Judiciales

Presidencia deberá publicar toda la información de los contratos para la implementación del Acuerdo de Paz

Así se lo ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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27 de marzo de 2026 a las 3:41 p. m.
Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño.
Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño. Foto: León Darío Peláez

Casi diez años después de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón entre el Estado y la guerrilla de las Farc, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomó una trascendental decisión.

Con ponencia de la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, el Tribunal le ordenó a la Presidencia de la República publicar toda la información de los contratos para la implementación del Acuerdo.

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Esto al considerar la necesidad de conocer todo lo relacionado sobre la forma en que se ha venido realizando la implementación de los respectivos acuerdos y las acciones que se fijaron al momento de la firma.

La Presidencia, señala el fallo de 26 páginas, deberá de manera proactiva, amplia, sencilla y eficiente, publicar todos los documentos generados en las fases precontractual, contractual y poscontractual de los procesos de contratación relacionados con la negociación o implementación de los Acuerdos de Paz.

FIRMA ACUERDO DE PAZ
La firma del Acuerdo de Paz. Foto: León Darío Peláez

En la decisión judicial se indica que la ley es clara cuando define la paz como una política de Estado y ordena que la información sobre los contratos relacionados con su implementación sea pública.

Por esta razón, todas las autoridades que intervienen en ese proceso deben orientar sus actuaciones a cumplir el artículo 17 de la Ley 2272 de 2022.

De esta forma, indicó que este deber se mantiene cuando los contratos se gestionan a través de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz; por cuanto dicha oficina hace parte de la Presidencia de la República y, por tanto, si la contratación se surte en el marco de la negociación o implementación de los Acuerdos de Paz, le es aplicable el deber de publicación.

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El Tribunal aclaró que esta obligación no es absoluta, pues debe respetarse la reserva legal cuando se trate de información protegida, como datos sensibles o relacionados con víctimas.

Esta es la decisión completa