Por trasladar a un peligroso delincuente desde una cárcel a un hotel, dos funcionarios del Inpec fueron acusados por la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Carlos Eduardo Castañeda Lara y Luis Alejandro Blanco Bolívar, inspector y dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), respectivamente, como presuntos responsables del delito de cohecho impropio.

El 23 de diciembre de 2016, los dos funcionarios, al parecer, recibieron 600.000 pesos en efectivo para agilizar el traslado de Édison Guillermo Velásquez Álvarez, alias Farid, cabecilla de la estructura criminal conocida como Autodefensas Libertadores de Los Llanos Orientales, quien había sido beneficiado con detención domiciliaria.

Los guardianes, presuntamente, llevaron al interno de la cárcel La Esperanza de Guaduas (Cundinamarca) a un hotel en Puerto Boyacá (Boyacá), contrario al sitio dispuesto por la remisión, que era un conjunto residencial. En ese lugar debía terminar de cumplir una condena de más de seis años de prisión por los delitos de concierto para delinquir en concurso; y tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con la Fiscalía, en las verificaciones se constató que alias Farid fue recibido en el hotel por una mujer, a quien el director de la cárcel La Esperanza le había arrendado un casino para la atención de los servidores.

El juez penal de conocimiento a cargo del caso fijó el inicio de la audiencia preparatoria de juicio para el próximo 30 de mayo.

Por estos hechos también son procesados el exdirector de la cárcel La Esperanza, mayor Fabián Ríos; y el dragoneante Yefri Torres Torres.

Dragoneante del Inpec que habría robado un anillo y dos celulares fue enviado a la cárcel

Jorge Salvador Daniells Buelvas, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fue capturado en flagrancia cuando, al parecer, cometía un robo en el barrio Los Andes de Barranquilla.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General, el procesado, supuestamente, interceptó e intimidó con un arma de fuego a un hombre para que le entregara las llaves de su camioneta, pero al ver que estas cayeron al suelo, decidió robarle un anillo de oro y dos celulares.

El sindicado, de 42 años, fue capturado en flagrancia gracias a información proporcionada por la comunidad a la Policía Nacional.

Por estos hechos, ocurridos el pasado 4 de marzo, el ente acusador le imputó el delito de hurto calificado agravado.

Durante las audiencias concentradas, el dragoneante no se allanó a los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI). Un juez con funciones de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

En este sentido, se espera que el proceso judicial siga su curso para determinar la responsabilidad del acusado en el delito de hurto calificado agravado, lo que podría llevar a una condena o una pena privativa de libertad.

“Salas de comunicaciones en las cárceles”, la polémica propuesta para evitar las extorsiones carcelarias

De no creer resulta la iniciativa que se analiza en el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) para luchar contra la extorsión carcelaria. De acuerdo con el director de la entidad, el coronel Daniel Gutiérrez, se plantea regular las llamadas a celular desde las cárceles, incluso, se analiza la posibilidad de crear “salas de comunicaciones” en los centros penitenciarios.

El director del Inpec aseguró que la posibilidad, un proyecto a futuro, de regular las comunicaciones en el interior de las cárceles tiene varios objetivos, no solo garantizar el arraigo de los privados de la libertad con sus familias, sino evitar la cantidad de multas en contra del Inpec por cuenta de los inhibidores de señal que terminan afectando las comunicaciones de los vecinos a las cárceles.

“A través de todo lo que se ha venido presentando a largo de los años, que no ha funcionado, como los inhibidores de señal y demás. Entonces ese sería como una iniciativa, como un cambio en la estrategia, pero hay que revisar si efectivamente se puede hacer todo pensando en esas dos variables: la humanización y la seguridad”, señaló el coronel Gutiérrez en diálogo con SEMANA.

El director del Inpec fue enfático en advertir que no se trata de legalizar el uso de los celulares en los centros penitenciarios, sino de buscar alternativas que ayuden a combatir la extorsión carcelaria, sin que se afecte al resto de los ciudadanos que viven en los alrededores de las cárceles y que terminan víctimas de los inhibidores de señal.