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Durante la segunda jornada de exhumaciones de cuerpos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, adelantada en febrero de 2020, la Jurisdicción Especial para la Paz informó que fueron hallados otros 37 cuerpos de los que se sospecha fueron presentados de manera ilegal como dados de baja en combate por parte de agentes del Estado. | Foto: Cortesía JEP

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Por tortura y tratos crueles en el cementerio de Las Mercedes, en Dabeiba, Procuraduría pide acciones de fondo de la JEP

En la JEP se está investigando el caso de los falsos positivos y asesinatos de parte de la Fuerza Pública en la zona de Dabeiba, el asunto fue tan grave que la Procuraduría pide incluir esos patrones.

15 de agosto de 2024

Uno de los íconos más dolorosos del conflicto en Colombia, en el que miembros de las Fuerzas Militares se apartaron de su deber de proteger a la población y se convirtieron en sus verdugos, se dio en el municipio de Dabeiba, Antioquia, donde se presentaron decenas de casos de falsos positivos, que no es más que el asesinato de civiles por parte de los uniformados para presentarlos como bajas en combate. El asunto fue tan sangriento que la Procuraduría le acaba de pedir a la Justicia Especial para la Paz (JEP) que incluya los patrones de tortura y tratos crueles en sus investigaciones.

Según informaron desde la Procuraduría: “Se solicitó a la JEP incluir el patrón de tortura y tratos crueles, degradantes e inhumanos en el macrocaso 03, luego de analizar la veracidad de los hechos relatados por comparecientes y víctimas sobre los asesinatos y desapariciones forzadas ocurridas en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia”.

“Los malos tratos físicos y mentales sufridos por las víctimas de la vereda Alto Bonito en Dabeiba, fueron confirmados por residentes del lugar, solicitamos se estudie la viabilidad de incluir el patrón de tortura y tratos crueles, degradantes e inhumanos en el marco del presente macrocaso”, asegura la Procuraduría en su escrito de observaciones.

Los horrores del Ejército en Dabeiba

La Procuraduría también insistió en la necesidad de adelantar todas las labores tendientes a esclarecer la conducta de violencia sexual de la que, al parecer, fue víctima una menor de edad durante la época de los hechos.

Además, pidió que la magistratura realice los mejores esfuerzos para lograr la ubicación de los familiares de las víctimas identificadas que aún no han hecho parte en el proceso y propender por la continuidad en la búsqueda, identificación y entrega digna, ya que esta acción se puede considerar como un proyecto de sanción propia.

Finalmente, el procurador delegado, Jairo Acosta Aristizábal, hizo requerimientos de fondo para que se revise a cabalidad el sentido y alcance de los proyectos de sanción propia presentados por los comparecientes.

Y es que este caso, denominado 03 en el tribunal transicional, ha tenido avances ciertos y desgarradoras confesiones de militares que contaron como asesinaron civiles para cumplir con las cuotas de muertos que les pedían. En Antioquia, el cementerio de Las Mercedes de Dabeiba habría sido el epicentro.

Por ejemplo, en junio del año pasado, en un auditorio repleto de víctimas y ante la presencia de los magistrados de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ocho militares empezaron su reconocimiento en 49 ejecuciones extrajudiciales que se presentaron en los municipios de Dabeiba e Ituango, Antioquia, en el 2002.

En la instalación de la audiencia, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, de la Sala de Reconocimiento, explicó que en estos casos se presentó el patrón macrocriminal de “homicidios de campesinos de la región por prejuicio insurgente y de guerrilleros que habían dispuesto sus armas en un contexto de alianzas entre agentes del Estado y grupos paramilitares”.

En este sentido el señaló que los militares retuvieron y asesinaron a campesinos a los que señalaban de tener nexos y colaborar con la guerrilla que delinquía en la zona. “Con estas acciones se estigmatizó a las víctimas y a las comunidades, dañando sus lazos, se generó desplazamiento forzado y se rompieron los proyectos de vida” sustentó el magistrado.