Premio a las organizaciones que trabajan por los sobrevivientes de minas en Colombia

Hace cuatro años el mundo se planteó acabar con la amenaza de las minas antipersonal para 2025. Los 163 estados que hacen parte de la Convención de Ottawa -el tratado que prohíbe su uso y busca erradicarlas- se fijaron dicha meta. Y en Colombia, uno de los países más afectados por estos explosivos, se han dado acciones en todos los frentes: desminado humanitario, educación en el riesgo de minas y atención a las víctimas. Incluso, desde los territorios y promovidas por los mismos sobrevivientes.

De ahí que desde el año pasado, la Campaña Colombiana Contra Minas, con el apoyo de los gobiernos de Bélgica y Canadá, haya decidido exaltar la labor de estas organizaciones a través del Premio CaMINA: un reconocimiento para el trabajo de aquellos que buscan el empoderamiento, la promoción y la protección de los derechos de las víctimas de minas antipersonal en Colombia.

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Este miércoles, en la residencia del embajador canadiense Marcel Lebleu, se llevó a cabo la segunda entrega del premio, que esta vez contó con el apoyo de la Corporación Reconciliación Colombia. En total hubo tres reconocimientos:

El máximo honor se lo llevó Asovivir, una organización de Norte de Santander que opera en 12 de los 39 municipios del departamento y que lleva 11 años no solo acompañando a las víctimas para que restablezcan sus derechos y se integren económicamente a la sociedad, sino promoviendo la educación en el riesgo de minas en zona rural del Catatumbo. Ahora esta asociación contará con un apoyo de 10 millones de pesos y el asesoramiento legal, empresarial y financiero necesario para fortalecer sus proyectos.

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El segundo lugar fue para la Fundación VICMA, que le ayuda a los sobrevivientes de minas a integrarse al mercado laboral (recibió una mentoría de Bancompartir para capacitarse financieramente).

El tercer puesto lo ocupó la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, del departamento del Tolima, como un reconocimiento simbólico a la labor de empoderamiento y educación en el riesgo de minas.

Las víctimas han aumentado

Sin embargo, durante la velada, uno de los temas que más relevancia tomó fue la preocupación de los gobiernos de Bélgica y Canadá, así como de la Campaña Colombiana contra Minas, por el aumento que este año ha habido en las víctimas de minas antipersonal en Colombia.

Según Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana contra Minas, “durante 2018, los números se han incrementado en casi un 300 por ciento, (50 en 2017 frente a 180 a la fecha), además, el incremento está afectando mayormente a civiles en contraste con los años anteriores donde los números mayores afectaban a miembros de las fuerzas armadas”.

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El gobierno canadiense, que desde 2003 viene apoyando a Colombia en el tema a través de varios frentes y que aportó 12,5 millones de dólares canadienses a la ong de desminado humanitario The Halo Trust para intervenir 10 municipios, comparte esa preocupación.

Marcel Lebleu, su embajador, considera que si bien el proceso de paz con las Farc trajo avances significativos como el acuerdo sobre desminado humanitario, limpieza y descontaminación del territorio nacional, los desafíos persisten: “hay grupos armados ilegales que aún emplean minas en zonas distintas en donde se adelantan labores de desminado y este año se han registrado 113 víctimas, una cifra que no se veía desde antes de 2016”.

Actualmente en Colombia hay 11.629 víctimas, de las cuales 4.560 son civiles.

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De otro lado, Jana Zikmundova, la embajadora de Bélgica, se unió al llamado de las organizaciones que asisten a las víctimas para enfatizar en una serie de necesidades que continúan sin resolverse: “Hay que agilizar los procesos administrativos que certifican la ocurrencia del accidente, así como el reporte del mismo a las autoridades nacionales. También brindarles la orientación adecuada, aclararles que no se requiere de un abogado para certificar que el accidente ocurrió. Y, sobretodo, ampliar la cobertura de la atención”, dijo.

En Colombia el 98 por ciento de los eventos relacionados con minas antipersonal y municiones sin explosionar ocurren en áreas rurales, lo que complejiza el acceso de las víctimas a la atención que el Estado les debe brindar. De ahí que iniciativas como el Premio CaMINA cobren tanto valor, pues no solo las empodera, sino que visibiliza su realidad ante gobiernos comprometidos con la acción integral contra minas en el país, como Bélgica y Canadá.