Cámara podría enviar objeciones de la JEP a la Corte Constitucional

Un día después de que el presidente del Senado, Ernesto Macías (Centro Democrático), diera vía libre al trámite de las objeciones presidenciales, al anunciar que la próxima semana nombrará a la comisión de parlamentarios encargada de estudiarlas, el presidente de la Cámara Alejandro Carlos Chacón dejó entrever un nuevo escenario que podría evitar que el Congreso se pronunciara, de nuevo, frente a la ley estatutaria de la JEP.

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El presidente de la Cámara tomó nota de las recientes declaraciones del procurador general, Fernando Carrillo, quien luego de que el presidente de la república presentara objeciones a 6 de los 159 artículos de la ley estatutaria de la JEP, sugirió que antes de que el Congreso las tramite, la Corte Constitucional  debe darles su visto bueno.

“A situaciones excepcionales, salidas excepcionales pero institucionales”, dijo Carrillo. Su tesis es que la Corte Constitucional debería revisar la procedencia de las objeciones presidenciales antes de que el Congreso proceda con su trámite.

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El procurador se acoge a dos normas: el artículo 168 de la Constitución que señala que si el presidente de la República no sanciona una ley tramitada constitucionalmente deberá hacerlo el presidente del Congreso; y la Ley 5 de 1992 (reglamento del Congreso) que señala para indicar que si el presidente del Senado no sanciona, la mesa directiva del Congreso, antes de avocar el estudio de la ley estatutaria, puede remitir el expediente a la Corte Constitucional, en una solicitud de aclaración al fallo. "La Corte Constitucional no ha perdido facultades para hacer seguimiento al cumplimiento del fallo", subrayó Carrillo.

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Esta tesis empezó a hacer carrera en el Congreso, especialmente en la Cámara de Representantes. Juanita Goebertus (Alianza Verde) recuerda que la Corte Constitucional aún tiene abierta la sentencia C-080 (la de la ley estatutaria de la JEP) y como una de sus funciones (establecidas en la Constitución) es hacer seguimiento a sus fallos, podría ordenar que la ley se sancione por entender que las objeciones presidenciales corresponden a temas ya resueltos y a cosa juzgada desde lo constitucional.

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Ese escenario es desde la interpretación de que frente a una ley estatutaria lo único que procederían serían objeciones de inconveniencia y no objeciones de inconstitucionalidad. Y aunque el presidente Duque aseguró que eran de inconveniencia, para muchos corresponden a objeciones de inconstitucionalidad.

En consecuencia, la tesis planteada por el procurador Carrillo depende de que las mesas directivas del Congreso reenvíen las objeciones a la Corte Constitucional antes de tramitarlas. Se da por hecho que Ernesto Macías, presidente del Senado, no lo hará, pero Chacón, en su condición de presidente de la Cámara, contempla hacerlo, entre otras porque en el trámite de las objeciones a una ley cada cámara es autónoma e independiente.

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Otra de las razones que contempla Chacón para remitir las objeciones a la Corte Constitucional antes de tramitarlas es que el procurador Fernando Carrillo es quien disciplina a los congresistas, y ante el temor de posibles investigaciones contra los miembros del Congreso, acogería su tesis. En los pasillos del Capitolio empezó a correr la voz de que quien tramite las objeciones podría estar prevaricando.

“Nos corresponde, en protección del Congreso, y según los planteamientos que hace el procurador general, las objeciones del presidente, y el mismo fallo de la Corte Constitucional, revisar detalladamente qué trámite debe surtirse: si se hace el requerimiento a la corte o si se debe dar trámite a las objeciones”, explicó este martes el presidente a la Cámara.

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Además, la circunstancia que haría pensar que Chacón pedirá el visto bueno de la Corte Constitucional es su militancia en el Partido Liberal, cuyo jefe único, el expresidente César Gaviria, fue el primero en rechazar la objeciones a la JEP y anunciar que su partido no las admitiría.

Aunque los liberales son hoy los mayores opositores a las objeciones a la JEP, Chacón aclara que actuará en su dignidad de presidente de la Cámara y no de dirigente liberal, y su decisión la tomará “hasta que tenga plena claridad para proteger a los miembros de la Cámara”. 

Como el Congreso está ante un hecho inédito, estos nuevos escenarios han surgido en el campo de la interpretación de las normas. Pero sigue el dilema de qué pasará si la Cámara no le da trámite a las objeciones y el Senado sí.