¿Por qué están matando a los indígenas del Cauca?

Las cifras hablan por sí solas. Este año los grupos armados ilegales que delinquen en el Cauca ya asesinaron a 36 miembros de la comunidad Nasa que viven en esa zona. Y a ello se agrega que otros 53 indígenas fueron amenazados de muerte y ocho han sufrido atentados.

El hecho criminal más reciente sucedió el pasado sábado a las 7:30 a.m. cuando una comitiva de la Guardia Indígena se dirigía hacia Toribío para prestar apoyo a un Festival de Café, que se realizaría en ese municipio, cuando de repente el bus tipo escalera en el que viajaban fue atacado con varios disparos, al parecer de fusil.

Lo cierto es que el atentado causó la muerte de dos guardias indígenas y heridas a otras cinco personas, entre ellas un menor de siete años de edad. Para empeorar, un día antes, otro vehículo de la guardia fue impactado con disparos en el sector conocido como El Palo, entre Caloto y Toribío.

Y una semana atrás el pueblo Nasa del Cauca ya había llorado a dos de sus líderes: el médico tradicional Enrique Güejia, del corregimiento de Tacueyó; y el coordinador de la guardia indígena, Gersaín Yatacué. Ambos fueron asesinados por sicarios en hechos aislados.

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Ante semejante balance era obvio que las autoridades indígenas del departamento se declararan este fin de semana en Estado de Emergencia y esa alarmante situación motivara un pronunciamiento de la ONU, “condeno con firmeza los ataques en contra de la Guardia Indígena (..)” expresó Alberto Brunori, representante de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia.

Lo mismo hizo el Gobierno tras enviar a la zona a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, para que coordine con las autoridades indígenas las acciones que se tomarán para contener la ola de violencia contra esa comunidad ancestral.

“Tras encuentro con autoridades indígenas del Cauca para revisar situación de seguridad, acordamos reunirnos permanentemente y mantener interlocución constante. Esto con el fin de actuar coordinados y llegar a respuestas eficientes”, dijo la ministra desde su cuenta de Twitter.

SEMANA investigó el tema con varios consejeros indígenas, fuentes militares, policiales y funcionarios de la Fiscalía en esa zona del país, y la conclusión es que detrás de esos atentados estaría un grupo disidente de las Farc que no se desmovilizó y que en la actualidad se autodenomina columna móvil Dagoberto Ramos.

Esa disidencia al igual que otros grupos armados ilegales que delinquen en el Cauca, tienen a las autoridades indígenas y en especial a la guardia entre ceja y ceja, porque por cuenta del control territorial que ellos ejercen dentro de los resguardos, les están propinando golpes a su estructura criminal.

Uno de los consejeros indígenas del norte del Cauca y que por razones de seguridad pidió omitir su nombre, no dudó en relacionar los ataques criminales que han sufrido sus comuneros y guardias, con las capturas y las incautaciones que les han propinado este año.

“Esos ataques y amenazas aumentaron desde hace dos meses para acá cuando detuvimos a dos disidentes que se habían robado un camión con arroz, sumado a la captura de otros dos involucrados en el asesinato del líder social Daniel Rojas. En total tenemos a ocho disidentes detenidos a la espera de ser condenados por nuestra jurisdicción especial indígena”, aseguró el consejero.

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El líder de la comunidad Nasa explicó que ellos ya tienen claro que detrás de esas acciones violentas están los exguerrilleros alias Barbas y El Indio, “quienes se estarían enfrentando por el dominio territorial del norte del Cauca”, aseguró.

En efecto, fuentes militares confirmaron a esta revista que alias Barbas y El Indio son los nuevos azotes del norte del Cauca y son quienes lideran la disidencia que se conoce como la columna móvil Dagoberto Ramos.

Esas mismas fuentes oficiales recordaron que a esos dos disidentes el Ejército los capturó el pasado 22 de julio en un bar del corregimiento El Palo, jurisdicción de Caloto, “pero les fueron arrebatados por la comunidad que se opuso al arresto”.

En la actualidad la Fiscalía no pudo precisar si esos disidentes quedaron bajo la custodia de la autoridad especial indígena o fueron liberados, “si bien con ellos (autoridades indígenas) hemos compartimentado información sobre acciones judiciales que llevan a cabo bajo su jurisdicción, hay momentos en los que ese intercambio no fluye. Tampoco tenemos datos de las incautaciones de cargamentos de marihuana o coca que han hecho”, explicó un asesor de la Fiscalía en Cauca.

Esa misma fuente dijo que a la fecha dicha entidad no está en capacidad de confirmar o desmentir la presencia de narcotraficantes mejicanos emisarios del Cartel de Sinaloa, “tenemos los mismos panfletos y datos, pero aún no hay nada concreto”, recalcó el asesor de la Fiscalía.

Más allá de esos datos, lo cierto es que las autoridades indígenas vienen siendo objeto de amenazas desde el año pasado, por cuenta del control territorial que están ejerciendo en sus territorios.

Prueba de ello es que desde noviembre de 2018 esa organización criminal declaró como objetivo militar a los indígenas del Cauca, Valle, Huila y Tolima. Lo hicieron a través de un panfleto intimidante y el hecho fue denunciado en su momento por la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).

“El viernes 9 de noviembre de 2018, en el caserío del corregimiento de Rionegro, municipio de Íquira, Huila, aparecieron en sus calles panfletos firmados por un grupo autodenominado “columna móvil Dagoberto Ramos Farc-EP” en las que se amenaza a los cabildos indígenas del Valle del Cauca, Cauca, Tolima y Huila, especialmente su guardia indígena”, denunció la Onic.

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La amenaza decía textualmente: “Hacemos un llamado a los comuneros del Valle, Cauca, Huila y Tolima a la reflexión porque algunos líderes indígenas están haciendo el trabajo de policías, sijin, ejército y otros organismos del gobierno colombiano. Como ejemplo pueden ver la acción que hizo la guardia en Inzá, Cauca, de igual manera están actuando con nuestras unidades farianas capturando nuestra gente y ellos mismos acusándolos de cosas que les competen a las fuerzas del gobierno”, dice uno de los puntos del panfleto amenazante.

Los consejeros nativos se tomaron en serio esa advertencia porque en la región es claro que varias de las muertes de líderes indígenas y sociales ocurridos desde el año pasado, se le han atribuido a ese grupo disidente que entró en una guerra a muerte con los Pelusos, comandados por alias W y Grandote, éste último al parecer fue abatido por el Ejército.

La radiografía más acertada del problema la hizo Eduar Dagua, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) al argumentar que, “por control territorial y la incautación de cargamentos, nos la están cobrando”.