Preocupación y alerta en Cali por seguimientos y un atentado a un dirigente sindical

“Faltaban unos minutos para las 8:00 de la mañana cuando salí de mi casa y vi a dos individuos que se acercaron a la fachada, luego encañonaron a mi escolta que estaba afuera y le pegaron varias veces en la cabeza con la cacha de la pistola. Él me gritó !don Ricardo!; de inmediato me encerré en la casa. Mientras tanto mi escolta forcejeó con ellos, logró zafarse y les disparó. En la huida uno de ellos dejó tirada su pistola y una cuadra más adelante se subieron a un Mazda 323, color gris”.

Así narró a esta revista los minutos de pánico que vivió en la mañana de este lunes 28 de enero, Ricardo Muñoz, presidente del Sindicato de las Empresas Municipales de Cali, Sintraemcali. Por fortuna para él, esta vez los criminales no lograron su cometido y por ahora se habla de un lesionado, es decir el escolta que se enfrentó a los delincuentes, “Él tiene varias heridas en la cabeza debido a los cachazos; en un comienzo pensé que eran heridas de bala”, dijo el dirigente sindical.

Posteriormente, versiones policiales confirmaron que el arma abandonada por uno de los atacantes, resultó ser una pistola de fogueo; es decir aquellas que usan balines y no proyectiles. A partir de ese hecho las autoridades estudian la hipótesis que el incidente con el dirigente sindical pudo tratarse de un atraco y no un atentado; no obstante todo será materia de investigación.  

Otro hecho inédito alrededor de este atentado ocurrido en el barrio Atanasio Girardot de Cali, es que justamente a comienzos de enero la Unidad Nacional de Protección, UNP, le notificó a Muñoz que le quitarían el carro blindado, “desde entonces cuento con un vehículo blindado pero compartido con otro dirigente sindical y justo hoy era el turno para que él usara el carro”, explicó.

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También recordó que a finales del año pasado varias figuras públicas de la región, como el exalcalde Jorge Iván Ospina, el senador Alexánder López y los dirigentes de Sintraemcali “fuimos amenazados a través de panfletos de las Águilas Negras. Y hace tres años fui amenazado de muerte por medio de una llamada telefónica y en otra ocasión descubrimos que sujetos extraños tomaban fotos de la fachada de mi casa”.

El dirigente sindical no dudó en lamentar los hechos “y que ocurrieran precisamente hoy cuando tenemos programado un plantón para exigir la renuncia del gerente de telecomunicaciones de Emcali y oponernos a la escisión, venta o alquiler de ese componente de la entidad”, aclaró.

Como se recordará, desde hace varios años los alcaldes de Cali y la propia Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SPD, insisten en la necesidad de buscar un socio privado que permita oxigenar con nuevos recursos el departamento de telecomunicaciones de Emcali. No obstante, los sindicalistas alegan que ese componente es posible salvarlo con un ambicioso plan de gestión que ellos mismos han propuesto a las directivas de la empresa.

Lo cierto es que ese tire y afloje entre directivas y sindicalistas de Emcali no es nuevo y menos después de que la empresa fuera intervenida durante 13 años (2000-2013) por la SPD, como plan de salvamento para sacarla de la quiebra tras los continuos saqueos por parte de la clase política.

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Y la importancia o el interés que existe alrededor de Emcali no es gratuito, ya que esa empresa es considerada la joya de la Corona de los caleños, con un flujo de caja mayor que el de la Alcaldía, porque su presupuesto es de 3,2 billones de pesos y cuenta con una nómina de 3.305 colaboradores entre trabajadores, contratistas y empleados públicos.

Escándalo judicial

Para empeorar el ambiente, este atentado sucede justamente dos semanas después de que un juez especializado de Cali dictara fallo condenatorio de 48 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir simple agravado, contra tres militares retirados.

Según el fallo, ellos son responsables de hacer seguimientos y acceder a información sensible “(...) para debilitar la actividad sindical de Sintraemcali, empeñada, en ese momento, de impedir que el Gobierno Nacional privatizara las Empresa Públicas Municipales de Cali”.

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En la sentencia se lee que los inculpados, a través de una “plataforma legal” habrían hecho seguimientos y accedido a información “secreta y reservada, relacionada con el sistema de protección y seguridad que el Estado le brindaba a miembros del sindicato y sus asesores”.

Por esa razón para el hoy senador Alexánder López Maya, esos seguimientos tenían la intención de atentar contra su vida y la de otros dirigentes de Emcali, la CUT y la asociación defensora de derechos humanos, Nomades.

“(...) Estaban construyendo un plan para asesinarme a mí, a la doctora Berenice Celeyta, presidente de Nomades, organización de Derechos Humanos; a la junta directiva del sindicato de Sintraemcali y a otros líderes políticos”, denunció López Maya en sus redes sociales.

El senador insiste en argumentar que la condena es muy importante, porque según él, “en todo el expediente se logra demostrar con pruebas contundentes, cómo desde el Estado colombiano se ordena la ejecución de líderes sociales, sindicales, defensores de derechos humanos y en mi caso, líderes políticos opositores”.

López Maya aseguró que ese plan fue contratado desde 2004 por la Superintendencia de Servicios Públicos y se le denominó operación Dragón, “quien estaba a la cabeza era la señora Eva María Uribe, hoy funcionaria del gobierno del presidente Duque”.

En efecto, ese proceso judicial arrancó en 2004 cuando el congresista López Maya, que en esa fecha era Representante a la Cámara por el Valle del Cauca y asesor de Sintraemcali, denunció ante la Fiscalía la existencia de un plan criminal para atentar contra él y otros líderes sindicales.

La investigación avanzó lentamente pero finalmente en 2011, es decir siete años después, la Fiscalía decidió solicitar medida de aseguramiento intramural contra los militares retirados Marco Fidel Jaimes, Julián Villate Leal y Hugo Alfonso Del Milagro Micán. En 2013 les imputó los cargos de Concierto para Delinquir Agravado.

Si bien el reciente fallo es condenatorio, debido al monto de la pena y la posibilidad de pagar una multa, lo más probable es que los implicados no perderán la libertad que ya habían recuperado.

Frente a los señalamientos en su contra, la ex Superservicios Eva María Uribe, hoy directora del Igac dentro del gobierno Duque, fue enfática en aclarar que ella no tuvo nada que ver con la contratación de la empresa de seguridad envuelta en el proceso judicial, "eso estaba a cargo del agente interventor de Emcali y todo lo demás son inventos del senador López", dijo tras precisar que lo único que hizo fue recomendar el nombre de una persona experta en temas de seguridad porque para esa época las torres del sistema de interconexión eléctrica eran objeto de atentados por parte de la guerrilla, "y en el caso concreto de Emcali, el sindicato se había tomado por la fuerza las instlaciones de la empresa".

No obstante y pese a esas explicaciones, desde varios sectores promueven en redes sociales la renuncia de la señora Uribe Tobón.