La Presidencia de la Corte Suprema se convirtió en el botín de oro

El concurso para elegir al próximo registrador nacional ni siquiera ha comenzado, pero la puja está que arde en los pasillos del Palacio de Justicia. Los presidentes de las altas cortes tienen el poder de nombrar al sucesor de Juan Carlos Galindo. Se trata de Lucy Jeannette Bermúdez, del Consejo de Estado, Gloria Ortiz, de la Corte Constitucional y quien salga electo en la Corte Suprema de Justicia. Pese a que las reglas buscan imprimirle meritocracia a esta elección, en este último tribunal no han podido elegir un presidente al cual entregarle semejante botín.

La Registraduría es una de las entidades políticamente más jugosas: en un año electoral llega a manejar un presupuesto de hasta 1,9 billones de pesos y una nómina que ronda los 3.400 empleados. Pero ese abultado trofeo no es lo único en juego. También la vicepresidencia de la Corte, y la injerencia en la elección del auditor general, además de cinco cupos para magistrados: dos de la Sala Penal, dos de la Sala Laboral y uno en la nueva Sala Especial de Instrucción.

Foto: Álvaro García, candidato a la presidencia de la Corte, será el ponente de la tutela con la que Andrés Felipe Arias reclama doble instancia.

En este alto tribunal se ha vuelto toda una rareza conciliar en santa paz los nombramientos estratégicos. Aunque los togados que integran las tres salas (Penal, Laboral y Civil) llegan a acuerdos, a la hora de votar las cosas se complican. La Sala Civil tiene el turno este año para la presidencia, y aunque existía un compromiso explícito para que la asumiera el magistrado Álvaro García (que ocupaba la vicepresidencia), van tres sesiones de boicot sin que alcance el mínimo requerido de 16 votos. En cambio, sí han salido al sol trapitos sucios e intereses impuros.

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Al comienzo los civilistas –siete magistrados– anunciaron su apoyo unánime a García. Según los acuerdos, con esa base era apenas un trámite conseguir otros 9 votos entre las dos salas restantes con ocho magistrados en la Penal y cinco en la Laboral. Pero las votaciones no han reflejado el respaldo a García y en algunas rondas ni siquiera han aparecido los votos de su sala, mucho menos los de otros aliados. Un grupo de votos en blanco bloquea su llegada a la presidencia. Esta situación se agrava si se tiene en cuenta que el quórum de la Sala Plena, integrada por 23 magistrados, está menguado por la salida de cuatro que concluyen su periodo (incluyendo a José Luis Barceló que termina en un par de semanas), además de la caída de Gustavo Malo por el escándalo del cartel de la toga. Así las cosas, pronto podrán votar solo 18 togados.

Foto: Los magistrados de la Sala Laboral Gerardo Botero (Izq.) y Rigoberto  Echeverri (Der.) firmaron una carta en la que aseguran que la Corte Surpema está acéfala. Dicen que Acuña (Centro) no puede representarlos. 

Para no dejar acéfala la Corte, desde la primera garrotera –hace mes y medio– encargaron de la presidencia al magistrado Francisco Acuña Vizcaya por ser el primero en orden alfabético. Su designación desató otra tormenta tras la que los laboralistas Gerardo Botero y Rigoberto Echeverri abandonaron la sala. Por medio de una carta dejaron sentado que desconocen a Acuña como presidente encargado y cualquier representación que pueda hacer de la Corte ante la sociedad y ante estamentos nacionales e internacionales. Aclaran que el reglamento establece esta fórmula para otorgarle al primero de la lista la función de “presidir” las sesiones cuando falte el presidente o el vicepresidente, pero no para representar a la Corte.

En medio de la confrontación, algunos le pidieron a Acuña hacerse a un lado, a lo cual se negó. En la historia reciente de la Corte ha habido prolongados encargos, como el de Jaime Arrubla, que duró once meses, y ahora este alto tribunal parece vivir más de lo mismo. Solo que la pelea actual tiene un tinte electoral que aterra a muchos sectores.

¿Fuego amigo?

Las fórmulas intentadas para salir del pantano se han hundido por la falta de apoyo de la mayoría. En las peleas han mencionado ideas que van desde declararse en sesión permanente hasta renunciar al poder de elegir registrador. Ambas imposibles porque se trata de los deberes constitucionales de la Corte Suprema.

