Presidencia y Planeación se ‘rajan’ en la ejecución del presupuesto 2023, según informe de la Contraloría; no llegan ni al 50%

A menos de dos meses para finalizar el año, el Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2023 alcanza a penas una ejecución del 71%, según el reporte mensual de la Contraloría General de la República, realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari).

El porcentaje de ejecución total es del 71,5 %, mientras que el porcentaje de ejecución sin el servicio a la deuda pública es del 67,1 %. En cuanto al gasto, se ha ejecutado el 54,4 % en inversión, el 71,2 % en funcionamiento y el 90,5 % en servicio a la deuda.

Por sectores, la Presidencia de la República y el sector de Planeación presentan los indicadores de ejecución más bajos. La Presidencia ha ejecutado solo el 13,3 % de su presupuesto total vigente, con un 21,2 % en gasto de funcionamiento y un 2,3 % en inversión.

En cuanto al sector de Planeación, se ha ejecutado el 30,9 % del presupuesto total vigente, con un 65 % en gasto de funcionamiento y un 17,1 % en gasto de inversión.

De acuerdo con el informe de la Diari, las entidades adscritas a la Presidencia de la República que presentan la menor ejecución del presupuesto total son la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) con un 7,5 % (7,4 % en funcionamiento y 0,7 % en inversión) y la Presidencia de la República-Gestión General con un 10% (29,7 % en funcionamiento y 1,3 % en inversión).

Por parte del sector Planeación, el Departamento Nacional de Planeación - Gestión General evidenció un indicador de 18,8 % del total vigente (58,8% en funcionamiento y 14,8 % en inversión).

En cuanto a la ejecución del gasto en inversión a nivel de obligaciones, sobresalen por su bajo nivel de ejecución las entidades del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Gestión General (6 %), Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General (14,6 %) y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (18,5 %).

Hallazgos fiscales en evaluación a los recursos ejecutados por la Uspec y el Inpec

Por otro lado, la Contraloría General informó que realizó una actuación especial de fiscalización y una auditoría de cumplimiento a los establecimientos penitenciarios de Barranquilla, donde se detectaron presuntos hallazgos fiscales por un valor total de $25.038 millones.

Inicialmente, en una actuación especial de fiscalización realizada a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), de seguimiento a la sentencia T 762 de 2016, en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario, EPMSC de Barranquilla (contrato 306 de 2019), se encontró un presunto hallazgo disciplinario y fiscal por valor de $23.783 millones, debido a la no entrega del “proyecto de infraestructura modular penitenciaria en el establecimiento de reclusión del orden Nacional: 1 EPMSC Barranquilla”. Además, se detectaron pendientes en temas de seguridad, logística y obras complementarias, que no fueron contempladas en la estructuración del proyecto.

En la auditoría de cumplimiento a la Uspec (convenio 216144), se encontraron dos hallazgos con presunta connotación disciplinaria y fiscal por valor de $1.254 millones, relacionados con la infraestructura física de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios El Bosque y La Modelo de Barranquilla.

El primer hallazgo corresponde a un presunto detrimento patrimonial por valor de $795.368.469 en El Bosque y $297.384.918 en La Modelo de Barranquilla, por los recursos pagados en las actividades de obra para la adecuación de la red eléctrica e instalación de luminarias. El segundo hallazgo se deriva de la revisión del contrato 221 de 2019, donde a pesar de haber finalizado la ejecución física de la estructura empleada por las Personas Privadas de la Libertad, actualmente no es posible realizar ocupación de este establecimiento carcelario.

Para el organismo de control, las “deficiencias de planeación entre la Uspec e Inpec restringen el ingreso de los privados de la libertad e impiden la descongestión carcelaria, con el consiguiente riesgo de seguridad para el establecimiento, generando un presunto detrimento patrimonial por valor de $161.980.531, que corresponde a los recursos pagados para la construcción de la estructura UTE”.