Por señalamientos falsos del ICBF y la Fiscalía contra un adolescente de haber asesinado a una bebé, demandarán al Estado

La historia de un adolescente en el municipio de Galapa, Atlántico, que fue capturado como presunto responsable del asesinato de una bebé, se convirtió en el más claro ejemplo de un falso positivo judicial que se alimentó con una dura declaración de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que ahora es el soporte de una millonaria demanda contra el Estado.

El 30 de abril al hospital municipal llegó el cuerpo sin vida de una bebé, con aparentes signos de violencia, que la Policía redactó en un informe, tras hablar con una enfermera y que luego se convirtió en la evidencia para solicitar a un juez la orden de captura contra el adolescente que estaba, supuestamente como responsable de la menor.

Incluso se habló de abuso sexual, todo de manera preliminar y con un antetítulo de presunto, que fue suficiente para enrostrar una responsabilidad que días después se descartó. Medicina Legal concluyó luego de los estudios de necropsia que la bebé no sufrió de ataques, menos abuso, y que su muerte fue natural, producto de un problema médico.

Sin embargo, antes de recibir los estudios forenses, la Fiscalía explicó los detalles de la investigación que dejó la captura del, supuesto, responsable, y que la directora del ICBF calificó de dolorosos e inaceptables, “y no solo nos indigna a nosotros como institución, sino a toda Colombia”, dijo la funcionaria.

Las declaraciones de la Fiscalía, a través de la directora seccional del Atlántico, fueron igualmente severas. La funcionaria no dudó en señalar que el adolescente fue presuntamente el responsable de atacar a la bebé hasta causarle la muerte, y que el material de prueba concluyó la necesidad de mantener privado de la libertad al adolescente.

“Presuntamente, el joven la golpeó hasta causarle la muerte. Tras los hechos, la bebé fue trasladada a un centro asistencial, a donde llegó sin signos vitales”, dijo la Fiscalía luego de establecer las causas de la muerte de la menor y advertir que se trató de un aberrante caso que impactó a la comunidad de Galapa.

El linchamiento judicial se convirtió en uno público. Aunque ni la Fiscalía ni el ICBF entregaron el nombre del capturado, la comunidad ya sabía quién era. Todos lo señalaron, lo llevaron preso y en el sitio de reclusión debieron aislarlo por seguridad, porque lo querían atacar por un terrible caso que nunca ocurrió.

Todos estos hechos, la injusta captura, el señalamiento de las instituciones y la decisión de la justicia, que sin reparos y pruebas dejaron al adolescente como el asesino de un bebé, se convierten en la evidencia de una millonaria demanda que alista la defensa del menor, ignorado y juzgado por el Estado.

La defensa está a la espera de las decisiones de la Fiscalía, en el sentido de solicitar la preclusión de la investigación tras concluir que la bebé falleció por causas naturales y no a manos del menor. Los reportes de Medicina Legal por fortuna aclararon el panorama probatorio en este caso que, se insiste, se convirtió en un triste, patético y fallido ejemplo de justicia.