POT: Bogotá, en el limbo

En total incertidumbre jurídica quedó Bogotá luego de la decisión del Juzgado Quinto Municipal de ordenar la suspensión provisional del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que la alcaldesa Claudia López expidió en diciembre pasado.

El juez Samuel Palacios argumentó que, aunque la ley establece un plazo de 90 días para que los concejos se pronuncien positiva o negativamente frente a un POT, este plazo debe entenderse suspendido hasta tanto sean resueltos los impedimentos y recusaciones. En el caso en particular, se presentaron 92 impedimentos y 66 recusaciones y el debate estuvo suspendido durante 48 días.

El antecedente no es del todo nuevo para la ciudad. En 2013, el Concejo negó el POT de Gustavo Petro, y a pesar de ello, el hoy candidato presidencial lo expidió por decreto, pero meses después el Consejo de Estado declaró su nulidad. En 2019, el Concejo voto en contra del POT de Enrique Peñalosa. No obstante, hoy la incertidumbre jurídica es aún mayor, toda vez que la Alcaldía apeló la decisión ante al Tribunal Superior de Cundinamarca, lo que abre un amplio abanico de posibilidades.

“Estamos en una inseguridad jurídica muy grande. Con la suspensión provisional del POT de López, queda en vigencia el decreto 190 de 2004, es decir, el POT anterior, y se pueden expedir licencias bajo ese POT hasta que se decida en segunda instancia, pero eso puede ocurrir en pocas semanas o en años. Si el tribunal decide finalmente la nulidad total, seguirá vigente el decreto 190, y la tarea de un nuevo POT le quedaría al próximo alcalde”, aseguró el abogado Juan Manuel González, especialista en derecho urbanístico.

Ahora, añade el experto, “si el tribunal revoca la decisión del juez, vuelve y muere el decreto 190 y revive el decreto 555 del POT de López, pero la Alcaldía no ha avanzado en la reglamentación de este POT, por lo que volvemos a esa incertidumbre que no ha permitido expedir una sola licencia de construcción en estos seis meses”.

Asimismo, González advierte que si en dado caso el tribunal revoca la suspensión temporal, esta decisión no le prohíbe al juez seguir estudiando la acción de nulidad que presentó Miguel Uribe ni las otras demandas que se hayan radicado, por lo que, en el futuro, el POT puede volver a ser suspendido. “La incertidumbre jurídica es dramática”, subrayó.

Además de este limbo jurídico en el que quedó la ciudad, hay varias medidas que la Alcaldía ya había establecido como reglamentación del POT y que ahora quedan suspendidas, como las nuevas reglas para las bodegas de reciclaje y la adecuación de las estaciones de clasificación y aprovechamiento (ECA); además de las condiciones mínimas para la construcción de vivienda VIS, entre otras.

“Esto envía un mensaje que confunde y afecta la estabilidad de negocios inmobiliarios. Ya teníamos un POT aprobado, sabíamos cuál era el área mínima para la construcción de vivienda VIS y cuáles eran las cargas urbanísticas que debía pagar el constructor, pero no se había definido cómo compensar esas cargas. Eso faltaba reglamentarlo. Con la suspensión del POT, la ciudad sigue funcionando con el decreto 190, y hay a quienes el POT anterior les representa más ventajas, pero pierde la administración en equipamientos de salud y seguridad”, afirmó Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos.

En lo que la ciudad sí puede tener certeza es en la primera y segunda línea del metro, en la ampliación de la calle 13, los cables aéreos y las nuevas troncales de TransMilenio. “Por la ley de infraestructura, todos los proyectos que surjan en cofinanciación con la nación y tengan afectación nacional, pueden ser incluidos en los territorios”, explicó González.

Mientras tanto, Miguel Uribe insiste en lo inconveniente del POT de Claudia López. “Al suspenderse el POT, se revive la ALO Norte, se garantiza que no haya una urbanización desproporcionada en la sabana ocupando a lo equivalente a más de 20 reservas Van der Hammen y evita que se excluya de la ciudad a las personas de menores ingresos, porque al no haber licencias de construcción, el precio de la vivienda sube, afectando a los más vulnerables y expulsándolos a los municipios aledaños”, dijo.

En todo caso, la última palabra sobre el futuro del POT la tendrá la rama judicial.