Por robarse el dinero del reconocido futbolista Harrison Otálvaro, suspenden y multan a su abogado. Esta es toda la historia

Las diferencias económicas entre el reconocido volante Harrison Otálvaro y el Cúcuta Deportivo por el pago de su contrato, llevaron al futbolista a demandar el pago, y para eso contrató un abogado, que aunque logró que el equipo reconociera la deuda e hiciera el desembolso, este literalmente lo tumbó y no le dio la totalidad del dinero que le correspondía.

El gol que le metió el abogado a Otálvaro no se quedaría así, en un segundo tiempo, el crack del mundo del fútbol colombiano, denunció al jurista ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ), y ahora no solo tendrá que devolver el dinero, sino que quedó sancionado para ejercer como abogado durante dos años.

La historia se remonta al 10 de marzo de 2015, cuando el futbolista suscribió el contrato con su apoderado, en aras de que se hiciera cargo del cobro de una deuda incluida en el Acuerdo de Reorganización de la sociedad Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A, aprobado por la Superintendencia de Sociedades.

De acuerdo con el expediente, al volante creativo (cuya trayectoria incluye equipos como Millonarios, Atlético Nacional, Deportes Tolima y América de Cali, entre otros) le correspondían treinta y ocho millones quinientos ocho mil quinientos veinticinco pesos ($38.508.525) por concepto de la liquidación por sus derechos deportivos, de los cuales el 20 por ciento, es decir un poco más de siete millones 700 mil pesos ($7′700.000) cubrirían los honorarios del abogado.

“Dentro del proceso se logró establecer que el investigado recibió por parte de la Sociedad la suma de trescientos veintidós millones doscientos seis mil quinientos setenta y un pesos ($322.206.571) en varias cuotas pagadas en efectivo desde el mes de septiembre de 2015 a junio de 2017, dinero que les correspondía a varios poderdantes, entre ellos Harrison Otálvaro”, explicaron desde CNDJ.

No obstante, el abogado solo le entregó 10 millones de pesos y el jugador perdió contacto con él. Por eso, tuvo que buscar una respuesta oficial del equipo, que le contestó el ocho de agosto de 2017 a través del representante legal del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena Mora. Ahí se dio cuenta que el abogado a quien había contratado para defender sus derechos no era más que un estafador, que lo tumbó.

En la comunicación le indicaban: “Nos permitimos informarle que la Sociedad se encuentra al día respecto a las obligaciones contempladas en el Acuerdo de Reorganización a su favor”.

El 14 de septiembre de 2018 le enviaron otra comunicación en la que le informaron: «Su acreencia conforme al proyecto de calificación y graduación de créditos aprobado por la Superintendencia de Sociedades ya fue pagada a través de su apoderado designado para el efecto». Por esa razón, el destacado jugador decidió acudir a la Jurisdicción Disciplinaria para que se impartiera justicia frente a lo que consideraba una actuación irregular del jurista.

Después de consecutivas ausencias a las citaciones en el proceso, la defensa del abogado dijo que los pagos que se hicieron por parte del Cúcuta Deportivo y que aparecían en los recibos, correspondían a lo adeudado a varios deportistas y que en ningún momento la Sociedad aclaró que esos montos hubieran sido pagados en su totalidad, y agregó que el equipo se valió de una figura denominada reversión de intereses para no pagar en su totalidad las sumas establecidas en el Acuerdo de Reorganización Empresarial.

Sin embargo, la Justicia Disciplinaria determinó que las pruebas documentales demostraban lo contrario y que el abogado vulneró sin justificación alguna el deber de obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales Estimó que la retención de dineros no era una conducta acorde con el proceder de los profesionales del derecho y que por tanto debía ser objeto de una sanción.

Es así como en fallo con ponencia del magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial suspendió al abogado por un término de dos años y le impuso una multa equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.