Hacinamiento carcelario
Por requerimiento de la Procuraduría, alcaldes del Huila se comprometieron a mejorar condiciones de los reclusos del departamento
El Ministerio Público convocó una mesa de trabajo con los mandatarios locales, en el marco de una acción preventiva.
Después de una mesa de trabajo liderada por la Procuraduría General de la Nación, los alcaldes de 20 municipios del departamento de Huila se comprometieron a mejorar las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad (PPL), que se encuentran en situación de hacinamiento en estaciones de Policía y centros de detención transitorios de sus jurisdicciones.
Durante la reunión, los mandatarios locales acogieron las observaciones realizadas por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, Huila, y se comprometieron a realizar las adecuaciones locativas necesarias para tener espacios separados para hombres y mujeres, lo que garantizará el derecho a la dignidad humana de las PPL mientras permanecen en esas instalaciones, a la espera de su traslado a centros penitenciarios del departamento.
Además, los alcaldes adoptarán medidas para garantizar condiciones mínimas de alimentación, ventilación y luz solar, así como acceso a un servicio sanitario adecuado para las PPL.
La mesa de trabajo fue convocada en el marco de una acción preventiva iniciada para verificar el cumplimiento de la sentencia SU 122/22 de la Corte Constitucional, que decretó el estado de cosas inconstitucionales por el hacinamiento en los centros carcelarios y de detención transitoria del país.
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Esta situación es crítica, ya que la sobrepoblación y las condiciones de detención inadecuadas en las cárceles y centros de detención temporales de Colombia son una preocupación constante de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad en general. La sobrepoblación en estos centros es un problema grave que tiene implicaciones directas en la vida de las PPL y sus derechos humanos.
En la reunión participaron representantes de los entes territoriales de Altamira, Agrado, Gigante, Guadalupe, Suaza, Tarqui, La Argentina, Nátaga, Paicol, Tesalia, Acevedo, San José de Isnos, Elías, Oporapa, Palestina, Saladoblanco, San Agustín, Pitalito, Garzón y La Plata. También asistieron los comandantes de las estaciones de Policía de esos municipios, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y los directores de los centros penitenciarios de los distritos judiciales de Pitalito, Garzón y La Plata.
Defensoría trasladó presos hacinados en Popayán
Entre tanto, la Defensoría del Pueblo de Colombia realizó, el pasado 20 de febrero, su primera brigada integral en el Centro de Detención Transitoria ‘Laura Valencia’ en Popayán, Cauca, con el propósito de asegurar los derechos de las personas privadas de libertad en dichos lugares, a través de servicios defensoriales y actividades de asistencia integral con enfoque diferencial en todo el territorio nacional.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, señaló entonces que, al llegar al centro de detención transitoria, “los funcionarios de la Defensoría del Pueblo encontraron graves violaciones de los derechos humanos”, provocados por altos niveles de hacinamiento, superando el 100% debido a más de 250 personas privadas de libertad que se encontraban recluidas en lo que solía ser un colegio. Más de 50 personas, incluso, permanecían esposadas en el suelo, debido a la falta de espacio en las 5 celdas con las que cuenta el centro.
Durante la brigada integral, se logró trasladar a 45 personas privadas de libertad gracias a la gestión de la Defensoría del Pueblo y el apoyo del director de la Cárcel San Isidro, con el compromiso de trasladar a otros 28 más en los próximos días para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad.
La brigada defensorial también atendió a 177 consultas médicas, 75 servicios de odontología y 89 asistencias jurídicas por parte de los defensores públicos. Además, se atendieron y tramitaron 17 quejas.
La brigada fue liderada por la delegada para la Política Criminal y la Defensoría Regional Cauca, en articulación con las tres direcciones nacionales de Defensoría Pública, Atención y Trámite de Quejas y Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos, y las Delegadas de Salud y Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Policía Nacional, el Inpec, las EPS y la alcaldía municipal también participaron en la actividad.
