Por una justicia rural que dialogue y reconozca las diferencias

La palabra justicia se oyó en la voz de afros, indígenas, líderes sociales, conciliadores de regiones, magistrados, representantes del Gobierno y de organizaciones en defensa de la mujer y la población LGTBI. En el foro ‘Caminos para la justicia: experiencias que transforman las regiones’, que se realizó el 15 de junio, cada participante, desde sus experiencias y sus realidades, explicó cómo hacer de la justicia una herramienta para lograr la igualdad y la convivencia pacífica.

El panel étnico dejó ver que el reconocimiento de las justicias indígena y afro es determinante para la autonomía de estas minorías, su cohesión social y la preservación de sus valores ancestrales. Si bien la primera está amparada por la Constitución de 1991, falta mucho para que se le reconozca por parte de la justicia ordinaria. Y en cuanto a la afro, como explica Abid Manuel Romaña, coordinador del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, esta debe gozar del mismo reconocimiento legal para que pueda ejercerse en las comunidades siguiendo sus principios del uso racional de la naturaleza y el respeto a los mayores.

Al respecto, la magistrada Genith Viteri, magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, reconoció que es necesario que la justicia ordinaria y las justicias étnicas trabajen de la mano, se reconozcan mutuamente y se respeten como aliados con diferentes concepciones que son complementarias y no antagónicas.

El foro también tuvo un panel dedicado a la justicia con enfoque de género. Aunque hay una normativa y un marco legal, los participantes llamaron la atención sobre los casos que a diario se registran de prácticas machistas, prejuiciosas y discriminatorias por parte de jueces, fiscales y otros operadores de justicia. El buen funcionamiento de una justicia con enfoque de género implica no revictimizar y profundizar el acompañamiento psicosocial. “No bastan tres acompañamientos para atender a una víctima de violencia sexual. Se necesita un escenario mayor e integral que favorezca la dignidad de las víctimas”, advirtió Nohora Álvarez, directora de la Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos.

Con respecto a la justicia ordinaria en Colombia se profundizó en varios paneles que aún sigue siendo muy centralista, concentrándose en las ciudades y por lo mismo no siempre llega de manera efectiva a municipios y veredas apartadas. Por eso la labor de conciliadores y mediadores, que dirimen conflictos en las comunidades, resulta determinante para la convivencia pacífica. Sin embargo, resulta fundamental que se fortalezca su rol y reciban mayor apoyo logístico pues deben desplazarse a los lugares más remotos para resolver conflictos. “Los métodos autocompositivos de resolución de conflictos aportan a la paz porque llegan a donde el Gobierno tiene una falencia. Son conflictos que se resuelven debajo de un palo de mango, en la iglesia, un sábado o un domingo. Y que siempre buscan que ambas partes se vayan satisfechas. Eso genera más paz”, explica Andris Salgado, conciliador en equidad de Puerto Libertador (Córdoba).

El foro también sirvió de escenario para que Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), presentara la campaña Lidera la vida, una iniciativa para proteger a los líderes sociales en el país, quienes arriesgan sus vidas en defensa de los derechos humanos.

“La paz es necesaria para que mis hijos no sufran lo que yo sufrí. Todos no estamos de acuerdo, por eso debemos llegar al diálogo y que gane la reconciliación, la paz y la no repetición”, reflexionó la lideresa social y víctima del conflicto armado, Yolanda Perea, quien cerró el encuentro con una emotiva entrevista en la que dejó planteada la necesidad de seguir fortaleciendo el acceso a la justicia en las zonas rurales.

*Este evento fue organizado por la plataforma Justicia Rural del Grupo Semana, en alianza con el Programa de Justicia para una Paz Sostenible de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).