¿Por qué los militares y policías víctimas de las Farc no podrían ocupar las curules de paz?

El 26 de agosto, y tras una intensa controversia jurídica por las curules de paz, el Gobierno Duque promulgó el acto legislativo que les dio vida a estos escaños, con vigencia de ocho años a partir del 20 de julio de 2022 cuando los elegidos se posesionen en la Cámara de Representantes. En medio del debate, quedó claro que los protagonistas deben ser las víctimas del conflicto.

El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, recuerda que dichas curules también pueden ser ocupadas por miembros de la Policía y de las Fuerzas Militares en retiro que hayan sufrido las consecuencias de la guerra. En el registro hay 245.000 víctimas que pertenecieron a la Policía o a las Fuerzas Militares y podrían aspirar a las elecciones del próximo 13 de marzo. Según datos oficiales, las víctimas entre la fuerza pública ascenderían a 400.000, pero varias, por estar aún activas en el servicio, no pueden participar en la contienda. Incluso, es posible que haya un subregistro, pues algunos no fueron reconocidos como víctimas y otros se abstuvieron de inscribirse.

En el acto legislativo aprobado por el Congreso, hay condiciones y requisitos que deben cumplir quienes buscan postularse. Allí podría presentarse una desigualdad de condiciones para quienes enfrentaron la guerra desde la institucionalidad. En el texto aprobado, se pactó que deben estar incluidos en el registro de víctimas; estar inscritos por organizaciones sociales, étnicas, campesinas o de víctimas acreditadas en los territorios donde se otorgarán las curules de paz; y que hayan vivido en la circunscripción respectiva al menos en los últimos tres años.

Este último requisito les traería problemas a los militares retirados. El general (r) Luis Mendieta asegura que los afectados por el conflicto que pertenecieron a la Policía o las Fuerzas Militares viven en ciudades capitales y muy pocos, en zonas rurales, por lo que no cumplirían las exigencias. “Teóricamente, todos pueden aspirar, pero se hizo la trampa y nos sacaron de taquito. Muchos quisiéramos participar, pero no cumplimos con los requisitos”, señala.

Mendieta, quien estuvo secuestrado por las Farc durante 12 años, cree que las curules de paz serán ocupadas por personas bajo presión de grupos armados que incidirán en la inscripción, campaña y elección al ubicarse en zonas históricamente afectadas por la guerra. Él interpuso recientemente una tutela en Medellín para dar la pelea jurídica, pero perdió ese primer round y ahora espera que la Corte Constitucional se pronuncie. A su juicio, debería existir “una circunscripción nacional para que participen todas las víctimas”.

John Frank Pinchao es menos prudente y asegura que esas curules de paz “serán para la guerrilla, y lo preocupante es que podrán tener mayorías para aliarse con la izquierda del país”. La teoría del intendente (r), secuestrado durante nueve años por las Farc y logró escaparse, es que el partido Comunes, que ya cuenta con diez curules, tendrá 16 más, por lo que empezarían a contar con una mayoría en el Congreso. “Eso fue una ilusión. Cuando nos explicaron ese tema, supimos desde el principio que quedamos por fuera; ahí no habrá curules para víctimas”, señala Pinchao.

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore) sería la única que podría agrupar a las víctimas y, tal vez, presentar algunos candidatos en esa elección atípica. Pero el panorama no es fácil, ya que los militares no cuentan con una preparación política, y explorar ese camino podría resultar espinoso. Acore tiene 16 seccionales en el país con presencia en las regiones donde se elegirán las curules de paz.

“Buscaremos entre los afiliados de Acore para determinar que se cumpla el requisito. Pero será muy difícil hacer campaña en esas regiones. Un exmilitar no puede entrar a esas zonas, porque hay grupos armados”, dijo el coronel (r) John Marulanda, presidente de esta asociación. Él reconoce que no será una tarea fácil, pues una víctima del conflicto no querrá volver a las regiones. “El tema psicológico juega un papel fundamental. Las torturas, secuestros, mutilaciones y todo lo que sufrieron impide ese trabajo político”, señala.

Sin embargo, tiene claro que quienes lleguen a ocupar esos escaños estarán bajo presión de grupos armados y no habrá una representación real de las víctimas del conflicto. Por ese motivo, el panorama para los militares en retiro está nublado. Los defensores de las curules de paz aseguran que hay una igualdad de condiciones para quienes quieran llegar a ellas, pero en la práctica ese requisito de territorialidad deja a los militares por fuera de la contienda.

Las curules, que coinciden con 16 regiones PDET, se elegirán en municipios de Cauca, Nariño, Caquetá, Antioquia, Cesar, Arauca, La Guajira, Meta y Norte de Santander. Mientras la Registraduría avanza en la logística, la Corte Constitucional tendrá la última palabra por la petición de varias organizaciones de víctimas para que se ajusten esas condiciones o se suspenda el proceso, por lo menos en 2022.