¿Por qué salvar a la JEP?

En los últimos días, la comunidad internacional le dio un nuevo espaldarazo a la Jurisdicción Especial para la Paz. En su reciente visita a Colombia, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, le reiteró al presidente Iván Duque el compromiso de su país como garante del acuerdo final con las Farc, en particular en lo concerniente a la justicia transicional. Lo mismo hizo el príncipe noruego Haakon Magnus, quien luego de reunirse con varias víctimas del conflicto, felicitó al presidente Duque por el trabajo de la JEP y de la Comisión de la Verdad.

El propio gobierno de Duque se ha encargado de reforzar ante el resto del mundo su compromiso con la paz. A finales del año pasado, el mandatario y su canciller, Carlos Holmes Trujillo, reiteraron ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas su compromiso con la implementación del acuerdo. Fue tan enfático el mandatario en el interés de cumplir lo acordado, que los exmiembros de las Farc, académicos, analistas y distintos sectores políticos que respaldaron el Sí en el plebiscito se desmontaron de las prevenciones que tenían frente al futuro de la paz ante la llegada de un gobierno uribista.

Sin embargo, ha vuelto a generar alertas entre los defensores de la paz la posibilidad de que en los próximos días el presidente objete el proyecto de Ley Estatutaria de la JEP, que regula el funcionamiento de la justicia transicional. No solo porque no sancionar ese proyecto daría un golpe efectivo y simbólico a la columna vertebral del acuerdo de paz, sino porque esa eventual objeción iría en contra de buena parte de la institucionalidad judicial y política del Estado colombiano.

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Hasta el momento, se sabe que al presidente y a su equipo de colaboradores más cercanos les suena mucho objetar la iniciativa por razones de inconveniencia. En campaña, Duque insistió que no está conforme con que la jurisdicción especial pueda juzgar los delitos sexuales contra menores de edad. Y la semana pasada, sectores del Centro Democrático, liderados por el representante José Jaime Uscátegui, pidieron al mandatario objetar el proyecto con el argumento de que “los derechos de los niños son prevalentes” y que por ello la justicia ordinaria debe conocer los delitos relacionados con los mismos. Esa petición tiene dos paradojas. En términos personales, el representante es hijo del general Uscátegui, condenado por la masacre de Mapiripán, quien se presentó a la JEP para tramitar su caso. Y en términos institucionales, aun si se quita en la Estatutaria la facultad de que la JEP juzgue esos delitos, podría seguir haciéndolo. No en vano, en el texto constitucional que la creó, quedó establecido que esta jurisdicción deberá abordar cualquier delito sin distinciones si le encuentra relación con el conflicto armado.

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A los estímulos del partido de gobierno para que el presidente Duque objete, se suma el hecho de que varios de sus coequiperos, como la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, han dicho que se requieren cambios en el proceso de extradición para quienes acuden a la JEP (se manifestó explícitamente en el caso de Jesús Santrich) y que debería existir una sala especial de juzgamiento para militares. El Centro Democrático presentó un proyecto en este sentido, que terminó hundido el semestre pasado.

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Varios constitucionalistas consultados por SEMANA consideran que estos cambios no pueden hacerse por medio de una objeción, con la idea de que el proyecto de ley vuelva al Congreso. En otras palabras, argumentan que el Acto Legislativo que le dio vida a la JEP está vigente y ya hace parte de la Constitución. “Reformar aspectos como los mencionados, requeriría una reforma constitucional”, asegura Rodrigo Uprimny, uno de los consultados.

En caso de que el presidente quisiera objetar el proyecto, estaría desconociendo en primer lugar el trabajo del Congreso. Este lo aprobó a finales de 2017 después de tramitarlo vía fast track. En la votación a favor estuvieron la mayoría de los partidos incluidos algunos, como el Conservador, que hoy forman parte de la coalición de gobierno.

Pero más grave que eso, la objeción supondría desconocer un acucioso trabajo que hizo la Corte Constitucional a favor de la Ley Estatutaria. Durante más de un año, los magistrados analizaron el texto y le introdujeron ajustes que volvieron al legislativo a finales del año pasado. Después la ley estuvo estancada más de un mes y del texto final del Senado desaparecieron algunos renglones, según Ernesto Macías, presidente del Senado, por “problemas con una impresora”. Pero por fin la semana pasada el proyecto llegó al despacho presidencial para su sanción.

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Desde una perspectiva institucional, si el presidente Duque decide objetar y devolverle al Congreso el proyecto de ley, también podría poner en juego los planteamientos que hizo en 2017 el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, frente a la JEP. El fiscal criticó las sugerencias hechas por la corte después de revisar el proyecto, algunas de sus observaciones previas habían sido incorporadas en el proyecto de Ley Estatutaria cuando se discutió en el Congreso. Entre ellas, asegurar que los procesados por la justicia transicional que no entreguen información sobre delitos relacionados con el narcotráfico incurrirán en una falla grave. Y abrir la posibilidad de que quienes cometan esas ‘fallas graves’ deberán volver a la justicia ordinaria.

Las víctimas también saldrían afectadas en caso de una objeción. Durante el debate del proyecto, los entonces senadores Claudia López y Juan Manuel Galán, así como la representante Angélica Lozano, impulsaron que las víctimas participaran en cada uno de los procedimientos de la JEP. Con el apoyo de sus partidos, lograron que pudieran acceder no solo a la verdad histórica mediante la Comisión de la Verdad, sino a una verdad judicial, concreta y específica para cada caso. Elementos como ese no aparecen en la Ley general de la JEP y caerían de plano si el presidente devuelve al Congreso el proyecto de Ley Estatutaria. “Si eso sucede, las víctimas perderían la única garantía que les queda para conocer la verdad de cada caso, la cual constituye la reparación más importante”, asegura Galán.

El jueves Timockenko, exjefe militar de las Farc y jefe actual de su partido político, acudió a la Sala de Reconocimiento y Verdad de la JEP. Allí compareció durante más de diez horas, en el caso 001 sobre la práctica del secuestro en la guerrilla. Como Timochenko cerca de 10.000 exguerrilleros han suscrito actas para acogerse a la justicia transicional. Objetar la estatutaria, en parte, significaría ponerles conejo a esos reincorporados que creyeron en el acuerdo de paz, pero también a miles de militares (1.914 hasta el momento), que quieren entrar a hacer parte de la justicia transicional y que están a la espera de amnistía en procesos puntuales, a cambio de comprometerse a contar la verdad sobre su eventual participación en delitos relacionados con el conflicto armado.

Entre ellos se encuentran altos oficiales como Uscátegui y  Rito Alejo del Río, condenados por la masacre de Mapiripán; y Mario Montoya y Henry Torres Escalante, involucrados en los escándalos de falsos positivos. Al menos otros cinco generales están pendientes de presentarse a la Jurisdicción Especial.

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Finalmente, si el gobierno decide objetar la Ley Estatutaria, le haría conejo a su propio discurso de campaña. Al devolverla al Congreso todo podría pasar. Por un lado, el Ejecutivo no tiene mayorías en el Senado ni en la Cámara, lo cual implicaría para Duque un riesgo de derrota, Pero, por otro, la campaña de desprestigio de algunos sectores de ultraderecha contra la Justicia Transicional ha sido tan dura, que no es claro que para muchos congresistas sea rentable políticamente defenderla. En ese contexto, el peor de los escenarios sería uno que siempre hay que considerar: que la discusión de las objeciones tome meses y sufra múltiples dilaciones. Mientras tanto la JEP tendría que seguir trabajando con las herramientas que ya tiene, pero quedaría en el peor de los mundos para quienes la respetan y para quienes la critican. En otras palabras, por tratar de limitar su alcance, si el gobierno decide objetarla, podría terminar por darle mayor autonomía al no concretar sus procedimientos. Sin la Estatutaria, los propios magistrados de la Jurisdicción tendrían que acudir a su discrecionalidad para determinar sus procedimientos.

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En el caso de que el presidente decida presentar una objeción parcial, solo quedarían en el limbo asuntos relacionados con ella. Estos podrían ser temas como la extradición, el juzgamiento de militares o el procesamiento de agresiones contra menores. Los miles de miembros de la fuerza pública que esperan que la JEP los oiga podrían quedar en el limbo, y la salida al caso de la extradición de Santrich enfrentaría una confusión institucional mayor de la que hoy ya existe.

El presidente Duque tiene 20 días para sancionar u objetar la Ley Estatutaria, que ya empezaron a correr. Según dijo a los periodistas en la rueda de prensa con el presidente de Alemania se tomará todo el plazo. En ese tiempo el presidente tendrá que poner en la balanza, de un lado la posición política de los miembros de su partido y la popularidad que eventualmente le da su discurso de mano dura y, por el otro, el traumatismo que generaría objetar el proyecto de ley. Parte de ese traumatismo tendría que ver con que rompería su promesa de respetar lo acordado, y de no hacer “trizas ni risas la paz”. De lo que decida, además, dependerá la imagen del Ejecutivo ante las otras ramas del poder público y ante la comunidad internacional.