Por retrasos en 68 obras de instituciones educativas oficiales, Procuraduría solicitó informe al Fondo de Financiamiento de Infraestructura

La Procuraduría General de la Nación pidió a la gerencia del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) informar sobre el estado de ejecución de 68 obras en instituciones educativas oficiales, cuya ejecución se realiza con recursos de ese fondo y que, según el ente de control, presentan retrasos que en algunos casos superan los dos años.

Por lo tanto, la Procuraduría le solicitó al FFIE que precise las gestiones adelantadas durante el año 2022, orientadas a garantizar la reactivación, el avance o la entrega de estas obras.

De acuerdo con el Ministerio Público, son de especial preocupación las demoras en la ejecución en los departamentos de Boyacá, Nariño y Risaralda y en los municipios de Ibagué, Cali, Pasto, Sogamoso y Quibdó, por ser territorios que concentran el mayor número de proyectos ejecutados con retrasos.

“Asimismo porque en buena parte, en estas intervenciones y obras se realizaron demoliciones parciales o totales en las sedes educativas, afectando tanto a las comunidades educativas como a la capacidad de las administraciones territoriales, al tener que disponer de otros espacios temporalmente para hacer frente a las demoras en la entrega”, agregó la Procuraduría General de la Nación.

Por último, la Procuraduría General de la Nación advirtió que continuará velando por la correcta ejecución de las obras y proyectos, que resultan indispensables “para garantizar el derecho a la educación y reducir las brechas de acceso, permanencia y calidad que persisten en muchas regiones del territorio nacional”.

Procuraduría le puso el ojo a presuntas irregularidades en manejo de regalías

La Procuraduría General de la Nación anunció a finales de noviembre que abrió investigación contra un congresista, dos gobernadores y 20 exfuncionarios por presuntas irregularidades en el manejo de proyectos financiados con recursos de regalías.

De acuerdo con el Ministerio Público, estos hechos estarían relacionados con obras regionales ascienden a recursos superiores a los 213.000 millones de pesos.

La Procuraduría informó, inicialmente, que abrió investigación contra el representante a la Cámara por La Guajira, Juan Loreto Gómez, por su presunta responsabilidad en las deficiencias del proyecto de construcción de pavimento flexible y expansión de las redes de alcantarillado en la comuna 10 de Riohacha.

El organismo de control señaló que estas obras ascendieron a 28.000 millones de pesos y fueron ejecutadas cuando el congresista se desempeñaba como secretario de Planeación departamental en agosto de 2017.

Así mismo, abrió investigaciones contra el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa por posibles irregularidades en el desarrollo del Proyecto de mejoramiento vías Berrugas-San Onofre y Ramal-Rincón del mar, municipio de San Onofre, por 47.600 millones de pesos.

La Procuraduría señaló que también se investiga a la gobernadora (e) de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, por posibles irregularidades en el ciclo de priorización y aprobación de cinco proyectos por 125.000 millones de pesos.

El Ministerio Público señaló que la situación más preocupante, “en cuanto a presuntos incumplimientos en la ejecución de estos proyectos se presenta en La Guajira”, donde además del exsecretario de Planeación y hoy Representante a la Cámara, están siendo investigados nueve exgobernadores, una exalcaldesa de Riohacha, cuatro exfuncionarios de los gobiernos departamental y municipal y dos interventores de obra.

En ese sentido, indicó que los seis exgobernadores que tuvo el departamento entre enero de 2020 y agosto de 2021 investigados son Wilbert José Hernández Sierra, John Eduardo Fuentes Medina, Anglys Carolina Maestre Arias, José Jaime Vega Vence, Wilson Rojas Vanegas, Alberto Carlos Ariza Cujia y Nemesio Raúl Roys Garzón.

Los exmandatarios departamentales fueron vinculados a la investigación por posibles irregularidades en la formulación del proyecto n.° 066 y su respectivo contrato (n.° 002 de 2019) para implementación de estrategias de desarrollo empresarial a la población en situación de pobreza, por 8.803 millones de pesos.

En otra investigación por presuntas irregularidades en la adquisición de 16 ambulancias medicalizadas, financiado con 3.500 millones de pesos, fueron incluidos cuatro exgobernadores: Tania María Buitrago, Wilmer González Brito, Wilson Rojas Vanegas, Wilbert Hernández Sierra; así como el secretario departamental de Salud (2018), Jarexon José Arredondo Quintero.

Situación en Arauca

La Procuraduría señaló que, en Arauca, además de la gobernadora (e), se encuentran vinculados a la investigación, Carlos Alirio Reina Pérez, asesor jurídico y legal (e), y Claudia Juliana Romero, secretaria de Planeación del Departamento.

Según el Ministerio Público, se detectaron posibles irregularidades en la expedición del Decreto 864 de 2022, a través del que se viabilizaron, priorizaron y aprobaron los proyectos: Obras de protección en las veredas La Yuca y El Torno, en Arauca capital y en la pavimentación de la vía Mata Oscura en Arauquita.

Así mismo, la implementación de la fase II de energía solar fotovoltaica individual en zonas rurales no interconectadas de Tame; la construcción de la red de alcantarillado pluvial y obras complementarias del sector Playitas, Arauca capital y Construcción y adecuación de las celdas 2 y 3 y obras complementarias del relleno sanitario municipal Brisas del Cravo en Tame.

Sucre, vías inconclusas

En el caso de Sucre, el organismo de control involucra, además del actual gobernador, Héctor Olimpo Espinosa, a su antecesor Édgar Martínez Romero y otros servidores del orden departamental.

“La obra, que fue adjudicada para su ejecución desde 2019 al consorcio Vías y Equipos San Onofre 2020 y que debía ser entregada en septiembre de 2021, reportó un avance de ejecución física de apenas el 27 %, mientras que la interventoría reportó, a octubre de 2020, tan solo una ejecución del 2,6 %”, señaló.

Según la Procuraduría, “esta obra de interés tiene como objeto el desarrollo y bienestar de los habitantes del Golfo del Morrosquillo y la proyección del turismo en la región”.