JUSTICIA

Porcino llega a Colombia a prender el ventilador por la corrupción en Córdoba

Leonardo Pinilla, protagonista del cartel de la toga, aterrizó este lunes en un vuelo que trajo 100 deportados desde Estados Unidos. Tiene una orden de captura pendiente por concusión y avanza en otra negociación con la justicia.

29 de abril de 2019
| Foto: Archivo particular

Leonardo Pinilla, el abogado a la sombra del exfiscal extraditado Gustavo Moreno, cumplió su sentencia de dos años en Estados Unidos el pasado 25 de marzo. Vestido de sudadera gris se bajó este lunes de un avión procedente de ese país, el mismo que deportó a 100 colombianos exconvictos que saldaron sus deudas con la justicia de estadounidense. 

El abogado, más conocido como Porcino, es protagonista del escándalo que sacudió a la cúpula de la justicia en Colombia. Junto con el exgobernador Alejandro Lyons aparece en los audios grabados por la DEA que desataron el escándalo conocido como el cartel de la toga.

Pinilla por varias semanas estuvo en un centro de paso a la espera de su deportación. Al bajar del avión se le vio luciendo una barba cuidada. Oficiales gringos de la agencia ICE se encargaron del traslado, en el vuelo venían otros personajes que también purgaron pena en prisiones de Estados Unidos, entre estos el exgeneral de la Policía Mauricio Santoyo y el narco Juan Carlos Ramírez, alias Manicomio. Hasta hace unas horas, Porcino no tenía orden de captura vigente. No obstante, las autoridades le activaron una por el delito de concusión. 

La Fiscalía, a través de un comunicado este lunes anunció que Pinilla Gómez "deberá responder por su presunta participación en la exigencia de 100 millones de pesos al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus para, supuestamente, interferir en los procesos penales que se seguían en su contra en la Fiscalía General".

El abogado fue capturado a su llegada a Bogotá. En las próximas horas Pinilla será presentado ante un juez de garantías para la legalización de captura y solicitud de medida de aseguramiento, en el entendido de que, por estos hechos, el abogado ya había sido imputado por el delito de concusión y, en su momento, no aceptó los cargos. El abogado de Pinilla reaccionó: "La Fiscalía ha solicitado a un juez de garantías expedir una orden de captura en contra de Leonardo Pinilla, a última hora y sin citar a su abogado, por los mismos hechos por los que ya fue capturado, extraditado y condenado. Denuncio un abuso del poder, un proceder desleal y una flagrante violacion al debido proceso", aseguró Albeiro Yepes, defensor de Pinilla en Colombia. 

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Leonardo Pinilla negoció un principio de oportunidad para delatar a 13 sospechosos del cartel de la hemofilia. El abogado recibió el visto bueno de un juez para convertirse en ventilador del robo a los recursos de la salud en Córdoba. Con ese acuerdo, Porcino recibirá beneficios en el juicio que afronta por los delitos de concierto para delinquir y cohecho, por el robo a los recursos de la hemofilia, que fue tasado en más de 50.000 millones de pesos.

En lo que concierne al cartel de la toga, su pricipal escándalo, Pinilla tiene un proceso pendiente por el delito de concusión. Está relacionado con los contactos que el abogado adelantó con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons para negociar la entrega de información privilegiada de la Fiscalía en los procesos penales que se adelantaban contra el exfuncionario. Por este caso quedará privado de la libertad, según informó Migración Colombia.


En compañía de Gustavo Moreno, Pinilla le recibió una coima de 10.000 dólares en Estados Unidos a Lyons, con el propósito de darle acceso a dicha información clave. Este caso en Colombia llevó a que la Fiscalía le imputara cargos pero no tiene medida de aseguramiento pendiente.

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La justicia estadounidense le conmutó a Pinilla el tiempo que llevaba privado de la libertad en Colombia, mientras aguardaba la extradición, lo que le permitió en tan solo unos meses recuperar su libertad en Estados Unidos. Por otro lado, Gustavo Moreno, ex fiscal anticorrupción, fue sentenciado a una pena de 48 meses lo que anticipa que le faltan por lo menos otros dos años para recuperar su libertad.