La pelea es por la mejor tierra de Cauca

El balance parcial no podía ser peor. Un centenar de heridos, un bus y cultivos de caña incinerados, daños materiales incalculables y un acueducto local afectado.
 
Si bien el escenario de semejante panorama es el departamento de Cauca, lo paradójico es que no se trata del resultado de un ataque guerrillero, sino de las protestas que lideran indígenas de la comunidad nasa, quienes por la fuerza buscan ocupar y recuperar miles de hectáreas de tierra que, según ellos, les pertenece.
 
Por cuenta de esa cruzada que arrancó el 25 de febrero pasado y que los indígenas denominaron 'Minga por la Liberación de la Madre Tierra', los colombianos volvieron a ser testigos de batallas campales que abundaron tres años consecutivos (2005-2008) durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe.
 
Y aunque por fortuna en esta ocasión los choques aún no han causado muertes, si hay heridos. Ya van 78 indígenas lesionados, uno de ellos por una bala; mientras que entre policías y soldados el saldo es de 68 heridos, cuatro de ellos de gravedad producto de un machetazo, un volador con pólvora y armas de fuego.
 
Pese a la mediación de la ONU y la Defensoría del Pueblo, la semana cerró con miles de indígenas atrincherados en esas tierras y decenas de hombres del Esmad listos a desalojarlos.
 
El objetivo principal de esas protestas es la ocupación de varias haciendas que se ubican en un corredor estratégico entre los municipios de Santander de Quilichao, Caloto y Corinto, en el norte de Cauca. Y el problema se volvió una papa caliente porque esas tierras hacen parte del aparato productivo agroindustrial de Cauca y el país. Justo en ese territorio existe un triángulo económico movido por un Parque Industrial, Zona Franca y cerca de 90.000 hectáreas sembradas con caña para abastecer los ingenios azucareros.
 
Un periodista de esta revista recorrió algunas de esas haciendas ocupadas y encontró varios elementos en común. Son tierras muy productivas que surten de caña a los ingenios, se localizan en la parte plana, forman un corredor estratégico Cauca–Valle y están rodeadas por resguardos.
 
Todo ello sucede justo ahora cuando se dialoga con las FARC para ponerle fin a un conflicto armado que paradójicamente ha golpeado con fuerza Cauca. Entonces, ¿Por qué protestan?
 
Básicamente por tierra. En Cauca ese tema es bien particular porque, contrario al resto del país, allí predomina el minifundio, viven minorías étnicas (el 40 % son indígenas y negros) que cuentan con títulos colectivos de tierras, ya sea a través de Resguardos o Consejos Comunitarios.
 
Basta decir que Cauca tiene tres millones de hectáreas de tierra y el 40 % les pertenece a esas comunidades. Y de los 248.000 indígenas que viven en esa región, casi la mitad se asentó en 20 resguardos que se agrupan en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), que es la comunidad con la que surgió la actual confrontación.
 
Son tres los argumentos que esgrimen las autoridades de ACIN para justificar las ocupaciones: incumplimientos del Gobierno, que esos terrenos les pertenecen ancestralmente y que en varias de las haciendas que hoy ocupan entrenaron a los paramilitares que ejecutaron la masacre de El Nilo.
 
El Nilo es el nombre de la hacienda donde fueron asesinados 20 indígenas en diciembre de 1991; luego se supo que la masacre se ejecutó en contubernio con la fuerza pública. “Ahí hay sangre indígena y nos tienen que devolver esas tierras”, afirmó Feliciano Valencia, coordinador de la Minga.
 
El Gobierno, por su parte, se defiende asegurando que sí cumplió, que las tierras que hoy ocupan los indígenas nunca fueron ofrecidas. Y agrega que han ido más allá otorgándoles autonomía para manejar presupuestos en educación, salud y regalías, “pese a todo ello, entendemos que hay un problema serio”, aclaró el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
 
En el fondo ambas partes tienen razón. Los indígenas cuando afirman que les prometieron tierra y no les cumplieron. Y el Gobierno cuando asegura que sí lo hizo.
 
