Preocupación de la Corte Constitucional por los recortes económicos que afectarían la atención de la crisis humanitaria en La Guajira

Hay preocupación en la Corte Constitucional por las decisiones que podrían afectar la atención de la crisis humanitaria en La Guajira y, de paso, terminarían en un incumplimiento a la Sentencia T-302, que declaró el estado de cosas inconstitucional en el departamento.

Durante el Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional que se realizó en Manizales, Caldas, el magistrado José Fernando Reyes, presidente del alto tribunal, explicó que el seguimiento a esa sentencia se ha convertido en una prioridad para la Corte, pero de paso contó cuáles son las preocupaciones que tienen para que se cumpla con los guajiros.

El magistrado Reyes explicó: “Hicimos una audiencia hace tres meses, estamos dando un tiempo prudencial (…) hay que hacer espacios de por lo menos seis meses para hacer evaluaciones, audiencias y sesiones técnicas para mirar los avances. La última vez nos mostraron avances en alimentación y agua. Seguramente tendremos próximamente algunos sobre educación y salud”.

Para el presidente de la Corte Constitucional, “los recursos económicos siempre deficitarios generan a veces desatenciones. Lo que hace la Corte es mirar si la política pública se sintoniza y se ajusta con las órdenes que la sentencia da. Las sentencias se expiden no con un ánimo académico, sino con la necesidad de transformar vidas y realidades”.

Y es que las preocupaciones del cumplimiento de la sentencia se dan en medio de los llamados de atención que ha hecho el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, sobre el recorte presupuestal del 23 % que tuvo el departamento y el eventual cierre del Cerrejón, una de las minas más importantes del país.

Desde el 8 de mayo de 2017, la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) en La Guajira por la vulneración de los derechos constitucionales de la comunidad wayuu, que causó muertes a menores por desnutrición y otras situaciones.

El gobierno de Gustavo Petro intentó atender la crisis a través de un decreto de emergencia económica y social en el departamento, pero la Corte Constitucional le tumbó la decisión al considerar que no se ajustaba a la Constitución. Sin embargo, le dio un plazo de un año al Gobierno para que ejecuten las medidas que adoptó.

La Procuraduría ha alertado falta de ejecución en la estrategia de atención a La Guajira. El ente de control “anunció que convocó de manera urgente a una mesa de trabajo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a las carteras de Defensa y Vivienda, así como otras entidades del orden nacional, para verificar el estado actual del plan de atención al departamento de La Guajira”.