Preocupante situación de desnutrición infantil en Córdoba: Defensoría del Pueblo reporta cerca de 400 casos

En el departamento de Córdoba, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, se han registrado un total de 394 casos de desnutrición aguda que afectan a niños menores de cinco años. Según la entidad, el 33,2 % de estos casos, equivalente a una tercera parte del total, se han concentrado en la ciudad de Montería. Estos datos, presentados en el boletín sobre “conductas vulneratorias de derechos del periodo enero-julio del 2023″ por el Observatorio de Derechos Humanos de la entidad, han sido motivo de gran preocupación.

Carlos Camargo Assis, el defensor del Pueblo, señaló que otro factor inquietante es la marcada tendencia del 95 % de estos casos en el estrato socioeconómico 1. Esto pone en evidencia, de acuerdo con Camargo, las “violencias estructurales” y la “situación de orden público actual” que están teniendo un impacto directo en los derechos fundamentales de las comunidades más vulnerables.

“Son 394 casos notificados de desnutrición aguda, moderada y severa en menores de cinco años. Es preocupante, además, la tendencia del 95 % de los casos en el estrato socioeconómico 1, lo cual refleja las violencias estructurales y la situación de orden público actual, que impactan directamente en los derechos a la vida, salud y alimentación de las comunidades más vulnerables”, indicó el defensor del Pueblo durante la presentación del boletín.

Los pueblos indígenas Zenú y Embera Katío, que habitan principalmente en las zonas cercanas a los ríos Sinú, Esmeralda y Río Verde, también se han visto afectados por la desnutrición infantil. Según la Defensoría, se han reportado 49 casos en estas comunidades. Lamentablemente, los datos preliminares del Instituto Nacional de Salud indican que cuatro niños menores de cinco años han fallecido debido a la enfermedad y causas relacionadas.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento ha sido evaluado por el Observatorio, y se ha descubierto que, durante el periodo en cuestión, fue suspendido en varios municipios hasta mediados de junio, impactando directamente a 156,690 estudiantes.

Por otra parte, la situación de violación de derechos humanos también ha sido un tema de preocupación. La Dirección Nacional de Atención, Trámites y Quejas de la Defensoría ha registrado un total de 829 quejas entre enero y julio, todas relacionadas con posibles vulneraciones de los derechos humanos en el departamento. La ciudad de Montería lidera en la presentación de estas quejas, con 369 en total.

Carlos Camargo destacó que las quejas se centran principalmente en el derecho a la salud, representando un 50,1 % del total. Le siguen en importancia el derecho a la vida (15,9 %), el acceso a servicios públicos eficientes y oportunos (4,5 %), y la presunta vulneración de los derechos de la niñez (3,3 %).

El informe también abordó el conflicto armado y las emergentes dinámicas de violencia en la región. Se resaltó el fortalecimiento de actividades económicas ilícitas, incluyendo el narcotráfico y el lavado de activos, así como los conflictos relacionados con la minería y la protección de los derechos colectivos y medioambientales. En esta dinámica, se ha registrado el asesinato de seis líderes sociales y defensores de los derechos humanos durante los primeros seis meses del año en Córdoba, indicó la entidad.

Para la Defensoría, el conflicto armado ha llevado a situaciones de movilidad humana forzada en las zonas rurales del departamento. En un evento de desplazamiento masivo forzado en el municipio de Tierralta, 64 familias (155 personas) se vieron afectadas entre enero y julio de este año. Además, se han registrado eventos de riesgo de desplazamiento o confinamiento en Puerto Libertador y Tierralta.

El defensor del Pueblo instó a las instituciones y autoridades pertinentes a tomar medidas urgentes para proteger los derechos de las comunidades afectadas. También hizo un llamado a atender las recomendaciones emitidas a través de las Alertas Tempranas desde enero hasta la fecha, con el fin de mitigar estas problemáticas y garantizar el bienestar de las poblaciones vulnerables.

“Insistimos a la institucionalidad y a las autoridades: es determinante implementar las medidas necesarias para que no sigan siendo vulnerados los derechos de las comunidades. Así mismo, es imperativo atender las recomendaciones que hemos entregado a través de nuestras Alertas Tempranas emitidas desde enero”, puntualizó el defensor Camargo.