Por retrasos y sobrecostos en obras del Parque del Agua, en Santa Marta, la Procuraduría profirió cargos contra Carlos Caicedo y Rafael Martínez

Los líos jurídicos y disciplinarios siguen rondando al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien enfrenta diferentes procesos, algunos penales y otros disciplinarios, como el que está relacionado con la renovación, construcción y adecuamiento del Parque del Agua, en Santa Marta, por el que la Procuraduría acaba de proferir cargos en su contra y también a su sucesor, Rafael Martínez, su más cercano aliado político.

Así lo anunció el organismo de control disciplinario: “La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra de los exalcaldes de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar (2012 – 2015), y Rafael Alejandro Martínez (2016 – 2019) así como contra otros dos exfuncionarios de la administración municipal, por presuntas irregularidades presentadas en la construcción del Parque del Agua”.

La medida, según se conoció, también cobija a quienes ocupaban los cargos de gerentes de infraestructura Pablo José Lacotoure en 2015 y Sánder Alfonso Rodríguez entre 2016 y 2018.

El meollo del asunto es el aparente atraso presentado en las distintas etapas del proceso, desde la celebración del contrato, su perfeccionamiento, el inicio, terminación, liquidación y el pago de las garantías contractuales, que se inició con un valor superior a los 8.400 millones de pesos y se culminó pagando la suma de 16.884 millones de pesos, luego de siete prórrogas y cuatro adiciones presupuestales.

Entre otras irregularidades que advierte la Procuraduría se habrían firmado adiciones al contrato inicial por más de 3.200 millones de pesos para incluir el suministro del mobiliario, las cuales no contaban con la debida justificación y estudios previos que sirvieran de base para demarcar el marco jurídico de lo que se estaba acordando.

“Se habrían realizado modificaciones para aumentar en más de 50 por ciento las cantidades de obra que se debían ejecutar, situación que vulneraba la normatividad legal que establece que los contratos no pueden adicionarse más allá de la mitad de su valor inicial”, señalaron desde la Procuraduría.

Para el Ministerio Público el objeto del contrato debió “ser precisado de manera completa, puntual y clara, pues es la forma como los interesados podrían no solo conocer con cierto grado de certeza qué es lo que la administración pretende con el contrato, sino que llevar el objeto a la indefinición permite que la selección carezca de objetividad en la evaluación de la oferta”.

Por esos hechos, el órgano de control profirió dos cargos disciplinarios en contra de Caicedo Omar, calificados como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, el primero, y falta grave con culpa grave, el segundo.

Respecto a los restantes investigados, el órgano de control calificó la aparente conducta del exalcalde Rafael Alejandro Martínez como una falta grave a título de culpa gravísima; la de Pablo José Lacouture Mercado como una falta gravísima con culpa gravísima, y la de Sánder Alfonso Rodríguez Peña como una falta grave cometida con culpa gravísima.

El otro lío

Este no es el único tema de infraestructura con el que Caicedo ha tenido líos y en los que se ha enfrentado a la Procuraduría que incluso ha pedido la detención preventiva. Hay que decirlo, el actual Gobernador de Magdalena ha afirmado que es víctima de una persecución judicial.

Se trata de la construcción de la Megabiblioteca fase uno, en la IDE Normal San Pedro Alejandrino del distrito de Santa Marta.

“El ente acusador cumplió con el requisito de inferencia razonable de autoridad, toda vez que trabaja en colación diversas evidencias recogidas en la parte de indagación demostrándose la participación de la imputado y no de otra persona en el desarrollo de las conductas indicadas, estableciéndose la tipicidad requerida”, dijo la procuradora del caso en su momento.

De acuerdo con la Procuraduría el gobernador Caicedo estuvo en todas la etapas de los proyectos que ahora son objeto de reporche por la Fiscalía y por tanto es prudente, en aras de garantizar la preservación de la prueba, que el mandatario departamental se mantenga privado de la libertad en su lugar de residencia.

“El ente acusador logró establecer que el imputado participó desde la etapa de diseño en el trámite que culminó en la construcción de la Megabiblioteca fase uno, en la IDE Normal San Pedro Alejandrino del distrito de Santa Marta y que en ciertos documentos se plasmaron declaraciones que no correspondían estrictamente”, señaló la representante del ministerio público.