Es habitual que en los choques dentro de la Corte Suprema aparezca la Sala Civil con un papel protagónico. En lo más parecido a una declaratoria de guerra, el año pasado le tumbaron una sentencia en la Sala Penal al considerar que habían perdido competencia para juzgar a los aforados en única instancia. El caso en cuestión era el del exrepresentante Martín Morales Morales Diz y la sentencia a 25 años de cárcel quedó luego en firme por vía de tutela en la Sala Laboral.

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Ahora hace carrera por el mismo tema una tutela interpuesta por Andrés Felipe Arias, cuya ponencia quedó en manos del magistrado Álvaro García. Aunque es seguro que la Corte Constitucional tendrá última palabra en estos recursos, el del exministro será el siguiente gran debate de los magistrados de la Sala Civil.

Foto: Margarita Cabello Blanco fue ternada por el presidente Iván Duque para ser fiscal ad hoc. Ella renunció a esta designación. 

Las heridas que dejó esa pelea sobre la doble instancia hicieron que la discusión por la presidencia arrancara con el pie izquierdo en 2019. No obstante, el episodio más crítico detonó en la misma Sala Civil por cuenta de una afirmación atribuida a la magistrada Margarita Cabello Blanco. Ella habría dicho que García sería el presidente, pero que primero tenían que hablar de la Registraduría. Así se lo confirmaron a SEMANA al menos dos de sus colegas, quienes además aseguran que reclamos de este tenor se ventilaron en la Sala Plena. Cabello Blanco no estaría sola en la Sala Civil y contaría con el respaldo de Aroldo Quiroz.

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Los afectados por esta afirmación aseguran que no es cierta y que el ataque busca desviar la atención del tema de fondo, la tensión alrededor de mantener las mayorías en la Corte. Por ello, dicen, ni siquiera los magistrados de la Sala Laboral, a quienes les corresponde el próximo vicepresidente, han anunciado su candidato a este cargo, que entrará a jugar en forma protagónica en las elecciones de 2020.

En lo que respecta a la Registraduría, aún sin abrir la convocatoria ya suenan los nombres de dos exmagistrados del Consejo Nacional Electoral. El primero es el director de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo Assis, afín al Centro Democrático y artífice del archivo de la investigación de la campaña de Óscar Iván Zuluaga por los dineros de Odebrecht. También suena el abogado Alexander Vega, del Partido de La U.

SEMANA intentó comunicarse con Camargo, pero no lo logró. Por lo pronto, sus frecuentes visitantes al Palacio de Justicia –ocho ingresos este año– indican al menos que mantiene contactos allí. Vega, por su parte, niega aspirar a registrador o haber adelantado contactos para dicho fin.

En lo que respecta a la pugna por la vicepresidencia de la Corte, tres magistrados manifestaron abiertamente su aspiración: Gerardo Botero, Clara Dueñas y Jorge Luis Quiroz. El primero escribió la carta en la que desconocen a Acuña como presidente encargado y es uno de los más activos en esta confrontación. Ya le dijo a sus colegas que está dispuesto a retirar su nombre para demostrar que el problema no es él. Así las cosas, quedan en la puja Clara Dueñas (una de las magistradas más antiguas de la Sala Laboral) y Jorge Luis Quiroz.

Quienes están en este ring tienen dos posturas: de un lado, que el vicepresidente debe salir de una fórmula preestablecida, al mismo tiempo que el presidente. Otros, que no puede haber segundo sin primero por lo que el nombre del candidato se revelará solo después de que elijan al presidente.

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Al ingrediente de la acomodación de poderes internos se suma que aún la Sala Penal y la Sala Laboral no han destapado sus cartas para llenar las vacantes pendientes. Son cuatro en total y, como es costumbre, cada Sala debe preelegir un candidato para someterlo a votación. La costumbre no es una garantía de que saldrán elegidos, pero en teoría debería facilitar el proceso. No han puesto los nombres sobre la mesa, pero están casi cantados, lo cual también produce malestar.

Los superpoderes electorales que tiene la Rama Judicial aparecen en el trasfondo de la discusión que ha llevado al fracaso los intentos de reformar la justicia. En el futuro cercano no se ven cambios a la vista. Por el contrario, el debate electoral distrae a la Corte de su función más importante: impartir justicia. Y en medio del calor electoral se enfrían temas en los que la opinión pública espera prontas respuestas. Por ejemplo, un pronunciamiento de fondo de la Corte frente a los impedimentos que presentó el fiscal Néstor Humberto Martínez para el caso Odebrecht.