¿Por que se disparó el narcotráfico en Colombia?

El país cumple cinco años de un debate intenso sobre el aumento de las hectáreas de cultivos ilícitos, pero en el que abundan las percepciones y gobiernan las militancias. Hace falta una reflexión calmada que logre integrar todas las alternativas y visiones a la luz de la evidencia, con el fin de romper el camino hacia un escenario desastroso de crimen, violencia y corrupción.

Numerosos expertos han hecho esfuerzos por explicar cómo únicamente el desarrollo rural es la ruta efectiva en la lucha contra la producción de narcóticos, junto con la legalización absoluta de la cadena del negocio y del consumo. Frente a estas dos opciones es difícil tener algún reparo desde una mirada académica.

Por otra parte, se insiste en el impacto de la erradicación y la destrucción de infraestructura para la producción de narcóticos en la salud pública y en los ecosistemas. Sobre esto, se extrañan más estudios desarrollados por biólogos y médicos con experticia en el monitoreo de poblaciones controladas, así como el análisis detallado de los efectos de los residuos derivados de la producción de drogas en poblaciones, cuerpos de agua y territorios de esos mismos ecosistemas, para avanzar hacia pruebas concluyentes.

Adicionalmente, se insiste en que la aspersión es catastrófica contra los cultivos lícitos y que los verdaderos afectados son los campesinos y pequeños productores. No obstante, de acuerdo con un estudio del economista Juan Felipe Campos, de la Universidad de los Andes, presentado en 2020, no se encuentra evidencia estadística suficiente para afirmar la existencia de un efecto promedio de las aspersiones aéreas con glifosato sobre la producción agrícola de cultivos como yuca, plátano, maíz, café y cacao.

Tomando como referencia exclusivamente los argumentos en contra, el país solo tendría como opción confiar en la buena voluntad de los narcotraficantes, desarrollo inmediato de la ruralidad –pendiente los últimos 200 años– y un cambio dramático de la postura global frente a los narcóticos. Una fórmula que no es seria, realista ni realizable.

El comportamiento de los cultivos ilícitos en Colombia está directamente relacionado con la capacidad del Estado de ocupar las zonas de cultivo, bloquear las rutas de tráfico y abastecimiento de insumos, así como de negarle a las organizaciones criminales su poder de control social y económico en las regiones.

La primera vez que se intentó avanzar en este sentido se remonta al año 2001 con la ejecución de la Operación Tsunami, una megaintervención de la fuerza pública que buscaba frenar el crecimiento del narcotráfico en la llanura del Pacífico. Sin embargo, esa operación fue temporal dadas las capacidades limitadas de las Fuerzas Armadas, con los efectos ya conocidos en desconfianza local y violencia causada por narcos y guerrilleros.

El Plan Colombia fue la base de generación de las capacidades necesarias para hacer que las intervenciones en los territorios no fueran temporales. Sumado a esto se crearon instancias de coordinación integral y planes articulados para la atención de las poblaciones en zonas recuperadas. Este concepto estratégico, según cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), logró la disminución de 163.000 hectáreas en 2000 a 78.000 en 2006, resultado que contrasta con el relato creado sobre el supuesto fracaso del Plan Colombia.

Sin embargo, en 2007, como resultado de la adaptación criminal, se aprecia un quiebre en la tendencia a la baja con un incremento en los cultivos del 27 por ciento. En ese año, con el liderazgo del exministro Juan Carlos Pinzón –entonces viceministro–, se dio una transformación hacia una estrategia integral de lucha contra las drogas que combinaba las líneas de acción usadas hasta el momento –aspersión, seguridad de área y acción integral– con nuevas modalidades de erradicación, junto al fortalecimiento de las capacidades de interdicción terrestre, naval y aérea, así como la masificación de las operaciones contra redes logísticas y de seguridad.

