Más de 500 mil niños del país no están recibiendo el complemento alimentario, ¿qué pasa?

En la memoria de los colombianos todavía rondan las imágenes de los alimentos en mal estado que recibieron algunos niños en La Guajira o del sobrecosto de las pechugas de pollo en Cartagena. Para muchos, la sensación es que el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que permite que casi cinco millones de niños reciban un complemento de comida en las escuelas y colegios públicos del país, es un proyecto muy complejo de ejecutar y permeable a la corrupción.

Desde hace varias semanas los gobernadores no quieren cargar más con la contratación de este programa, que al año vale 1.6 billones de pesos, porque dicen que no cuenta con los recursos suficientes y proponen entregárselo a un organismo del gobierno que se dedique a la administración de la alimentación de los niños. ¿Por qué los mandatarios no quieren manejar un programa multimillonario y popular que muchos se pelearían por tener un pedazo de semejante ponqué?

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Hasta 2013, el PAE era manejado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que se encargaba de contratar los diferentes proveedores y contratistas. En 2014 el programa fue asumido por el ministerio de Educación. Sin embargo, para descentralizar el programa, flexibilizarlo y adaptarlo a las necesidades y realidades de cada departamento y municipio, en 2016 el Gobierno Nacional se los entregó a los gobernadores y alcaldes, pero quedaron muchas zonas grises que hoy tienen molestos a los mandatarios regionales.

En la actualidad, 533.000 niños que ya empezaron clases no están recibiendo su complemento alimenticio. Esto, porque departamentos como Cundinamarca, Sucre y Quindío; o ciudades como Santa Marta, Montería, Sincelejo, Armenia, Yopal, Piedecuesta, Girardot, Lorica, Pitalito o Sahagún no han iniciado el proceso de contratación o deben iniciarlo de nuevo porque se declaró desierto. En otras palabras, cerca del 10 por ciento del total de los niños reportados en el Sistema Integrado de Matriculas (Simat), no están recibiendo bocado alguno.

El PAE es de vital importancia para los niños del país, porque busca promover la permanencia de los estudiantes en los colegios, por medio de la entrega de unos complementos alimenticios, priorizando a los estudiantes de jornada única.

“Estamos cofinanciando unos recursos muy grandes, inclusive con regalías porque ya no tenemos recursos propios. La otra cosa es que en la ejecución los operadores a veces tienen problemas y nosotros somos los que tenemos responsabilidad sobre eso. No nos interesa contratar el PAE, si lo contratan desde Bogotá mandamos la cofinanciación porque todo es un problema, la ejecución es un problema, la contratación es problema. Estamos preocupados y queremos que nos apoyen y ayuden el Ministerio y la Procuraduría”, dijo Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

Precisamente el PAE tiene varias complejidades, que incluso algunas de ellas han sido reconocidas por el gobierno. No es fácil hacer el seguimiento de los 1.100 municipios de Colombia, además en muchos lugares se evidenció la doble contratación, es decir, que en una misma institución educativa llegaban alimentos contratados por la gobernación y a su vez por las alcaldías. Los recursos, al provenir de distintas fuentes (Ministerio de Educación, Sistema General de Participaciones, regalías y recursos propios de alcaldías y gobernaciones), requieren que los gobernadores tengan una capacidad de planeación precisa para que la contratación de alimentación llegué todo el año sin contratiempos y una capacidad de trabajo en grupo con los alcaldes.

Por otra parte, el acceso a algunos municipios es complejo y son muchos los colegios en el país que no cuentan con la infraestructura suficiente para conservar los alimentos. Todo esto torna complejo la ejecución del PAE, eso sin llegar hablar de la corrupción, el mal mayor y por el que tanto gobierno, como gobernadores piden se apliquen máximas penas.

A estas complejidades se suman las acciones de los organismos de control. Tanto la Contraloría General como la Procuraduría han estado encima del PAE y han denunciado una gran cantidad de irregularidades que se han presentado en todo el país, que van desde retrasos en la entrega de comidas, la mala calidad de los alimentos hasta casos de corrupción como la investigación que se adelanta contra la ex secretaría de educación de Santander, Ana de Dios Tarazona. Esto ha hecho que los gobernadores también se sientan alertados y teman ser investigados o empapelados porque no es claro cuáles son sus obligaciones y cómo se mide la ejecución del programa. Los gobernadores están de acuerdo en darle un golpe a los corruptos, pero no quieren cargar con toda la responsabilidad de la operación del PAE.

