POLÍTICA

¿Por qué los congresistas tienen tanto tiempo de receso?

La plenaria de la Cámara lanzó un salvavidas a la reforma que busca reducir el receso legislativo.

18 de noviembre de 2021
La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, en el sexto de ocho debates, el proyecto que reduce el receso legislativo. | Foto: ana vallejo

¿Se puede creer en un empleo en el que pagan todo el año, pero solo se debe trabajar durante ocho meses y los cuatro meses restantes son de receso? Ese es el régimen que manejan actualmente los congresistas en Colombia.

Si bien muchos congresistas dicen que durante el periodo de receso sí trabajan, pues es cuando se dedican a analizar y redactar nuevos proyectos de ley o a visitar regiones para escuchar a los ciudadanos, este periodo tan extenso en el que no sesionan no ha dejado de generar indignación en la ciudadanía.

Sin embargo, este no es un asunto que sea una decisión directa de los actuales congresistas, pues ellos no tienen la potestad de decidir cuándo arranca su periodo de receso ni cuál es la duración. Este es un mandato de la propia Constitución Política.

“El Congreso, por derecho propio, se reunirá en sesiones ordinarias, durante dos períodos por año, que constituirán una sola legislatura. El primer período de sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 16 de diciembre; el segundo el 16 de marzo y concluirá el 20 de junio”, indica el artículo 138 de la carta.

Según algunos de los constituyentes contactados por SEMANA, este artículo se redactó de esta manera buscando que el Congreso interfiera lo menos posible con el trabajo del Ejecutivo, pues es bien sabido que durante el periodo de sesiones los ministros y funcionarios del Gobierno deben asistir de manera constante a debates en el Legislativo, no solo para someterse a control político, sino para impulsar proyectos.

Hay que recordar que en la Constitución de 1886 estaba consagrado que el Congreso se reunía cada dos años por 120 días.

“Las Cámaras legislativas se reunirán ordinariamente por derecho propio cada dos años el día 20 de julio en la capital de la República. Las sesiones ordinarias durarán ciento veinte días, pasados los cuales el Gobierno podrá declarar las Cámaras en receso”, indicaba el artículo 68 de la Constitución de 1886.

 Las demoras en la oficialización de los nombres al Senado tienen a más de uno con los pelos de punta, especulando y haciendo cuentas improvisadas porque a cinco meses de las elecciones pocos están haciendo campaña.
Plenaria del Senado | Foto: guillermo torres-semana

Posteriormente, este tiempo fue aumentando y con la Constitución de 1991 se hizo un nuevo incremento en el periodo de sesiones, que es el que rige en la actualidad.

Por ahora, mientras no exista una reforma a la Constitución que logre reducir este periodo de receso, los legisladores se ven en la obligación de dejar de sesionar a partir de la fecha indicada por la Constitución.

Para modificar esta realidad solo hay dos caminos, que el Gobierno nacional cite a sesiones extra, lo que obliga a los parlamentarios a sesionar en el periodo de receso, o impulsar una reforma a la Constitución que debe ser aprobada por los propios congresistas.

Esto último es justamente lo que se está buscando actualmente, pues el Congreso de la República se encuentra tramitando una reforma constitucional con el fin de reducir en un mes el periodo de receso del Legislativo.

La iniciativa, de autoría del representante Gabriel Santos, fue aprobada este miércoles en su sexto de ocho debates, pero tiene los tiempos apretados. Para convertirse en realidad debe superar dos debates más antes del 16 de diciembre, cuando justamente finaliza el periodo ordinario de sesiones del Congreso.

Reducir el periodo de receso no solo resultaría clave para que el Congreso dé muestras de querer autorreformarse, sino que se ha venido demostrando que el tiempo no está alcanzando. En el curso de las últimas doce legislaturas, se convocaron doce sesiones extraordinarias, lo cual representa un costo extra en los gastos del Legislativo.

Además, según los estudios hechos dentro del mismo Congreso, 65 % de los proyectos radicados son archivados por términos y tan solo 9 % cumple con todos los trámites para su aprobación.