “Delegación de Diálogos Ejército de Liberación Nacional”, en la que solicita de nuevo la autorización para que su comandante pueda viajar a Cuba en julio de 2018.

Allí se hace referencia a un viaje que ya había realizado Gabino en enero de 2018 y, según dice el documento, “con el conocimiento del señor presidente Santos”.

El segundo viaje

Para el viaje de Gabino a Cuba en julio de 2018, Pablo Beltrán tocó de nuevo las puertas del gobierno para que su jefe pudiera hacerse unos chequeos médicos en la isla. Llama la atención que la carta trae un error en su fecha, pues aparece como si se hubiera escrito el 6 de julio de 2017. Sin embargo, en el texto queda claro que se habla de 2018.

“Le pido que, conforme se ha hecho ya, ud. autorice dicho traslado por esta razón humanitaria, para que tanto las autoridades de la República de Cuba le puedan recibir y atender, como para que las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela puedan recibirle y trasladarlo desde la frontera colombo-venezolana hasta esta ciudad, según lo acostumbrado y efectuado con ajuste a los protocolos convenidos de seguridad y traslados”, le dice Beltrán a Rivera.

Esta carta fue calificada por Beltrán como una “comunicación confidencial”, dejando constancia de que la envió a través del embajador colombiano en La Habana, Gustavo Bell.

Tan pronto recibió la petición de Beltrán, el comisionado Rivera le envió una carta el 10 julio de 2018 al almirante Ramón Rodríguez Chachín, exministro de Hugo Chávez y quien para esa época ya tenía en su contra una decisión de Estados Unidos frente a sus bienes por ser un aliado de las Farc.

Rivera le hizo saber a Rodríguez Chacín que el gobierno colombiano autorizaba la salida de Gabino hasta el 31 de julio de ese año, en un viaje a través de Caracas y cuyo transporte corrió por cuenta de Venezuela.

En la comunicación, Rivera le dejó claro al exministro chavista que la estancia de Gabino podría ser prorrogada. El comisionado le envió la misma carta al también garante Iván Mora, un diplomático cubano que falleció en mayo del año pasado.

Días después, el 26 de julio, el ELN tramitó la prórroga para que Gabino pudiera permanecer más tiempo en Cuba y el comisionado le dio vía libre a esa solicitud hasta el 6 de agosto. Mientras estas cartas iban y venían, las órdenes de captura contra el jefe del ELN seguían vigentes, al igual que las dos circulares rojas y las seis azules de la Interpol.

Toda esta historia suscita varias preguntas. ¿Por qué el gobierno Santos pasó por alto los requisitos legales para que Gabino viajara a Cuba?, ¿por qué no se levantaron las órdenes de captura en su contra?, ¿cómo pudo aterrizar en la isla con circulares de Interpol vigentes y por qué Cuba, en vez de capturarlo, lo dejó ingresar como Pedro por su casa? Si no era una urgencia médica de vida o muerte, sino un chequeo, como lo dicen los propios documentos, ¿por qué no se hizo el trámite correspondiente? ¿Qué significa un hecho como este para un nobel de Paz como Juan Manuel Santos? ¿Se trató de una burla al país y a las víctimas de Gabino y del ELN? ¿Santos quería buscar la paz con esta guerrilla a cualquier precio?

Es preciso tener en cuenta que Gabino no era un representante de la guerrilla en la mesa de conversaciones ni tampoco era un gestor de paz, pues el jefe del ELN en los diálogos era Pablo Beltrán. Es decir, a diferencia de sus compañeros, no tenía ningún estatus especial.

Aunque el presidente de la república estaba facultado para tomar decisiones humanitarias y adelantar diálogos con esa guerrilla, tenía que cumplir la ley.

La alerta de Cuba

Los documentos que conoció SEMANA revelan que fue el propio embajador Ponce Caraballo quien le advirtió al gobierno Santos de la gravedad de que Gabino estuviera en Cuba sin ningún sustento legal. Su preocupación no era gratuita, pues el jefe del ELN es considerado un líder terrorista en Estados Unidos y Colombia.

El 22 de enero de 2018, el diplomático dejó dicha constancia por escrito y advirtió que ya lo había planteado telefónicamente y en un encuentro presencial con el comisionado Rivera, en el Ministerio del Interior.

“Como usted conoce, no es costumbre del gobierno de Cuba acceder a la presencia en mi país de personas relacionadas con este movimiento guerrillero sin contar previamente con un salvoconducto que exprese la anuencia del gobierno de Colombia”, le escribió el embajador cubano a Rivera.

Además, el diplomático reveló el nombre de quien aparentemente ejerció un rol de intermediario entre el gobierno Santos y Gabino. “Este ha sido un caso excepcional que entendemos fue comunicado al presidente Juan Manuel Santos por el senador Iván Cepeda, a solicitud de Gabino”, señaló Ponce Caraballo en su comunicación.

Otro detalle que llama la atención es un motivo adicional del primer viaje de Gabino a Cuba. El documento dice que, además de someterse a un chequeo, asistió “a las exequias de la comandante Paula, miembro de la dirección de ese movimiento guerrillero que estaba bajo tratamiento médico en Cuba con la debida autorización del gobierno de Colombia y que lamentablemente falleció de forma repentina”.

Al final, el embajador cubano le pidió al comisionado Rivera emitir el “acostumbrado salvoconducto de anuencia para la estancia del señor Gabino en Cuba” con el fin de que pudiera completar sus exámenes médicos y que todo el procedimiento estuviera avalado por el gobierno colombiano.

En vista de la gravedad del asunto, la respuesta del gobierno Santos al embajador cubano llegó dos días después, el 24 de enero de 2018. En ella, el comisionado de paz trató de dar una explicación a la presunta irregularidad apelando a la resolución presidencial 047, del 6 de febrero de 2017, a través de la cual el gobierno autorizó los diálogos con el ELN en Quito.

En el párrafo final, Rivera simplemente le informó que “el gobierno nacional no ve ninguna objeción para la permanencia del jefe de dicha organización en territorio cubano mientras se superan sus dificultades de salud y considera este hecho como un gesto humanitario del gobierno cubano, además garante en las conversaciones, que contribuye a construir un clima de confianza entre las partes”.

Hoy, dos años y cinco meses después, ese permiso está en la mira de la Fiscalía, pues, como lo muestran los documentos, nunca se levantaron las órdenes de captura para que Gabino pudiera viajar a Cuba. A raíz de esta situación, ya con el gobierno Duque posesionado, el ELN trató de legalizar la estancia de su comandante en la isla y quiso que se prorrogara el permiso otorgado por Santos, pero fue negado.

Luego, en noviembre de 2018, Pablo Beltrán le envió dos cartas al comisionado Ceballos. En la primera le informó que haría consultas internas y que algunos integrantes de la delegación de paz regresarían al país y otros permanecerían en La Habana. Curiosamente, en ninguno de los listados aparece Gabino.

Sin embargo, diez días después, Beltrán le notificó a Ceballos que fue ratificado como jefe negociador del ELN y reveló no solo que Gabino estaba en La Habana, sino que fue nombrado miembro representante de la mesa. De esa forma, trató de legalizar la estancia del líder guerrillero en Cuba, pese a que los diálogos quedaron en el congelador tras la llegada de Duque al poder.

Mientras el gobierno Duque sigue empeñado en lograr la extradición de la cúpula del ELN que permanece en la isla, la Fiscalía tendrá el reto de desenredar la madeja de esta historia llena de maniobras y descubrir si en realidad hubo una violación de la ley al permitir que, por lo menos dos veces, Gabino viajara a Cuba.

Lo cierto es que su caso parece ser distinto al de los otros miembros de ese grupo armado ilegal que están en la isla y que el gobierno de ese país alega están protegidos por los llamados protocolos, pese a que los diálogos están rotos.

Gabino nunca fue negociador y, cuando lo nombraron en esa labor, el gobierno Duque no lo protocolizó, así como sus órdenes de captura y las circulares de la Interpol siempre han estado vigentes.

Además, en esta historia hay que tener en cuenta la reciente decisión de Estados Unidos de incluir a Cuba en el listado de países que apoyan al terrorismo. Aunque la isla está en campaña para que el gobierno de Joe Biden los retire, con todas estas pruebas quizá resulte imposible.

El pasado 11 de febrero, el comisionado de paz, Miguel Ceballos, le envió una carta al fiscal general, Francisco Barbosa, preguntando por los avances de la investigación que solicitó en 2018, en la época de Néstor Humberto Martínez.

En la comunicación, Ceballos habla de nuevas evidencias y las adjunta. Tras ser consultado por SEMANA, Ceballos prefirió no referirse al tema y dijo que esperará los resultados de la investigación de la Fiscalía.

Las explicaciones de este episodio ante la justicia y la opinión pública las tendrán que dar ahora el expresidente Juan Manuel Santos, el excomisionado de paz Rodrigo Rivera, el senador Iván Cepeda, el Gobierno cubano y su embajador José Luis Ponce Caraballo, el exministro Ramón Rodríguez Chachín y el Gobierno de Venezuela, además de Gabino y Pablo Beltrán del ELN.