El meollo del asunto es que desde hace 23 años cuando ocurrió la masacre de El Nilo, el Estado se comprometió en reparar y garantizar la no repetición de esos hechos de violencia contra la comunidad nasa. Y desde la época del gobierno Pastrana les prometieron la entrega de 15.663 hectáreas de tierra como resarcimiento.
 
Lo increíble es que sólo en el 2013 les escrituraron a los indígenas la totalidad de esas tierras. En ese punto específico el actual gobierno puede sacar pecho y no miente cuando asegura que cumplió.
 
Sin embargo, donde sí se rajan este y los dos gobiernos anteriores es en la promesa de evitar nuevos actos de violencia contra los indígenas. Desde el año 2000 hasta la fecha, en el norte de Cauca se cometieron cinco masacres (Naya, Gualanday, San Pedro, San Francisco y Santander de Quilichao) y decenas de crímenes selectivos contra la comunidad nasa, que dejan 640 muertos.
 
Por cuenta de esa repetición hoy los indígenas insisten en que deben ser compensados y de ahí surgió la idea de exigir otras 20.000 hectáreas de tierra como reparación. Ellos se escudan en que el déficit de tierra para la comunidad nasa es de 141.000 hectáreas.
 
No obstante, Todd Howland, jefe de la ONU en Colombia, cree que el fondo del problema no es la tierra, sino la reparación y la no repetición, “hasta ahora las reparaciones colectivas se limitan a acciones simbólicas”.
 
Otra cosa piensa el Gobierno, quien considera que el tema de la reparación está garantizado en la Ley de Víctimas. Pese a ello, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, intentó negociar antes del día cero de las protestas ofreciendo 3.000 hectáreas de tierra y 2.000 millones de pesos para proyectos productivos. La propuesta fracasó.
 
El asunto empeoró porque ahora los indígenas quieren varias haciendas emblemáticas de la región. Se trata de las fincas La Emperatriz, Canaima, Las Margaritas, La Josefina, Japio, San Vicente, Quebradaseca, Miraflores, Granadita y García Arriba. Todas ellas suman apenas 2.500 hectáreas, pero se convirtieron en un trofeo porque en conjunto representan la expansión cañera en esa zona del país.
 
La insistencia histórica de los indígenas por esas tierras ha generado varias suspicacias. Por ejemplo, oficiales de Ejército y Policía consultados por esta revista coinciden en argumentar que esas haciendas forman un corredor estratégico que podrían usar grupos armados ilegales “allí se crea un canal que conecta la parte plana de Cauca y Valle, con la Cordillera Central”, dijo un general del Ejército tras asegurar que por años el Sexto Frente de las FARC ha intentado sacar de la zona a los ingenios azucareros.
 
Sin embargo, señalar a los indígenas de favorecer a la guerrilla con la protesta no deja de ser una conclusión facilista, ya que justamente la comunidad nasa y su guardia han dado infinidad de muestras de autonomía y resistencia civil frente a las atrocidades y abusos de las FARC.
 
Donde sí parece equivocarse la comunidad nasa es en su empeño por ocupar a la fuerza tierras que legítimamente adquirieron particulares. Isabella Victoria, directora de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Cauca, afirma: “Mientras la población indígena crece, la tierra sigue siendo la misma y en ese orden de ideas nos sacarán a todos a codazos”, explicó la dirigente gremial.
 
Sus palabras se apoyan en que ellos ya son dueños de 721.000 hectáreas de tierra, de las tres millones que compone la región, “es una guerra interétnica donde los indígenas están abusando”.
 
En defensa de los indígenas hay que aclarar que de esa tierra, la mitad es de conservación y por tal motivo “no tenemos dónde sembrar comida. Nos toca buscar en la parte plana, pero todo es caña”, explicó Manuel José Liz, gobernador suplente del resguardo de Corinto.
 
Es ahí donde surge el otro nudo ciego del problema. Así el Gobierno aceptara entregar las 20.000 hectáreas de tierra que exigen los indígenas, en el norte de Cauca no hay de dónde sacarlas, porque la poca tierra que no es de los resguardos está sembrada con caña.