¿Por qué se enredó la Ley de borrón y cuenta nueva que beneficia a millones de morosos?

El 9 de junio de 2020 fue aprobada la “Ley de borrón y cuenta nueva”, como es conocida popularmente. En esencia contempla que los reportados en las centrales de riesgo, una vez salden sus deudas, puedan volver a solicitar préstamos. Se calcula que unos 8 millones de colombianos se beneficiarían con el proyecto.

Los congresistas que lograron sacarla adelante critican que hasta el momento la ley no ha podido ser sancionada. El proyecto se encuentra en trámite en la Corte Constitucional y no ha sido estudiada por los magistrados por falta de unos documentos.

El pedido lo hace el representante a la Cámara César Lorduy, de Cambio Radical, quien fue uno de los coordinadores ponentes de la iniciativa. Los autores son David Barguil, del Partido Conservador, y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, quienes también han elevado la petición.

El problema radica en que desde la secretaría de la Cámara de Representantes no han enviado las actas del trámite legislativo solicitadas por la Corte para estudiar el proyecto.

“Los ciudadanos la anhelan como todos los colombianos que hemos sufrido la crisis. En el caso de los informales, les impide tomar créditos; a los estudiantes, les impide acceder a créditos como Icetex; otros millones que no pueden aspirar a los subsidios de vivienda del Gobierno. Por donde se mire hay gran cantidad de colombianos afectados y más en esta época de pandemia”, dijo Lorduy.

Otro de los documentos que estaba haciendo falta por llegar a la Corte era una respuesta por parte del Ministerio del Interior, en la que se constatara que se realizó una consulta previa con comunidades indígenas. El Gobierno respondió que en este caso no era necesario, ya que es una ley que cobija a todos los colombianos por igual. Este documento fue enviado el 26 de enero de 2021.

Lorduy dice que si se hubieran cumplido los tiempos como estaba esperado, la ley entraría en vigencia desde abril de 2021. Sin embargo, ahora el proceso de estudio de la Corte se demorará otro tiempo mientras se estudia su viabilidad constitucional.

“No es posible siquiera establecer una fecha tentativa de expedición de una decisión por parte de la Corte Constitucional, debido a que los documentos que se requieren para tomar la misma y que son necesarios para que el proyecto siga siendo estudiado, hasta la fecha no han sido allegados por la Cámara”, señala el representante del Atlántico.

Una vez lleguen los documentos a la Corte, el proceso que resta es que los magistrados los evalúen junto con las demás pruebas. Después, la Procuraduría se deberá pronunciar en menos de 30 días, al igual que los ciudadanos tendrán 10 días desde ese mismo término; luego los magistrados tendrán 70 días para definir si la aprueban y después sí pasaría a sanción presidencial.

La Corte Constitucional argumenta que aún hacen falta 3 actas que no han sido enviadas por la secretaría de la Cámara para que los magistrados sigan adelante con el proceso.

El secretario de la Cámara, Jorge Humberto Mantilla, respondió el 3 de febrero una solicitud del Alto Tribunal diciendo que el retraso de algunos archivos se debe a que aún no han sido publicados porque se encuentran en proceso de edición en la Imprenta Nacional.

SEMANA se comunicó con Mantilla, quien aseguró que en esta semana espera que salgan los archivos que ya están en la Imprenta y señaló que efectivamente hay retrasos por varios motivos. El principal sería que solo el proyecto de borrón y cuenta nueva tiene varios folios, según dice, porque las intervenciones en medio de la virtualidad se han extendido hasta el doble de tiempo y esto ha hecho que los funcionarios de la Cámara tengan una mayor demanda y que los funcionarios han tenido que hacer un esfuerzo extra.

“Estamos resolviendo el tema. En total son unos 3.500 folios y solo de esa ley son de 200 a 300. Con las dificultades de las sesiones virtuales ha colapsado, han aumentado hasta a 16 horas diarias. En el último año hemos logrado reducir el retraso a meses, pero las cortes nos están dando días de plazo. Nos gastamos 1.000 millones de pesos en la imprenta para que nos saquen las gacetas, pero no es porque alguien quiera que se retrasen las cosas”, afirmó Mantilla.

El secretario también aseguró que el contrato de este año con la imprenta se firmó hasta la semana pasada y este año contará con un presupuesto menor, pero señaló que en el caso de borrón y cuenta nueva ya está en proceso de impresión y se espera que de aquí al miércoles se puedan enviar los documentos del proyecto a la Corte Constitucional para continuar el trámite que le resta.