¿Qué hay detrás de la multimillonaria devolución de multas de transporte?

Las cientos de quejas de los transportadores intermunicipales, de conductores de servicios escolares, de quienes prestan servicio de carga y de pasajeros llevaron a que este viernes el Ministerio de Transporte tomara una decisión radical.

Grupos especiales del Gobierno se preparan para revisar 60.000 expedientes de personas multadas al parecer de manera ilegal por un monto que alcanza los 171.000 millones de pesos. Así lo anunciaron en rueda de prensa la ministra Ángela María Orozco Gómez y la Superintendencia de Puertos y Transportes, quienes desde ya anticipan una cascada de acciones judiciales contra la entidad, recursos que entrarían a sumarse a los que ya están en trámite.

El despelote se originó en el 2016, cuando el Consejo de Estado declaró nulo el decreto 336 del año 2003, documento que establecía las reglas para impartir dichas sanciones. El decreto fue desarrollado por una resolución, la cual inexplicablemente se siguió aplicando desconociendo la anulación de la norma superior. Saltarse esta minucia legal hizo que el gobierno ahora se vea obligado a devolver el dinero cobrado a los ciudadanos ya que fue el producto de una sanción “violatoria del debido proceso”.

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Así se concluye de un concepto emitido por la Sala de Consulta del Consejo de Estado, el cual estuvo sustentado en los interrogantes que no paraban de llegar por parte de los transportadores. Las sanciones se les impartían por la falta de mantenimiento preventivo de los vehículos, la falta de capacitaciones a conductores y operadores, las excesivas jornadas de trabajo de choferes, las condiciones técnico mecánicas de los vehículos, transportar carga con sobrepeso, entre otros.

Muchas de estas conductas sancionadas son perfectamente justificadas, no obstante, la infracción se sustentaba en reglas inexistentes. Aunque bien habían podido haber usado la ley macro (105 de 1993), la omisión de este formalismo jurídico desató el desbarajuste. Y ahora todos los informes únicos de infracciones al transporte expedidos entre el 2016 y septiembre del 2018 (cuando frenó la irregularidad) entrarán al minucioso estudio.

“Queremos enviar un mensaje de calma a los vigilados que fueron afectados con la imposición de estas multas inconstitucionales. Estamos demostrando que trabajamos con rigurosidad y siempre con miras al fortalecimiento del sector transporte, del emprendimiento y de la protección a los empresarios que cumplen la ley”, aseguró la Superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama Rojas.

El gobierno anunció que esta información, al lado de otras irregularidades denunciadas por los usuarios, fue puesta en manos de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía para que investiguen. “Resulta desconcertante que el Estado haya incurrido en unos costos de recurso humano y técnico destinado a multar a los ciudadanos de manera ilegal”, precisó Valderrama.

Concepto devastador

El pasado 23 de octubre de 2018, el gobierno elevó una consulta al Consejo de Estado respecto de la aplicación de sanciones. El pasado mes de marzo, el tribunal se pronunció señalando que la nulidad declarada en el 2016 debía derivar en la inaplicación de la norma, así como la de la resolución 10800 de 2003.

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Pretender aplicar esta última, enfatizó el alto tribunal, “abriría las puertas a maniobras fraudulentas de la administración, en detrimento de los derechos de los ciudadanos”.

Si en el término de un año, la entidad no ha revocado estas sanciones aplicadas de manera irregular, el Consejo de Estado precisó que se aplicará el silencio positivo en favor del afectado, con lo que la sanción se quedará sin efecto. El gobierno hizo un llamado para que las personas que tengan reclamaciones contra la entidad lo hagan de manera directa y no busquen intermediarios.