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¿Por qué terminó a golpes la adjudicación de un contrato en el Meta?

En una batalla terminó la adjudicación de un contrato para mejorar varias vías terciarias en los municipios de Barranca de Upía y Puerto López, en el Meta. ¿Qué es lo que está pasando con los contratos en ese departamento?

30 de diciembre de 2019
¿Por qué terminó a golpes la adjudicación de un contrato en el Meta? | Foto: Twitter: Antonio Sanguino

Un hecho de violencia sacudió el mundo de la contratación a final de año. Se presentó el pasado viernes 28 de diciembre en las instalaciones de la Agencia de Infraestructura del Meta -AIM-, cuando se desarrollaba uno de los procesos en el marco de la adjudicación de la licitación 04 de 2019, por 15.000 millones de pesos con la que se busca el mejoramiento de dos vías terciarias.

Varios de los proponentes que se encontraban en el sitio denunciaron supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación, y que por tal motivo se presentó el enfrentamiento.

El arquitecto Heriberto Martínez, uno de los contratistas que hace parte de los 14 oferentes que participa en el proceso, que se vio inmerso en la confrontación, y que fue retirado violentamente de las instalaciones de la AIM, indicó por medio de sus redes sociales que el hecho se presentó cuando solicitó una copia del contenido de los sobres cerrados que tenían las propuestas económicas, y que estaban siendo abiertos como parte del proceso.

“Esta es una prueba más de la corrupción que usted (Marcela Amaya, gobernadora del Meta.) y su esposo Carmelo Pérez han manejado en el Departamento del Meta” Denunció Martínez en su cuenta personal de Facebook.

Julián Osorio, gerente de la Agencia para la Infraestructura del Meta, quien está a cargo del proceso de adjudicación, en conversación con SEMANA, reprochó el acto de violencia que se presentó, y explicó que el arquitecto Heriberto Martínez pretendía conocer de antemano las propuestas económicas de los participantes de la licitación. Al no permitirle esta pretensión se abalanzó sobre el funcionario que se encontraba abriendo los sobres.

El vídeo fue publicado en la cuenta de Twitter del congresista del Partido Verde Antonio Sanguino.

Luego del impase, el proceso de apertura de sobres  terminó con los demás oferentes que se quedaron en el sitio. Se espera que hoy la entidad haga la evaluación de las propuestas económicas, y posteriormente las observaciones serán revisadas por los oferentes.  En horas de la tarde se reanudará el proceso de adjudicación del contrato, y hoy mismo si nada extraordinario ocurre se conocerá quién se queda con el disputado contrato.

Osorio aclaró que en todo el proceso de adjudicación que aún no termina, se están aplicando todos los procedimientos que indican los Pliegos Tipo y las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente.

El gerente de la AIM denunció que no es la primera vez que Martínez se ve inmiscuido en actos de violencia, pues alega que el arquitecto tiene varias demandas por agresiones, incluso en contra de periodistas. 

Sin embargo, no es la primera vez que se generan suspicacias en torno a la adjudicación de contratos en el Departamento del Meta, de hecho, varios contratistas han denunciado que los grandes proyectos de la Gobernación siempre son adjudicados a empresas cercanas a la gobernadora Marcela Amaya y a su esposo, el excongresita, Jorge Carmelo Pérez.

Uno de los contratistas más cuestionados en el departamento es Iván Pérez Gómez, primo del esposo de la gobernadora Amaya, quien es conocido como el rey de los contratos. 

Se estima que entre 2014 y 2016 MC Construcciones, la empresa de Pérez Gómez, recibió adjudicaciones por más de $400.000 millones. 

Pérez  ha sido investigado varias veces por presuntas irregularidades, y la Fiscalía pudo determinar que en algunos procesos de licitación se direccionaron pliegos para favorecerlo. De los 27 contratos que ha ganado su empresa o las uniones temporales de las que hace parte, 19 han sido con único oferente.

En 2017  la Fiscalía le imputó cargos por interés indebido en la celebración de contratos junto con otros 9 funcionarios de la Gobernación. Sin embargo, el contratista no los aceptó y fue dejado en libertad por decisión del Juzgado 52 de control de garantías. Este proceso se inició  por presuntas irregularidades en el contrato que buscaba el mejoramiento de la vía que conduce de Villavicencio a Puerto López y que suma 80.000 millones de pesos.