En 2011 surgió una nueva alerta de estancamiento de la reducción, frente a la cual el Ministerio de Defensa respondió con el plan Espada de Honor, enfocando la visión territorial y la estrategia de las Fuerzas Armadas en la desarticulación definitiva de los grupos involucrados en esta actividad. La innovación también consideraba una respuesta nacida en la frustración. El Ministerio de Defensa destinó USD 200 millones a la acción integral en estas zonas, dado que el despliegue de las agencias del Estado no relacionadas con el sector defensa y seguridad seguía siendo insuficiente, por no decir inexistente.

Esto permitió que en 2013 se registrara el número más bajo de producción de cocaína –290 toneladas– y de hectáreas de coca desde que se hace ese conteo –48.000 hectáreas–, así como una mejora significativa de la protección de la población y de los territorios. Esto fue lo que obligó a las FARC a insistir en la negociación, dada la pérdida de presencia territorial, de recursos para delinquir y su debilitamiento por los golpes decisivos de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, la capacidad de adaptación alcanzada por el Ministerio de Defensa y la fuerza pública no se replicó en el resto del Estado. La institucionalidad desarrollada por el primer gobierno Santos terminó presa de la micropolítica del Congreso y comenzó el abandono del camino exitoso con la poca efectividad de la Unidad para la Consolidación Territorial y el desmonte de los Grupos Móviles de Erradicación.

De otra parte, mientras que el Gobierno promocionaba las negociaciones con las FARC como una ruta expedita para terminar con este flagelo, los intereses políticos y económicos guerrilleros en el punto 4 del Acuerdo terminaron presionando el desmonte de las herramientas disuasivas. Las concesiones otorgadas en este sentido se evidencian con la suspensión de la erradicación en el Catatumbo, en agosto de 2013, en el Putumayo en 2014 y la prohibición definitiva del uso de la aspersión –solo para cultivos ilícitos– en mayo de 2015.

Ese año, el Ministerio de Defensa y el secretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos de EE. UU., William Brownfield, expresaron al Gobierno nacional preocupaciones frente a los efectos del desmonte de la estrategia integral en el aumento de los cultivos, la resiembra, el constreñimiento criminal y el comercio ilícito de drogas e insumos. Tal como se advirtió, los avances de casi dos décadas se perdieron: en 2017 el país registró el mayor número de cultivos de la historia, 171.000 hectáreas.

El debilitamiento de la estrategia integral permitió que en 2019, por primera vez, aumentara la producción de alcaloides con una reducción de cultivos. Asimismo, que en 2018 los municipios cocaleros registraran una tasa de homicidios de 132 por cien mil habitantes, el asesinato de más de 900 líderes sociales, el recrudecimiento del reclutamiento forzado de menores y el crecimiento de la extorsión. De otra parte, se causó un daño ambiental de magnitudes no calculadas por los vertimientos, destrucción de suelos y deforestación causados por la mayor producción potencial de clorhidrato de cocaína, 1.340 toneladas.

También se abrió el camino para el surgimiento de amenazas externas de alto riesgo para la seguridad nacional. El régimen venezolano, que además de lucrarse del narcotráfico apoya a grupos armados ilegales con potencial de convertirse en proxys, y los narcos mexicanos que participan directamente en el impulso de la violencia extrema y la corrupción en el país.

Desmontar las herramientas disuasivas, debilitar la acción integral enfocada en el desarrollo rural y de los territorios, limitar la capacidad de despliegue del imperio de la ley y permitir la reducción del pie de fuerza en al menos 60.000 efectivos, es la causa real del aumento de los cultivos ilícitos en Colombia.

El narcotráfico se desarrolla en medio de una suma de factores multicausales. Enfrentarlo de manera exitosa y sostenible exige la combinación simultánea de herramientas disuasivas, asistenciales y de desarrollo. Entre 2000 y 2013 las instituciones, la comunidad internacional y los ciudadanos colombianos entendieron esta clave.

Como en el póker, en la lucha antinarcóticos no se debe cambiar de estrategia cuando se va ganando la partida.

*Analista de seguridad y defensa nacional. Coordinador del Plan Colombia. Ex Director de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional.