¿Por qué los colombianos tendrían que pagar abogados en caso Centros Poblado?

Mientras el contratista Emilio Tapia, protagonista del escándalo de corrupción en el multimillonario contrato de conectividad del Ministerio de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, avanza en un proceso de negociación con la Fiscalía, quien fue su empleado, Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, se quedó sin abogado. SEMANA conoció un documento que advierte la renuncia del abogado, básicamente porque Duque no pagó los honorarios.

El documento se encuentra en el expediente que tiene la unidad anticorrupción de la Fiscalía y donde se siguen sumando diligencias para tratar de establecer la responsabilidad de las personas implicadas en este escándalo, entre ellos, el mismo Luis Fernando Duque, quien para la fecha de los hechos firmaba como representante legal de la unión temporal.

La renuncia del abogado, que hasta esta semana defendía a Luis Fernando Duque, ocurre justamente por la falta de pago de los honorarios que se habían pactado. Se trata de un acuerdo verbal al que llega abogado y cliente, donde las dos partes se comprometen: uno a ejercer la defensa y el otro a cancelar o pagar los servicios.

Que un abogado renuncie a una defensa no es extraño, sin embargo, el escenario en el que se encuentra el proceso de Centros Poblados en la Fiscalía resulta particularmente importante, teniendo en cuenta que mientras los implicados buscan algún tipo de negociación con la Fiscalía otros insisten en negar su responsabilidad.

Llama la atención que Luis Fernando Duque no pague los honorarios de su abogado cuando en las declaraciones de los testigos se hablaba de miles de millones que transitaron por las cuentas de la unión temporal y quienes estaban al frente del multimillonario contrato de conectividad.

“Quiero aclarar sobre giros que realicé a personas o empresas que no son proveedores. Quiero aclarar que yo le realicé dos préstamos a una familia, que son esposos, por 503.000 dólares, los cuales yo lo hice por un tema personal, pero ellos ya van a devolver el dinero. Quiero aclarar que también tomé 1.342.000 dólares para comprar un apartamento a nombre mío, pero ya solicité la devolución de ese dinero. Me giré 75.000 dólares por un tema personal”, dijo Juan Carlos Cáceres, testigo de la Fiscalía.

Ese testigo incluso aseguró que un socio de la unión temporal estaba sin carro y con la plata del ministerio, decidieron comprarle uno que les costó más de 200 millones de pesos. “Quiero dejar constancia que Robert Gómez en esos días necesitaba un dinero porque no tenía carro y yo le dije al gerente de Inselsa que le diera un préstamo a Robert de 200 millones de pesos y que yo los iba a descontar de la plata que yo había conseguido”, señaló Cáceres en la declaración que conoció SEMANA.

Justamente esta semana se conoció que la Fiscalía arrancó con los procesos de extinción de dominio en el caso Centros Poblados. Tratan de establecer que compraron y donde se invirtió el dinero entregado por el Ministerio supuestamente para iniciar el proyecto de conectividad. Revisan las cuentas bancarias y los bienes que fueron obtenidos una vez se firmó el millonario contrato.

Lo importante, por ahora y de acuerdo con lo que viene en este proceso, es que Luis Fernando Duque contrate un abogado de confianza o de lo contrario el Estado tendrá que suministrarle uno, en otras palabras, si no consigue abogado los colombianos terminarán pagando su defensa.