Preocupante panorama para líderes sociales: 706 municipios representan riesgo latente para su seguridad, advierte Defensoría

En un riesgo inminente se ha convertido en Colombia la labor de los defensores de derechos humanos y los líderes sociales. De acuerdo con cifras recopiladas por la Defensoría del Pueblo, entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022 se registraron 593 homicidios, lo que equivale a un promedio de 15 víctimas por mes.

Durante la presentación de la Alerta Temprana Nacional de Riesgo tras el peligro que corren, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó una preocupación extrema por el persistente riesgo y el crecimiento paulatino de asesinatos a estas personas.

“El mapa nacional de riesgos analizados por nuestro Sistema de Alertas Tempranas advierte que los riesgos están identificados en 706 municipios y 16 áreas no municipalizadas de 32 departamentos, es decir, en las dos terceras partes del territorio nacional. El riesgo es extremo en 120 municipios; alto en 258; medio en 203 municipios, y bajo en otros 125″, alertó el defensor Camargo.

El funcionario público hizo hincapié en la importancia de proteger la vida e integridad de los defensores y líderes, especialmente aquellos que pertenecen a los sectores comunal, indígena, comunitario, campesino o agrario y afrodescendiente, los cuales representan el 79 % del total de homicidios registrados.

El informe de la Defensoría del Pueblo se basa en un exhaustivo proceso de monitoreo, análisis, valoración y advertencia del riesgo a la labor de las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, así como sus organizaciones y colectivos, en el período comprendido entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022.

“Reiteramos nuestro llamado para proteger la vida e integridad de todas estas personas. Sobre todo por la violencia sostenida en contra de quienes hacen parte de estos sectores comunal”, añadió.

De las 593 víctimas registradas, 519 eran hombres y 74 mujeres. Los homicidios ocurrieron de la siguiente manera: 51 en el período de septiembre a diciembre de 2019, 182 en 2020, 145 en 2021 y 215 en 2022. Los crímenes se concentraron en 46 municipios de 14 departamentos, incluyendo Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Huila, Magdalena, Arauca, Caquetá, Chocó, Bolívar, Córdoba y Guaviare, además de la capital, Bogotá.

Además de los homicidios, se registraron un total de 2.974 conductas vulneratorias, de las cuales 2.851 fueron dirigidas a personas y 123 contra organizaciones y colectivos sociales y de derechos humanos. En cuanto a las afectaciones a las personas, 2.028 fueron contra hombres y 823 contra mujeres.

Otro aspecto preocupante es el número significativo de conductas vulneratorias dirigidas a servidores públicos encargados de la defensa de los derechos humanos, como funcionarios de la Defensoría del Pueblo y personeros, así como activistas en derechos humanos, defensores de los derechos de las mujeres, sindicales, líderes ambientales y gestores de paz.

La Alerta Temprana también señala el impacto del conflicto armado y otras formas de violencia relacionadas, así como la pandemia de covid-19, que ha dificultado la comunicación con la comunidad, la movilidad y ha afectado la economía de los líderes y lideresas sociales. También se han observado brechas digitales y afectaciones psicosociales, de salud mental y autocuidado.

El defensor del Pueblo resaltó el riesgo representado por la presencia, acción y control de los grupos armados ilegales y el crimen organizado contra las personas defensoras y líderes. La Alerta Temprana revela un endurecimiento de su accionar y su interferencia en los liderazgos sociales, especialmente a través del control social y la gobernanza criminal.

Si bien existen múltiples espacios, planes y programas para la prevención y protección de los liderazgos sociales, para la entidad la dificultad de la articulación institucional a nivel nacional y regional, sumada a las acciones de los grupos armados ilegales y el crimen organizado, aumenta los riesgos para las personas defensoras y líderes sociales.

“Se debe trabajar más arduamente para la protección de estas personas y por eso entregamos 70 recomendaciones que contienen parámetros de focalización territorial y tiempos de respuesta y responsables principales con las que pretendemos impactar en la acción estatal, de cara a la mitigación o disuasión del riesgo Defensoría del Pueblo”, aseguró el defensor Camargo.

De igual forma, durante la presentación, el enviado especial de la Unión para la paz en Colombia, Eamon Gilmore, destacó que, de todos los modelos que ha conocido a lo largo del mundo, el informe presentado por el Defensor del Pueblo de Colombia “es el ejercicio más integral, más completo y profundo que ha conocido sobre la situación de los defensores de derechos humanos”.