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Pero no toda la culpa la tiene la estructura del PAE, de hecho, hay casos exitosos como el de Boyacá. Y también es cierto que los gobernadores no requieren de todo el dinero en un mismo día, podrían hacer una planeación anual para que se dé continuidad a la ejecución de los contratos previendo con antelación cuando necesitan realizar adiciones de contratos, nuevas licitaciones y demás. Además los gobernadores deben tener la capacidad de coordinar y trabajar de la mano con los demás alcaldes de su departamento para sacar el PAE adelante, incluso podrían juntar todos sus recursos y contratar un gran operador con suficiente capacidad.

“Los recursos asignados no son suficientes para la ejecución del PAE, que es difícil debido a la ruralidad y a la dispersión de la población. Además el flujo de recursos es discontinuo para los procesos de contratación, lo que conlleva a las entidades tengan que realizar metodologías diferentes de licitación, sumado a que los equipos de administración y seguimiento del PAE a nivel territorial no tienen recursos humanos, financieros y técnicos suficientes para un adecuado monitoreo, evaluación y control”, manifestó Carlos Julio González, gobernador del Huila.

Salvando el PAE

El gobierno no ha hecho oídos sordos a las recomendaciones de los gobernadores y los organismos de control. De hecho, lleva trabajando desde hace varias semanas en una propuesta que será presentada la próxima semana a los gobernadores y entes de control; y que podría salvar el PAE y promover la llegada eficaz de los complementos alimenticios a los niños y que sean de calidad.

La primera medida está encaminada a mejorar la bolsa común. Los recursos del programa no irían a los 1.100 municipios, sino solamente a 95 entidades territoriales certificadas, es decir a los 32 departamentos y algunas capitales, ciudades y municipios que tienen la capacidad suficiente para manejar el dinero y realizar la contratación y la administración del programa. De esta manera el ministerio de educación también podría dar una mejor asistencia técnica.

También se pretende mejorar los criterios de focalización y priorización de los beneficiarios del PAE, que es un complemento alimenticio que no debe llegar al cien por ciento de los niños sino a los que de verdad lo necesitan.

“El PAE es un programa de gran importancia, que muchas veces es satanizado pero que ha ayudado a millones de niños y tiene casos exitosos. Tenemos que reivindicar el PAE y su valor, es un programa con muchas complejidades porque llega a zonas de difícil acceso en los diferentes lugares donde no hay las mismas capacidades, ni los mismo operadores por eso hay que seguir desarrollandolo. La solución tiene que salir de todos, nosotros ya tenemos una propuesta que está siendo estudiada en Hacienda y Planeación para hacer una de gobierno y luego complementarla con los gobernadores”, declaró Yaneth Giha, ministra de Educación.

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Una de las medidas que más llama la atención y que podría ayudar a resolver muchos de los cuestionamientos del PAE es la creación de una agencia que sea especializada en el tema de alimentación escolar, desde este organismo se darán los lineamientos para la contratación y administración del programa, podría hacer un mejor seguimiento a nivel nacional y dar asesoría a los entes territoriales. Además de ser necesario podría operar en los lugares del país donde no haya capacidad suficiente para lograr el funcionamiento correcto del PAE.

Pero este organismo especializado no asumiría la contratación o la operación del PAE, dentro de sus funciones harían estudios de mercado con el fin de lograr una estandarización de precios y regulación por regiones, en la actualidad esta es una de las grandes dificultades que tiene el programa.

Por último se busca tener una base con los colegios cuya infraestructura es deficitaria y no permiten el correcto funcionamiento del PAE, ya que no cuentan con restaurantes escolares y cocinas. Una vez se sepa la cantidad de colegios con estos problemas se podrán buscar soluciones y que los niños tengan su alimentación garantizada.

Se espera que la próxima semana los ministerios de Educación y de Hacienda, junto con Planeación Nacional, presenten una nueva propuesta del PAE, que blinde los recursos de la alimentación para los niños y que no dé cabida a la corrupción. La Procuraduría, por ejemplo, presentó algunas propuestas que podrían ser tenidas en cuenta, como crear un Registro Único de Proveedores, diseñar e implementar mejores esquemas de vigilancia de los contratos, requerir el acompañamiento y apoyo de las secretarías de salud con competencias para revisar el estado de los alimentos y el estado nutricional de los beneficiarios del programa, entre otras.

Lo cierto es que mientras el gobierno y los gobernadores intentan llegar a un acuerdo sobre el futuro del programa, ya hay en las aulas 533.000 que no están recibiendo su complemento alimenticio, algo inaceptable si se sabe que desde el año pasado, los entes territoriales sabían que tenían que financiar y contratar.