Presidente dice que convocará a extras si el Congreso no aprueba procedimiento de la JEP

La ley que define el procedimiento que debe aplicar la Jurisdicción Especial para la Paz se convirtió en el primer pulso entre el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el presidente electo, Iván Duque.

Duque ha asegurado que el trámite de la ley se debe aplazar hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la exequibilidad de la ley estatutaria que reglamentó la JEP.

Con base en ese argumento, el Senado aprobó este lunes en la noche una proposición del Centro Democrático para aplazar el estudio de la ley hasta después del pronunciamiento de la Corte.

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"Hasta tanto haya un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria, el Senado no va a estudiar la ley que establece el procedimiento de la JEP, esto por razón de que no se puede reglamentar una ley que no existe jurídicamente", dijo el senador Alfredo Rangel, del Centro Democrático, autor de la proposición.

Después de que la proposición fue aprobada parcialmente en Cámara y completamente en Senado se aplazó el trámite y se acordó crear una subcomisión que se reuniera con el presidente electo para evaluar los puntos más polémicos de la norma.

Sobre esta inciativa, el Gobierno había presentado ya mensaje de urgencia, teniendo en cuenta que la JEP es uno de los principales instrumentos que contiene el acuerdo de paz y la ley que define su procedimiento es esencial para que la entidad pueda empezar a tramitar los procesos que tiene a su cargo.

El Presidente Santos reiteró hoy su mensaje de urgencia y afirmó en su cuenta de Twitter que si la norma no es aprobada este miércoles convocará a sesiones extras para que su estudio finalice esta legislatura.

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La urgencia del Gobierno se debe no solo a la necesidad de que la JEP tenga un procedimiento para operar, sino a que si el tema se debate en el próximo gobierno es posible que la norma no se apruebe o tenga cambios muy significativos.

Sin embargo, su aprobación no será fácil, ya que la JEP ha sido el tema del acuerdo de paz que mayor controversia ha tenido en el Congreso y las elecciones han configurado unas nuevas mayorías, lo cual significa que si bajo el gobierno de la Unidad Nacional no fue posible la aprobación de las normas, ahora las posibilidades son menores.